COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Aunque el decreto (566/2019) que dispuso el congelamiento de precios tiene vigencia hasta el próximo 14 de noviembre, ADNSUR pudo establecer que las operadoras tienen la expectativa de que los precios comiencen a adecuarse desde este fin de semana, a raíz del reclamo que mantienen por el retraso de precios. La variación en este estudio se ubica entre un 4 y 6%, hasta llegar en forma paulatina al 25%. Desde YPF se asegura que la pérdida proyectada por el desfase de precios sólo en esa empresa es varias veces millonaria: si se cuentan las ventas del segundo semestre de este año, serían alrededor de 25.000 millones de pesos.

Si bien la mayor parte de los actores de la industria coinciden en que la adecuación de tarifas en surtidores debería ser gradual, a un ritmo del 4% mensual, en las últimas horas comenzó a evaluarse que el retraso acumulado ya estaría absorbido por los índices inflacionarios actuales. De allí que se especula en ámbitos de la industria que el primer incremento –que algunos voceros no descartan que comience este fin de semana- podría superar incluso esos límites, hasta acercarse al 10% de incremento.

Sin embargo, no hay confirmaciones, ya que de activar la medida debería haber una resolución que plantee la excepción al decreto vigente, del mismo modo que ocurrió el 19 de septiembre, cuando se autorizó una modificación del 4%.

Caída de ingresos

Si se consideran las ventas informadas por YPF en el informe de Resultados del segundo trimestre de este año, cuando totalizó 125.100 millones de pesos en ventas de combustibles, una estimación del 20% menos de ingreso por desfase de precios arrojaría una merma de 25.000 millones de pesos, es decir algo más de 400 millones de dólares.

Un referente de esa compañía comentó a ADNSUR que la pérdida puede ser mucho mayor: “Si tenemos en cuenta que la compañía factura alrededor de 9.000 millones de dólares por año en combustibles, el 25% de atraso en los precios da más de 2.000 millones de dólares de ingresos perdidos”, planteó.

La situación ha derivado en una fuerte paralización de la actividad de la mayor parte de las operadoras petroleras en Vaca Muerta, donde hay alrededor de 3.000 puestos de trabajo suspendidos, que podrían sufrir desvinculaciones si en las próximas semanas no hay señales claras de reactivación y normalización del mercado.

Por eso se esperan también las definiciones que adoptará el gobierno de Alberto Fernández en materia energética, cuando asuma en un escenario altamente volátil, signado por la presión de precios en surtidor y el reclamo de la ciudadanía contra la suba de tarifas que, por un efecto inercial de la liberalización total del mercado que marcó el gobierno de Macri, presiona para subir en todas sus prestaciones.