El principal cambio que se comprometió incorporar al proyecto, por parte de los responsables de Energía de la Nación, es el período de referencia que se tomará para comparar el aumento de producción, que dará derecho a los incentivos propuestos.

El ministro Cerdá explicó que ese período será el año 2020, más un trimestre de 2019. “Esto ya nos deja en igualdad con Vaca Muerta, porque si tomaban los dos períodos juntos, quedábamos en una gran desventaja”, detalló el funcionario provincial.

Al haberse producido una fuerte caída de producción durante el año pasado, los barriles de petróleo que puedan extraerse por encima de esa marca negativa serán parte de los volúmenes que se beneficiarán con la norma, lo que significa un esfuerzo de inversión más racional que el que hubiera implicado tomar como punto de partida a la producción de hace dos años.

Otro de los pedidos formulados fue para eliminar las retenciones a la exportación sobre el volumen incremental. “Nos dijeron que esa decisión le compete al Ministerio de Economía, pero tomaron nota del pedido”, graficó Cerdá, admitiendo que es un punto difícil de destrabar.

 Los otros reclamos, tal como anticipó ADNSUR, se vinculan a la reducción de carga arancelaria para la importación de polímeros, “no pedimos la eliminación total, pero al menos una disminución en el inicio de la importación de estos productos”, indicó Cerdá, en relación a los insumos para la recuperación terciaria.

Nuevas inversiones con posibilidad de mayor plazo

Para calificar entre los proyectos que recibirán los beneficios, se acordó también una disminución en la inversión exigida y en el plazo para desarrollarla, en áreas convencionales, para poder acceder a los incentivos del proyecto. La redacción original del proyecto estipulaba un mínimo de 150 millones de dólares en 3 años, mientras que ahora se introduce la posibilidad de que las autoridades de aplicación, nacional y provincial, acuerden una merma de hasta el 50 por ciento, con la extensión de plazos hasta 10 años para el desarrollo.

Otro de los beneficios que se incorpora apunta a favorecer proyectos exploratorios, a partir de beneficios impositivos, vinculados a la devolución de IVA y amortización anticipada (permite atenuar el pago de impuesto a las ganancias sobre determinadas operaciones).

“Tuvimos la oportunidad de dialogar en una reunión de trabajo, con José Lludgar y Jorge Ávila, plasmar lo que se estaba reclamando desde la cuenca San Jorge –evaluó finalmente Cerdá-. Hubo intercambio de ideas, para que no quedáramos en desventaja, ante inversiones de operadoras que están trabajando en nuestra región y se vayan a las áreas no convencionales. Hemos podido explicar por qué necesitábamos estos cambios”.

El proyecto terminará de pulirse en los próximos días y el Ejecutivo apunta a enviarlo al Congreso en el mes de agosto.

“Nos han manifestado las garantías de que la ley van a promover inversiones que van a realizarse también en nuestra cuenca, por eso creemos que el resultado ha sido muy positivo y se plasmó el reclamo de aquella reunión del 8 de julio en Comodoro”, concluyó Cerdá.