La fiscal María Bottini aseguró este martes que la acusación que impulsa contra la jueza Mariel Suárez se basa en haber mentido para dejar de cumplir un acto propio de sus funciones, en referencia a una audiencia de control de detención que debía realizarse el 30 de diciembre en Comodoro Rivadavia, mientras que al aludir a una falsa razón, la diligencia debió cumplirse un día después. “Ella mintió que estaba enferma, pero se comprobó que ese día estaba en el Instituto Penitenciario de Trelew” para visitar al preso Cristian Bustos, planteó la fiscal.

De ese modo, la acusadora pública reseñó que la audiencia que debía concretar en esta ciudad, en cumplimiento del turno que tenía a su cargo, se prorrogó hasta el día siguiente, con un detenido sobre el que no pesaba una medida de coerción desde la Fiscalía.

“A raíz de su mentira, se retrasó el acto propio de su función y por eso se la acusa de Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público, por incumplir con normas del Código Procesal –detalló la fiscal, en diálogo con Actualidad 2.0-. Y también se la acusa por ‘Omisión de los Deberes de su Oficio’, por retardar un acto propio de su función”.

“Para nosotros sí se configura el delito”

Bottini también aclaró que el delito que ella apunta a probar se basa en la mentira para retardar la tarea que debía realizar, independientemente de que, como sostuvo la defensora pública en su argumento al momento de iniciar la discusión del caso, la audiencia se haya realizado dentro del plazo de 48 horas que la ley otorga para cumplir con esa finalidad.  

“El juez no hizo lugar a ese argumento, por lo que dispuso la apertura de la investigación –señaló Bottini-. Nosotros desde la Fiscalía entendemos que sí se configura el delito, porque se fija una audiencia con una persona detenida, que estuvo detenida una cantidad más de horas, porque la jueza que debía presidir ese acto mintió y estaba en Trelew visitando a un preso. La irregularidad es que se retarda un acto sobre la base de una mentira, con una persona que pasa una noche detenida en una comisaría porque la jueza mintió.

En base a estos argumentos, se abrió un plazo de 3 meses para realizar la investigación y resolver si hay mérito para elevar el caso a un juicio oral y público. Paralelamente, tal como informó ADNSUR, el caso de la jueza está siendo tratado en un sumario del Consejo de la Magistratura de Chubut, que podría tener una definición antes de un hipotético juicio penal.  

Bottini aclaró que si aquellas actuaciones concluyeran con una eventual destitución de la magistrada, tal como piden los denunciantes, igualmente la resolución penal de este caso debería llegar a una etapa final, si es que la investigación abierta concluye que debe ir a juicio por los delitos que hoy se le imputan.

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