“Pensalo bien, porque...": condenaron a un exintendente que pedía relaciones íntimas a cambio de planes sociales
La Justicia comprobó que el exmandatario de una comuna cordobesa extorsionaba a las empleadas municipales a cambio de beneficios sociales y empleo.
La localidad cordobesa de El Brete, a 154 kilómetros de la capital provincial, quedó sacudida por la condena judicial a José Eugenio Díaz, exintendente y exlegislador provincial, hallado culpable de múltiples hechos de abuso sexual y coacción contra empleadas municipales a las que exigía sexo a cambio de planes sociales y continuidad laboral.
El fallo, dictado 22 años después de las primeras denuncias, reabrió el debate sobre la impunidad, la protección de las víctimas y la respuesta del sistema judicial ante delitos de género cometidos desde el poder político.
Entre 2002 y 2004, José Eugenio Díaz utilizó su cargo de intendente y su influencia como legislador provincial para someter a seis mujeres que trabajaban en la Municipalidad de El Brete. Según los testimonios recogidos en el expediente judicial, Díaz condicionaba la entrega de planes sociales y la permanencia en el empleo a mantener relaciones sexuales con él. Las víctimas, en situación de vulnerabilidad social, enfrentaban la disyuntiva de acceder a sus exigencias o perder el sustento para ellas y sus familias.
“Era elegir entre hacer lo que él decía o perder el empleo y no poder alimentar a nuestros hijos”, relató una de las denunciantes.
Las amenazas eran explícitas: “Pensalo bien, porque tenés una hija, así como le devolví el plan a tu madre, te lo puedo quitar”; “no andes hablando lo que pasa acá, porque yo te puedo sacar”; “te puede pasar lo mismo que a las otras”; “puedo hacer algo para que no puedas entrar más a trabajar en ningún lado, fíjate bien lo que haces”.
Las mujeres describieron un clima de miedo y sometimiento, donde el abuso sexual y la coacción eran moneda corriente en el despacho del intendente.
EL PROCESO JUDICIAL: DOS DÉCADAS DE DEMORA Y JUICIO ABREVIADO
Las denuncias administrativas se presentaron en 2004, pero la causa quedó paralizada durante casi dos décadas, avanzando recién en los últimos años tras la insistencia de familiares de las víctimas y la visibilización mediática del caso. El proceso judicial se reactivó y, finalmente, el 19 de junio de 2025, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje dictó sentencia en un juicio abreviado, donde Díaz reconoció los hechos y se negó a someterse a una pericia psicológica.
El tribunal consideró acreditados cuatro hechos de abuso sexual y cuatro de coacción, todos cometidos en el despacho municipal, y determinó la responsabilidad penal de Díaz. Sin embargo, la condena fue de apenas tres años de prisión condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo, lo que desató la indignación de las víctimas, sus representantes legales y organizaciones sociales.
LA REACCIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y EL RECLAMO SOCIAL
El abogado querellante, Pablo Olmos, expresó su repudio a la pena impuesta, señalando que el Código Penal prevé penas de dos a 32 años para los delitos comprobados y calificó la condena de “irrisoria”. Olmos relató que, tras la denuncia, las víctimas debieron abandonar El Brete por las presiones y el hostigamiento que sufrieron en la comunidad.
En cuanto a la reparación económica, la Justicia fijó una indemnización de 3,5 millones de pesos para cada una de las mujeres que aceptaron el acuerdo, a pagar en cuotas. Para Olmos, este monto resulta insuficiente ante el daño sufrido y la magnitud de los hechos.
Organizaciones feministas y familiares de las víctimas se manifestaron frente a los tribunales de Cruz del Eje, reclamando una sentencia ejemplar y cuestionando el funcionamiento del sistema judicial, que permitió la dilación del proceso y una condena considerada simbólica.
El fallo judicial no incluyó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pese a que Díaz cometió los delitos mientras era intendente y legislador provincial. El pedido expreso de su defensa fue aceptado por el tribunal, lo que generó aún más rechazo social. Actualmente, el jefe comunal de El Brete es Pablo Díaz, hijo del condenado.
El caso también dejó en evidencia la falta de controles y la debilidad institucional para proteger a las víctimas de violencia de género en ámbitos de poder político. El tribunal ordenó, además, remitir antecedentes para investigar la posible comisión de un delito por parte de un abogado que representó sucesivamente al acusado y a una de las querellantes, abriendo un nuevo capítulo en la causa.
