COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Entre los desafíos a resolver por el gobierno que iniciará Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre se cuenta el tema energético, en el que los analistas cercanos al presidente electo recomiendan avanzar en una desdolarización parcial de tarifas, pero sin que esto signifique desincentivar la actividad dos metas que sobresalen como ejes rectores: mantener el auto abastecimiento en petróleo y gas, a través del recupero de las áreas maduras del país, sosteniendo al mismo tiempo la meta de aprovechar Vaca Muerta. Aquí, 3 claves para anticipar un debate fundamental, que no escapa a Chubut y la cuenca San Jorge.

1) Si se confirman los anuncios que trascienden desde el presidente electo, las provincias productoras serán convocadas a través de sus gobernadores a definir las decisiones que deberán adoptarse. Ese instrumento está creado a través de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), que ha tenido escaso protagonismo en la actual gestión de Mauricio Macri. Si se revitaliza ese rol, las provincias deberían equilibrar sus intereses con los del Estado nacional, sin ser sacrificadas en sus ingresos en función de la necesidad de la estrategia nacional.

2) Uno de los primeros puntos que se discutirá de cara a la política energética nacional es una desdolarización parcial. Si bien no se pueden pesificar totalmente las tarifas, sean de energía eléctrica, de gas o combustibles líquidos (debido a la incidencia de componentes importados en sus estructuras de costos) sí hay un margen de discusión por el componente en pesos (costos nacionales, como la mano de obra). En ese análisis, hay quienes sugieren la posibilidad de fijar precios de referencia dolarizados para Vaca Muerta y otras unidades de producción destinadas a la exportación, estableciendo sistemas de precios desvinculados del dólar para aquellos productos volcados al mercado interno, como pueden ser la producción de gas y combustibles que se destinan  a usuarios argentinos.

3) Aunque no se ha mencionado en forma explícita, quienes se inclinan por esta última opción parecen sugerir un “barril criollo” para el mercado interno y otro barril externo para apuntalar Vaca Muerta, a fin de no desincentivar las inversiones que se requieren para aprovechar el gran potencial energético de los recursos no convencionales en la cuenca Neuquina. Una consecuencia que debería evaluarse, por la que las provincias productoras tendrán hacer oír su voz, es por el recorte de ingresos que provocaría esa discriminación de mercados, aplicando una regla internacional para uno y un precio “pisado” para la producción convencional. Un antecedente similar se vivió entre 2003 y 2015, cuando a través de las retenciones a la exportación de petróleo y una política de precios internos para el crudo, se evitó el traslado los altos precios del barril de petróleo –en ese período cotizó entre 90 y 100 dólares por barril, llegando a topes de 150- hacia el costo de los combustibles del país.

De ese modo, hubo una transferencia de renta desde las provincias productoras hacia los consumidores de naftas y gas oil de todo el territorio nacional, con costos que para las provincias significaron merma de ingresos por alrededor de 15.000 millones de dólares. En ese “sacrificio” provincial Chubut aportó alrededor de 2.200 millones de dólares,  mientras que la que más ingresos cedió fue Neuquén, por alrededor de 9.000 millones de dólares. Si ahora se aplicara la misma lógica, los dueños del recurso (es decir, los Estados productores de petróleo) deberían ser compensados adecuadamente: en el caso de Comodoro Rivadavia, hay una larga lista de obras de infraestructura, que dependen de financiamiento nacional, que no se hicieron ni en el período 2003-2015, ni tampoco en 2015-2019.

La historia que empieza a escribirse el 10 de diciembre: ¿será repetida, o diferente?