“Las políticas de Estado son aquellas compartidas por todas las expresiones políticas relevantes de un país y cuya ejecución, en consecuencia, no depende de los cambios que puedan producir en los gobiernos los resultados electorales”, sostuvo Rosendo Fraga en la nota denominada “Las Políticas de Estado” publicada en el diario La Nación el 11 de Noviembre de1998.

Son, en definitiva, un núcleo de coincidencias básicas y elementales para brindar condiciones de crecimiento, de desarrollo.

La política cotidiana discutirá un importante abanico de cuestiones sometidas a su arbitrio, pero aquellas pocas que forman parte de aquel acuerdo básico denominado “Políticas de Estado”, quedarán excluidas del debate público, al menos por un buen tiempo.

La vigencia de decisiones estratégicas sin importar el partido político que gobierne resulta el presupuesto imprescindible para generar certeza en la ciudadanía y en los inversores.

La provincia del Chubut tiene una enorme deuda pendiente en la materia. La llegada de un nuevo gobierno opera, desde antaño, como un punto de inflexión a partir del cual se pone en cuestionamiento todas y cada una de las líneas políticas del gobierno anterior y se inicia una supuesta “etapa fundacional” de la provincia que vendría, según sus protagonistas, a sentar las bases de un nuevo Chubut.

Así, una y otra vez…

La pregunta que corresponde efectuar a esta altura es si la provincia del Chubut tuvo la desgracia de ser cooptada por sucesivas generaciones de dirigentes políticos caprichosos, irreflexivos, y sólo empecinados en mantener vigentes las divergencias políticas.

La respuesta es un rotundo NO.

Las notorias dificultades que experimenta la política chubutense para alcanzar acuerdos perdurables encuentra múltiples causas; una de las cuales intentaré abordar en estas líneas, y es el sistema institucional con el que los chubutenses decidimos convivir.

Un rápido análisis de los sistemas institucionales nos permitirá concluir que estos se conforman como una especie de manta corta. La decisión de dar cobertura a alguna prioridad en particular, provocará irremediablemente desnudar otras cuestiones.

En nuestro caso, la organización del poder prevista en Chubut por el constituyente de 1957 priorizó el principio de gobernabilidad. La idea que abrazaron las constituciones de la época tenía la firme intención de dotar de estabilidad al sistema, en tiempos donde la democracia no gozaba de tal característica en nuestro país.

La preocupación del constituyente se centró en garantizar que quién obtuviera la primera magistratura provincial pueda llevar adelante el plan de gobierno votado por la ciudadanía. Una preocupación a todas luces loable.

La idea de que el gobernador electo pueda transcurrir su mandato sin crisis política, fue uno de los principales objetivos del constituyente, previendo en función de ello muchos de los arreglos institucionales vigentes.

En tal sentido, el constituyente chubutense garantizó que quién obtuviera el triunfo electoral, por escaso que este fuera, contaría con la mayoría absoluta de la representación legislativa (específicamente obtiene 16 sobre los 27 diputados provinciales).

Es dable recordar que era muy extraño por aquellas épocas un corte de boleta de tal envergadura que hiciera peligrar, al candidato a gobernador electo, el acompañamiento de la mayoría legislativa.

Pero esta decisión, como dije loable, que por un lado permitió que los sucesivos gobiernos electos lleven adelante sus gestiones sin crisis políticas, por otro lado desincentivó la colaboración política, la búsqueda de acuerdos básicos que posibiliten el desarrollo de políticas de estado sustentables.

En el esquema seleccionado, los sucesivos gobiernos no necesitaban el acompañamiento de la oposición para llevar adelante sus planes, salvo el caso de decisiones muy puntuales donde se requería una mayoría agravada (por ejemplo la conformación del Superior Tribunal de Justicia, las normas electorales). Por otra parte, esa oposición que no participaba de las decisiones más relevantes, sólo tenía el incentivo de encontrar estrategias de bloqueo y desgaste que le permitan acceder al Gobierno en el próximo turno electoral.

Si bien el entramado institucional garantizó la estabilidad de la democracia chubutense, permitiendo que los gobernadores transcurran su mandato con el acompañamiento legislativo a su plan de gobierno, la estrategia se encontró en el camino con serias dificultades para afrontar situaciones en las que el gobernador necesitaba mostrar un consenso mayor al habitual.

Tal dificultad se ha manifestado a lo largo de nuestra historia ante situaciones donde la provincia atraviesa crisis económicas, ante obras o transformaciones de envergadura, o ante la necesidad de atraer inversiones de magnitud.

Cuando la provincia atraviesa crisis económicas importantes, el gobierno intenta mostrar un grado de consenso especial y un acompañamiento notable a sus medidas. En estos casos recurre a aquella oposición ninguneada en momentos de éxito que recibe, en épocas de crisis, invitaciones a sumarse a las medidas de emergencia con el objeto de mostrar consenso político. Una invitación a subirse al Titanic ante la inminencia del impacto al iceberg.

Este superconsenso es imprescindible también frente a obras que por su magnitud podrían desarrollarse en más de mandato, corriendo el riesgo del cambio de color político durante su construcción (por caso las obras hídricas imprescindibles para algunas regiones de la provincia). Similar situación se da ante inversiones que prevean planes de negocios extensos en los cuales el inversor requiere percibir un consenso tal que elimine el riesgo del cambio de reglas de juego en el desarrollo de su plan.

En estas situaciones, terminan prevaleciendo las estrategias de bloqueo interpartidario sobre la necesidad de alcanzar consensos perdurables.

El sistema ha desincentivado en la práctica la colaboración política, la obtención de acuerdos básicos que permitan, entre otras cosas, mostrar a la provincia confiable, y con ello generar empleo genuino.

La búsqueda de acuerdos básicos debe constituirse en el objetivo central de la política chubutense para recuperar las herramientas necesarias para transformar la realidad. Es esencial entonces que la provincia recupere la capacidad de debatir ideas, sin la intolerancia y la violencia que lamentablemente se nos coló por la ventana.

Discutir estrategias y reglas de juego tanto como se considere necesario, pero luego de tomadas las decisiones es obligación de la dirigencia aburrirnos con la estabilidad imprescindible para mostrarnos confiables.

Debemos ser capaces de sumarnos a una obra colectiva, que no comience cada cuatro años, sino que se levante con acuerdos mínimos e imprescindibles, pero que sienten las bases donde cada nueva gestión aportará su impronta, sin derribar los cimientos.

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