COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El primer objetivo del decreto, próximo a firmarse por parte del presidente Alberto Fernández, está cumplido. Las provincias productoras podrán cobrar regalías a un precio mucho más alto que el internacional, siempre que la norma comience a regir algunos días antes del 15 de mayo. Esto evitará que el desplome de ingresos continúe profundizándose en Chubut, que iba camino a una liquidación mensual que se hubiera ubicado entre las más bajas de los últimos 20 años.

Otro rasgo positivo del decreto es que se suspenderán las retenciones a la exportación, un tema que preocupaba especialmente a Chubut por ser la principal exportadora de crudo del país, pero además porque ese gravamen implicaba también una reducción de precios para todo el mercado interno petrolero.

En ese objetivo se venía trabajando, con la meta de lograr un acuerdo entre todos los sectores de la industria, a fin de que el beneficio de una parte de la cadena no implique necesariamente un perjuicio en otros eslabones. No obstante, la decisión política de avanzar con un decreto fue leída, en ámbitos empresarios, como una señal de “intervencionismo estatal” y dejar de lado varias de las precauciones que se venían discutiendo.

Es que lo que las provincias ganen por un lado, ante la posibilidad de liquidar regalías sobre un valor más alto, podría implicar una pérdida por el otro, si es que los efectos negativos de la medida, al no tenerse en cuenta la complejidad de toda la cadena, se terminasen reflejando en una merma de inversiones y de actividad.

“El dato positivo es que se van a liquidar regalías sobre 45 dólares –explicó un observador que siguió de cerca las discusiones, tratando de ofrecer un ejemplo sencillo-. Ahora bien: una cosa es liquidar a 45 dólares sobre 100 barriles producidos; y otra cosa es liquidar a 45 dólares, pero sobre 70 barriles producidos, porque hubo una merma de la actividad”.

Efectos colaterales

Las expresiones de preocupación durante la tarde de ayer se fueron profundizando con el correr de las horas. Desde YPF, la principal operadora del país y cuya conducción tiene mayoría del Estado nacional, dejó trascender que acompañará la decisión del gobierno “con un gran esfuerzo”. En el lacónico mensaje hay varias entre líneas. Más allá de que el nuevo CEO estuvo sentado junto al ministro Matías Kulfas, durante la video conferencia (según reflejaron medios nacionales), se buscó dejar en claro que la medida, tal como saldrá en el decreto, no es la propuesta que la compañía tenía en mente.

Un hecho claro permite fundar la afirmación anterior. El proyecto elaborado por Guillermo Nielsen, que fue reflejado por ADNSUR, proponía un barril criollo con precios menores y descendentes en una secuencia mensual (42, 40 y 38 dólares durante tres meses, prorrogable por otros tres). Otro elemento clave de esa iniciativa era la libre negociación entre refinadoras y productoras, sobre el precio a pactar por cada barril de crudo, mientras que la compensación a las provincias correría por cuenta de las petroleras con capacidad de refino, es decir que participan del negocio de la venta de combustibles.

¿En qué cambia el proyecto de Nielsen, en relación a la medida que adoptará el gobierno nacional? En que el decreto fijará también el precio en el que se debe pactar la venta de cada barril de crudo entre empresas productoras y refinadoras. Vale recordar que en el mercado hay compañías integradas, es decir que incluyen toda la cadena de actividad (desde la producción de petróleo hasta la refinación y venta de combustibles), como es el caso de YPF y PAE, que a su vez son las principales operadoras del golfo San Jorge. Hay otro segmento, ocupado por productoras de petróleo, que en Chubut pueden referenciarse a operadoras como Tecpetrol y Capsa; y un tercer segmento, ocupado sólo por refinadoras y expendedores de combustibles, como es el caso del grupo Raizen (ex Shell). Esta última no tiene actividad en nuestra provincia, pero eventualmente puede comprar parte de la producción de Capsa, como la de cualquier otra productora de petróleo de la región o del país.

El decreto también prohibiría la importación de petróleo. Esa combinación de medidas, llevadas a un caso práctico, podría derivar en un ahogo del mercado. Por ejemplo, la refinadora puede rehusar a comprar petróleo a 45 dólares por barril, cuando podría exportarlo a 30. Y si la productora sigue perdiendo mercado para colocar el crudo, la alternativa es reducir la producción.

Otro elemento fundamental para el análisis es la paralización de ventas de combustibles. No sólo en naftas y gasoil, sino del JP1, utilizado por aviones, que no volverán a volar hasta después de septiembre. Si no hay una reactivación paulatina del mercado de refinación, el problema continuará centrado en el límite de la capacidad de almacenaje, que de hecho ha provocado que algunas refinerías del país paralicen su actividad por no tener más lugar donde guardar el petróleo, ni tampoco el combustible que no se vende.