La suba de 6,6% en los precios dispone a la inflación como enemiga acérrima de la estabilidad macroeconómica y corta lazo con los salarios, que en 2022 apenas empataron la carrera, a fuerza de múltiples y magras negociaciones.

En medio de la escalada inflacionaria, que podría alcanzar otro pico en marzo, la semana entrante el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil definirá un aumento del salario mínimo. Bajo modalidad virtual, el Ministerio de Trabajo convocó a las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT y la CTA para actualizar el monto de $69.500, afectado por el último incremento del 3%.

La suba durante el año paritario (marzo 2021-marzo 2022) fue de 110,5%. La inflación acumulada hasta febrero es de 102%. De no presentar un aumento significativo este mes, el salario mínimo apenas le habrá ganado a la inflación, lo cual no significa que sea suficiente para cubrir necesidades básicas. También se revisarán los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

Tal como explica el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, el SMVM funciona como instrumento de referencia directa para los trabajadores de la economía popular que perciben el Potenciar Trabajo (equivalente al 50% del SMVM), para los trabajadores docentes que perciben salarios mínimo más un 20% y para los jubilados que no necesitaron de una moratoria (tienen derecho a un piso mínimo equivalente al 82% del SMVM). A su vez, “es una referencia indirecta para trabajadores que tienen salarios que rondan el mínimo, en particular los trabajadores de casas particulares y los trabajadores municipales”, explica Campos.

Esta conexión directa es motivo de disputa entre el Ministerio de Trabajo y organizaciones sociales. Por su vínculo con los programas y prestaciones ofrecidas por el Ministerio de Desarrollo Social y ANSES, su actualización está íntimamente condicionada a los presupuestos de ambos organismos. El pedido de desacople por parte de los movimientos sociales es reiterativo.

Para el resto de los trabajadores, el SMVM puede tener un impacto indirecto positivo o negativo. “Si sube más que el promedio y se acerca a los básicos de las actividades que tienen los salarios más bajos, genera un efecto empuje. Si permanece muy alejado puede funcionar como ancla, como en los 90”, comenta el coordinador en la CTA.

En este contexto, la pérdida del poder adquisitivo que refleja el salario mínimo tiene mayor alcance de lo imaginado. Según un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), en febrero el salario mínimo representó sólo el 38% de la canasta básica, que contempla alimentos, bienes y servicios esenciales. En marzo será una proporción aún menor. Actualmente, según el INDEC, el presupuesto de base que requiere una familia de cuatro personas para no caer en la pobreza es de $177.063, es decir: ni dos salarios mínimos dejaría exentos a dos trabajadores de tal situación.

Pese a las siete instancias de actualización que atravesó en 2022, no logró una recuperación de su poder de compra. De hecho, el año pasado cerró 33% por debajo del nivel de 2015. Así las cosas, la próxima reunión del Consejo del Salario comenzará a pérdida: entre noviembre, cuando fue el último encuentro, y marzo, la reducción real fue mayor al 5%.

Según CIFRA, contemplando una estimación de precios de 6,3% para este mes, el SMVM debería posicionarse en torno a los $78.900 para recuperar la pérdida más reciente, mientras que tendría que alcanzar los $86.000 para recobrar lo perdido desde diciembre de 2019.

De todos modos, la pérdida del poder adquisitivo atravesó una década y contando. El salario mínimo muestra una tendencia negativa desde 2011, acentuada en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri, así como en 2020. Esta caída ha sido incluso superior a la pérdida real de los salarios registrados.

La discusión en torno al salario mínimo y su actualización se enmarca en un período de reapertura de paritarias. Según Campos, las negociaciones salariales de 2023 “vienen llegando en cuentagotas”. 

Algunos sectores cerraron acuerdos cercanos o levemente superiores al 30% semestral, como la paritaria nacional docente, sector público bonaerense, docentes universitarios, estaciones de servicio y bancarios, pero por ahora “no hay una pauta definida sobre la negociación salarial de este año, ni semestral ni mucho menos anual.” 

En cualquier caso, parece muy difícil (sino imposible) que se cierren acuerdos anuales en torno al 60%. “Si la pauta lucía difícil hace unas semanas, hoy está fuera de cualquier escenario. Acuerdos más cortos con revisiones en los próximos meses sí parecen mucho más factibles y en ese caso los porcentajes obviamente van a ser menores”, advierte el profesional en diálogo con ADN Sur.

En el reciente relanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista, los máximos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificaron su postura en contra de limitar las paritarias a una proyección: "No vamos a resignar la negociación salarial libre en el ámbito de paritarias, porque eso es el motor de construcción del poder real de los sindicatos", afirmaron. Además, nuevamente marcaron distancia de la posibilidad de otorgar una suma fija, a diferencia del sindicalista Pablo Moyano, que mantiene firme su convicción al respecto y genera tensión dentro de la cúpula del organismo.

La actualización salarial es otro factor de resquebrajamiento dentro del oficialismo. Cristina Fernández de Kirchner, en su última alocución en Río Negro, dejó en claro que los salarios no son causantes de la suba de precios, porque “hoy tenemos una inflación del 100% y los salarios están super deprimidos” y que el crecimiento del país “finalmente se lo llevaron cuatro vivos”, ya que los puestos de trabajo “son precarizados, de baja calidad y de muy bajos salarios”. “¿Cuándo teníamos el salario alto en dólares de América Latina, había inflación? Sí, pero no ésta”, concluyó la vicepresidenta, mostrando una vez más disconformidad dentro de su propio Gobierno.

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