COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/Escuchá el audio) - El fiscal de la causa Revelación, Héctor Iturrioz , expresó en diálogo con Actualidad 2.0 que “es una satisfacción poder haber acusado porque cierra una etapa importante. Implica que a criterio de los acusadores hay una probabilidad cierta de autoría de cada uno de los imputados”. 

Dijo que el próximo paso es “La audiencia preliminar, donde el juez controla la acusación”, que sería en agosto, luego de la feria judicial", anticipó. 

“A partir de ahí se dicta auto de apertura a juicio oral y se incluyen las pruebas que se van a producir en el juicio”, manifestó Iturrioz, quien afirmó que para el exministro Coordinador de Gabinete Víctor Cisterna piden 8 años de prisión. Sobre el delito para llevarlo a juicio, remarcó: “Creemos acreditado de manera acabada y va a ser difícil de refutar por la defensa, que ésta era una asociación ilícita de una empresa criminal. Es una sociedad con organigrama de actividades con división de funciones con el objeto de cometer delitos bajo la figura del cohecho y las exacciones ilegales”.

“Acá el proceso que por ley debe llevar 45 días demandaba 6 meses, un año, un año y medio. Eso daba el ámbito ideal para tener que acudir a esos funcionarios que pagaban cuando querían. Si no se respeta la ley, el único factor de decisión para liberar las órdenes de pago era la voluntad de los funcionarios de turno. Hasta que no se entregaba la coima no se le daba andamiaje a las órdenes de pago. Las obras estaban hechas pero los pagos no salían. A veces se hablaba de falencias financieras que no era tales porque uno ve que los que se portaban bien (era el término que utilizaban) a esos si se les pagaban y no a los que se portaban mal y no pagaba la coma”, indicó el fiscal.

Iturrioz recordó además que “no se sindicó a nadie como jefe de la asociación ilícita, sí como organizadores, quienes sin ser jefes conformaron la asociación, dijeron cómo iba a funcionar, quién iba a cumplir tal rol”, detalló.

ROL DE LOS EMPRESARIOS 

Sobre cuál es la diferencia entre los empresarios que se consideran partícipes de asociación y los que se beneficiaron con la probation explicó: “La imputación jurídica es toda la de cohecho activo: el particular que toma contacto con el funcionario y a sabiendas de que el funcionario accede a estos mecanismos espurios les ofrece dinero. Lo que sostienen estos empresarios que no optaron por la probation es que van a poder probar su inocencia en juicio”. 

“Hay casos llamativos que indican en una primera acción que hubo un accionar anómalo, ilícito”, dijo Iturrioz y ejemplificó: “una obra se contrata en 20 millones de pesos para hacer en un año y al cabo de cinco años aún está en construcción y se cobraron 100”, aunque no quiso brindar datos sobre el lugar de la misma. ”Es un hecho que a mí me llamó poderosamente la atención más allá de que no es el objeto de la investigación y obviamente amerita una investigación”, resumió.  

“La acusación tiene que ver con enriquecimiento ilícito sólo en torno a Gonzalo Carpintero. No quiere decir que no sean investigados los restantes funcionarios”, aclaró el fiscal, quien confirmó que la audiencia preliminar “será posterior a la feria, en el mes de agosto. El debate dependerá de otras variables”.

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