RAWSON (ADNSUR) - Mientras avanza hacia una etapa de definiciones el juicio que tiene como principal acusado al ex secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves, Diego Correa, imputado de encabezar una asociación ilícita, la figura del decomiso de bienes fruto de esos delitos emerge como una compensación parcial, necesaria, pero insuficiente para explicar los grandes problemas económicos de la provincia.

Si Correa y algunos de sus consortes de causa resultasen condenados por los jueces –la condena social ya es irreversible- se avanzará en el decomiso de bienes, que podrán servir para determinados fines sociales a decidir por el Estado, pero que no alcanzan para compensar todo el problema financiero actual.

Sin embargo, será incontrastable la convicción de que esta punta confirma la existencia de un iceberg cuya base más profunda está lejos de romperse. De allí que los bienes que eventualmente puedan recuperarse –y en buena hora que esto ocurra-, por algunas decenas de millones de pesos, podrían servir como muestra de algunos otros miles de millones de pesos, aunque no hay certezas de que en ese caso el sistema judicial pueda llegar a arañar la matriz de corrupción de la que surge.

Paradójicamente, en la causa “Revelación”, prima hermana derivada de “El Embrujo”, los fiscales sostienen que el Estado recuperará alrededor de 100 millones de pesos (¿más cantidad de dinero que los bienes decomisados a Correa&co?) a través de los acuerdos de suspensión de juicio, por el que empresarios que admiten haber pagado coimas a funcionarios públicos evitarán el proceso en el que podrían probar su inocencia. Por ese mecanismo, los aportes se receptarán a través de diversas obras con fines sociales, propuestas por los empresarios involucrados y aceptadas por los fiscales y el juez de la causa.

La homologación de ese mecanismo parte desde la tesis de que los empresarios fueron víctimas de la presión de los funcionarios para cobrar las facturas que les debían por obras realizadas, por lo que los imputados en ese futuro juicio serán ex ministros de Economía como Víctor Cisterna y Pablo Oca, además de algunos empresarios que sí habrían sido partícipes de ese circuito de corrupción.

Queda, sin embargo, la duda sobre el valor real de las obras cuyas facturas fueron objeto de la “gestión” de cobro, que involucraba un retorno de entre el 3 y 5% sobre cada monto reclamado, antes de que se hiciera el pago: ¿eran costos reales, o sobre valuados para incluir la tasa de retorno, en un sistema que funcionaba desde hace años, atravesando a varias gestiones de gobierno?

Para responder a esa pregunta, el fiscal Héctor Iturrioz dijo hace un año –en septiembre de 2018- que habría que iniciar otra investigación, en la que se debería probar el posible delito de “colusión”, una figura que involucra a particulares y funcionarios que se ponen de acuerdo para perjudicar al Estado. Sería necesaria, además, una estructura investigativa que a todas luces las fiscalías actuales no cuentan.

Claramente, esa nueva investigación quedará en los archivos de los grandes anuncios, tanto como algunas obras públicas nunca terminadas (algunas, ni siquiera comenzadas) y que hoy explican la mayor parte del enorme endeudamiento que, al fin de cuentas, impide que la provincia pueda pagar los sueldos en tiempo y forma.  En esos miles de millones de pesos está la mayor parte de lo que hoy falta… y seguirá faltando en los próximos meses.

Otra paradoja en toda esta historia: dentro de 15 días, el Consejo de la Magistratura determinará si debe iniciar un juicio de destitución al juez y fiscales que intervinieron en la causa Revelación, es decir Sergio Piñeda, Marcos Nápli y Héctor Iturrioz. Es por el sumario iniciado tras aquella detención de quien entonces era ministro de Familia, Martín Bortagaray, que como tal estaba protegido por fueros que garantiza la Constitución a quienes ejercen la función pública. Si son destituidos, aunque la sociedad pueda leer en dicha decisión un mensaje de “impunidad” a favor de los más poderosos, habrá sido porque no hicieron bien su trabajo.

Ese castigo, en fin, no siempre se aplica a quienes ejercen cargos políticos, aun cuando no sean capaces de ejercer la función para la que resultaron electos.