COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde que se detectó el brote de coronavirus en Comodoro Rivadavia, a los pocos días se activó en el acceso al flanco norte santacruceño un fuerte protocolo de seguridad, dispuesto por autoridades provinciales, municipales y representantes del sindicato Petrolero de la vecina provincia. Si bien se permite el paso para realizar actividades esenciales, como la vinculada a la explotación hidrocarburífera, se realizan exhaustivos controles para garantizar que no haya ingreso del virus a dicho territorio.

En las últimas semanas, en la industria petrolera hubo quejas, a partir de lo que se consideró un excesivo celo en el control, o incluso una extra limitación, más allá de lo sanitario.

Por su parte, una contratista de Sinopec presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia, cuya jueza titular es la doctora Marta Yañez. En ese marco, se conoció en los últimos días una resolución cautelar (es decir, provisoria, hasta que se resuelva la cuestión de fondo) que ordena a las fuerzas de seguridad y a los Centros Operativos de Emergencia (COE), que permitan el paso de ocho operarios, identificados específicamente en la resolución. Es decir, el pronunciamiento no es de alcance general para toda la empresa, sino para una cuadrilla de trabajo determinada, que se traslada desde Comodoro Rivadavia hacia áreas vincualdas a Cañadón Seco y Koluel Kaike.  

La resolución estipula que se les permita el paso y ordena que las autoridades comunales y provinciales se abstengan de “prohibirlo, impedirlo u obstaculariarlo”.

En la medida se dispone también la modalidad con la que deberán realizar el ingreso y egreso, ya que “el transporte o traslado del personal que ingrese desde Chubut” se deberá realizar “en un vehículo diferenciado del que traslada al personal con residencia en la provincia de Santa Cruz, en forma directa y sin contacto con terceros, desde el límite provincial puesto ‘Ramón Santos’ y hasta el lugar de cumplimiento de taeras en el yacimiento ‘Cañadón Seco’ (área concesionada a la firma Sinopec)”.

Del mismo modo, el personal reemplazado de Chubut deberá retornar “en forma directa a esa jurisdicción”. Además, los vehículos deberán contar con certificado único habilitante, según los artículos 5 y 25 del decreto 576/20 del Ejecutivo Nacional. Además, deberán comunicar de inmediato si hay un caso sospechoso o positiveo entre los integrantes de la cuadrilla de trabajo.

Apeló la Fiscalía de Estado de Santa Cruz

Por su parte, el intendente Fernando Cotillo anticipó a La Opinión Austral que el municipio apelará la decision judicial. “No se discute la legalidad, pero socialmente es reprochable”, dijo el mandatario caletense.  Similar decisión adelantó el president de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga.

En paralelo, hizo lo propio la Fiscalía de Estado de Santa Cruz, cuyo titular es Fernando Tanarro: “Creemos que no hay ningún motivo de ofrecerle preferencia a una empresa que no ha acreditado en ningún momento que no se le hubiesen otorgado los permisos de circulación como corresponde, ni que los hubiese pedido y se les hubiese denegado”, dijo el funcionario provincial, en diálogo con La Vanguardia Noticias.

Tanarro añadió que “es una resolución de una amplitud tremenda y un desconocimiento de lo que ocurre en la realidad, ni como suceden estos traslados, ni qué va a hacer la gente en su trabajo; o que la provincia habitualmente hace que se cumplan con los protocolos de salud”.