RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Para el Gobierno santacruceño el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/19 que dispuso en congelamiento "es inconstitucional por violentar" la Constitución y "quebrantar" el régimen federal de hidrocarburos, como así también "normas básicas del procedimiento administrativo".

En un escrito de 49 hojas, que presentó a la Corte la abogada porteña Graciana Peñafort como apoderada de la provincia y al que tuvo acceso Télam, la administración de Alicia Kirchner pidió que "se decrete la inconstitucionalidad del DNU Nº 566/19, por el cual se fijó en forma unilateral por parte del Poder Ejecutivo de la Nación un precio tope que reemplaza al real o “efectivamente” obtenido por el concesionario".

"Y la regla de oro en materia de pago de regalías, en virtud de la cual -siguiendo el criterio de la propia Secretaría de Energía de la Nación- el valor boca de pozo se liquidará en función del valor del producto obtenido por el concesionario en sus operaciones de comercialización”, agregó.

El DNU, precisó,"es inconstitucional por violentar" la Constitución, "por quebrantar" el régimen federal de hidrocarburos, como así también "normas básicas del procedimiento administrativo".

"Claramente al establecerse en el decreto 566/19 como base imponible para el pago de las regalías el precio piso efectivo de $ 45,19 por dólar estadounidense el barril, reemplazando de esta forma, el precio obtenido por el concesionario o el precio corriente de mercado, vulnera el régimen federal de hidrocarburos" en diferentes artículos, añadió.

En otro pasaje de la acción de amparo, la provincia advirtió que "estableciendo su vigencia desde el día de su publicación, esto es 16 de agosto de 2019, el DNU en análisis no solo perjudica las arcas provinciales desde su entrada en vigencia, sino que presenta también efectos retroactivos adversos".

"El daño que causa la conducta ilegítima y arbitraria del demandado es grave y será irreparable de no otorgarse la tutela judicial solicitada por medio del presente amparo", puntualizó.

Y, advirtió que "de concretarse la amenaza se afectará insalvablemente la actividad económica" de la provincia que, según expresiones de funcionarios, llegaría a los 1.500 millones de pesos durante los tres meses de vigencia de la medida.