La discusión sobre el valor de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, instalada tras conocerse la decisión de canjear bonos en dólares por bonos en pesos, puso tramposamente en escena la preservación de “la plata de los jubilados”.

El FGS es un fondo soberano compuesto por activos financieros que no busca pagar jubilaciones (aunque sí las asiste ante cualquier eventualidad), sino financiar proyectos productivos para generar mayor empleo de calidad y engrosar el sistema previsional. Su mención derivó en el debate por la calidad de los futuros haberes, pero ¿qué sucede con los actuales?.

Aunque el desempleo se encuentre en mínimos históricos (6,3%), las situaciones de precariedad e informalidad laboral existentes ponen en evidencia las limitaciones del modelo contributivo. A los fines de dimensionar el panorama, el 53% de los jubilados y pensionados ha logrado ingresar al sistema previsional (SIPA) mediante las distintas moratorias. Sobre ese porcentaje, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones en edad de jubilarse no alcanzan los 30 años de aportes. Según ANSES, el Plan de Pago de Deuda Previsional permitirá que este año puedan jubilarse alrededor de 800 mil personas. Sin el nuevo programa, aprobado recientemente en el Congreso, terminarían haciendo uso de la PUAM, que otorga sólo un 80% del haber mínimo y menores derechos.

Al mismo tiempo, la escalada de precios no encuentra tope, ni tampoco los efectos colaterales de la guerra en Ucrania y la sequía, por lo cual, la lucha por la actualización de los salarios y haberes vía movilidad previsional continúa vigente, aunque con notable rezago, en contraste con la fuerte expansión de la rentabilidad empresarial.

En ese marco, la actualización jubilatoria aplicada desde marzo alcanzó el 17,04%. Es la novena medición en base a la actual ley de movilidad. Para los jubilados, el año ya comienza en desventaja: según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación entre enero y marzo se estima en 18,1%. Se trata de una pérdida, si se considera que cada incremento de los haberes compensa a la suba de precios del trimestre anterior.

Es por eso que el anuncio incluyó un bono para marzo, abril y mayo de $15.000 para los que cobran una jubilación mínima. La ayuda irá decreciendo progresivamente hasta $5.000 para jubilados de hasta dos jubilaciones mínimas. Esto lleva el haber mínimo a $73.665 y mejora el ingreso del 65% de los jubilados. La decisión de incorporar bonos a fin de compensar los baches fue elemental para el oficialismo a la hora de legitimar la fórmula actual. Entre diciembre y febrero, también se implementó el mismo instrumento, pero por $10.000.

Cada cuatro años, el debate por los montos de los haberes previsionales se intensifica y, a meses de las elecciones, cada partido defiende con firmeza su  fórmula de movilidad instrumentada.

Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la actualización jubilatoria para marzo, en caso de haberse mantenido la Ley votada a finales de 2017, hubiese sumado 20,9%, un valor superior al planteado actualmente. 

Sin embargo, si se compara la aplicación de la fórmula Cambiemos desde su origen hasta hoy, el incremento entre 2021-marzo 2023 hubiese sido 189,8%, menor a la suba actual, que fue 208,1%.

Para Leonardo Calcagno, doctor en economía y asesor en la Auditoría General de la Nación (AGN), la fórmula vigente, que contempla salarios e ingresos tributarios de ANSES, “va a permitir que las jubilaciones suban en línea con la recuperación de la economía”, en tanto la anterior, basada en la inflación y los salarios formales, “las congela en el mediano y largo plazo.” Sin embargo, el especialista advierte: “Con los altos niveles de inflación, en el corto plazo no hay diferencias entre una fórmula y la otra”. El diferencial se justificó con los bonos, pero no es significativo: el haber mínimo solo es un 9% mayor al de diciembre 2019.

Así las cosas, el bolsillo de los jubilados está deprimido. Aunque la mínima no pierde mayormente contra la inflación, los valores que maneja el sistema previsional son considerablemente insuficientes, porque tampoco se ha recuperado lo perdido en los cuatro años de la gestión macrista. “Los jubilados fueron la principal variable de ajuste del gobierno anterior”, sentencia Calcagno.

La fragilidad económica que atraviesan los adultos mayores que cobran valores en torno al haber mínimo obliga a centrar la disputa por la direccionalidad de las políticas sociales y previsionales. “No sólo está en juego la recomposición real de los haberes jubilatorios y la mejora de la equidad del sistema, sino también la necesidad de generar mecanismos de inclusión previsional en el marco de un mercado de trabajo formal deteriorado. 

A la par, son precisos mecanismos redistributivos que permitan ampliar los recursos del SIPA, como por ejemplo revertir la reducción de los aportes patronales, pergeñada durante los ‘90”, sostienen desde el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Al FMI, que ya expresó disconformidad con la aprobación de la moratoria previsional, le será difícil (por no decir imposible) comprender la dinámica fiscal que debiera requerir la compensación económica a los jubilados. Más temprano que tarde, se impondrá la necesidad de revisar dicho acuerdo.

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