ESQUEL (ADNSUR) – En el Proyecto de Ley de “Narcomenudeo” en Chubut, n° 069/20,  el gobierno provincial dispone transferir a la Justicia la competencia para investigar y juzgar los delitos de “narcomenudeo”.La Asociación de Magistrados de la provincia ya manifestó su oposición, mientras que desde el Consejo de Fiscales de Chubut se pidió a los diputados un debate con participación ciudadana.

“La prevención, investigación y sanción de los delitos denominados de narcotráfico forman parte de un Plan de Política Criminal diseñada para todo el país en cuya ejecución se hallan involucradas agencias gubernamentales federales y provinciales”, indicaron a través de un comunicado. Y aclararon que un cambio en el actual diseño requiere contar previamente con una evaluación acerca de los resultados obtenidos con el modelo vigente y la redefinición de los objetivos, “que deben ser claramente explicados a la ciudadanía como destinatarios finales de las políticas públicas”.

Asimismo, se señaló que toda innovación que se pretenda implica rediseñar los distintos ámbitos involucrados que exceden la órbita de las agencias de represión estatal comprendiendo esferas tan diversas como las áreas judiciales, sociales, culturales y de salud, con el consecuente gasto público que deberán soportar los habitantes de la provincia.

Además, el Consejo destacó en el escrito que el contexto histórico en el que se alumbró la ley de desfederalización, hace poco más de 15 años, es muy diferente al actual. En ese periodo en Chubut se crearon dos juzgados federales –Rawson y Esquel- y se acotó la competencia territorial del juzgado federal de Comodoro Rivadavia, recordaron. Y mencionaron que Reforma Judicial anunciada por el Gobierno Nacional prevé el fortalecimiento del servicio de justicia federal del interior del país, que en el caso de la provincia de Chubut implica la creación de dos Juzgados Federales con competencia exclusiva en materia penal en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Esquel.

“Esto deja a las claras la ausencia de coordinación entre las agencias gubernamentales a la hora de diseñar políticas públicas que contribuyan a menguar los altos niveles de inseguridad que calan profundo en la ciudadanía", indicaron.

También se señaló que desde la sanción de la ley de transferencia de competencias se advierte una mutación de las conductas delictivas consecuencia del inusitado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. “En un mundo globalizado en el que el delito no reconoce fronteras nacionales o internacionales esos debates están muy lejos de propiciar segmentaciones o compartimentos estancos pues el éxito de la prevención y eventual sanción dependen hoy más que en ninguna otra época de una articulación eficiente de los estamentos gubernamentales en pos de una estrategia global para hacer frente a las diversas formas de criminalidad”, puntualizaron.

Por último, manifestaron que “exhortamos a los Señores Legisladores a propiciar un debate transparente y con amplia participación ciudadana como escalón previo a introducir una modificación en la política de seguridad como la que se pretende”.