24 de marzo. 40 años del golpe militar. Es día de lágrimas, aplausos, recuerdos, presencias y ausencias genuinas. También de discursos puros pero también impostados y de ocasión. Y un buen momento para un paneo del estado de las causas de lesa humanidad que se tramitan en Chubut, las heridas concretas que dejaron los militares desatados en esta parte de la Patagonia.

¿Cuáles son las causas de lesa humanidad en Chubut?

Otros dos protagonistas del expediente, Luis Paccagnini y Jorge Bautista, fueron absueltos en el histórico juicio de 2012. Pero la Cámara Nacional de Casación Penal revocó esa decisión y pidió para ellos un nuevo fallo, probablemente condenatorio. Por su edad es difícil que puedan ver la decisión final. El último escalón será la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá decidir si el caso fue de lesa humanidad y, por tanto, si los marinos fueron correctamente castigados. Lo sustancial del fallo es que demostró que el plan de represión no se inició con el golpe de Estado. En Chubut los militares experimentaron qué y cómo hacerlo.

Otro caso resonante fueron las torturas y muerte de Mario Abel Amaya y las vejaciones a Hipólito Solari Yrigoyen, en la Unidad 6 de Rawson. Dos juicios tan parecidos que se fundieron en uno. Osvaldo Fano, jefe de ese penal federal, fue condenado a 23 años de prisión y Luis Steding, exjefe de guardiacárceles, a 17. Ambos viven en cárceles comunes. El célebre dirigente radical del Valle, el médico Luis García, había sido condenado por encubrimiento pero por ahora Casación lo desvinculó de la tragedia. El expediente está a revisión de la Corte.

También tuvo su juicio el caso del homicidio calificado del conscripto José Rodríguez Diéguez, en el Regimiento 25 de Sarmiento. Carlos Antonio Españadero, exintegrante del Batallón 601 del Ejército, y Teófilo Saá, exjefe del Regimiento, fueron condenados a prisión perpetua. Diéguez sufrió un traslado inesperado al sur chubutense y un recorrido tenebroso. Jamás fue vuelto a ver. Por su salud frágil ambos condenados están presos en sus casas de familia, con controles externos médicos periódicos, como es de estilo.

La mayoría del resto de las causas está en trámite. Por caso, la desaparición del maestro Ángel Bel en Trelew, ocurrida el 5 de noviembre de 1976 en las afueras de la ciudad valletana. Era dirigente del Partido Comunista y lo chuparon en una zona liberada, luego de un largo seguimiento. Están procesados Hernán Alberto Hermelo; el exjefe de la Comisaría 1ª de esa ciudad, Delfín Heriberto Rodríguez Watson, y Tito Nichols, expolicía y reconocido dirigente peronista del Valle que fue concejal dasnevista y presidente de la Cooperativa Eléctrica. El expediente no es complejo y está bastante cerca del juicio oral y público.

Más silencioso y de menor repercusión pública aparece el nombre de Jorge Valemberg, dirigente peronista que fue presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre setiembre y noviembre de 1976 estuvo preso en la U-6. Fue diariamente torturado física y psicológicamente. El único procesado vivo es Steding, ya condenado por el caso Amaya/Solari. La nota curiosa es que en su momento, en esta investigación el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, procesó al fallecido dictador Jorge Rafael Videla.

Otro expediente en trámite es el que por primera vez consideró a la Base Zar –la misma de la Masacre- como centro clandestino de detención. Es por el caso de 28 militantes políticos que en 1977 fueron detenidos en Trelew y Rawson y llevados a los calabozos de esa delegación militar. En el grupo había una embarazada y un chico de 16 años. El exjefe del Batallón de Infantería de Marina 4, Raúl Noziglia, es el único procesado, con prisión preventiva en su casa de Capital Federal. Otros acusados murieron en la espera del avance del expediente.

También está en trámite la investigación de la posible apropiación de un menor, en 1979. El acusado es Ricardo Jesús Mejías, un exjefe de la U-6. Le imputan la presunta falsificación de documentación de un certificado de nacimiento. La pesquisa se inició en el Juzgado Federal de San Isidro pero quedó radicada en Rawson ya que el presunto delito se cometió en Chubut. Sospechan que se trata de “Gustavo”, un bebé de pocos días que podría ser hijo de perseguidos políticos o desaparecidos. Se sabe que Mejías no es su padre biológico pero no está claro aún si hubo una adopción ilegal.

Un caso que hará historia cuando lleguen las audiencias será la Megacausa 500, que investiga las torturas sistemáticas y las violaciones de los Derechos Humanos en la U-6. El expediente quedó un paso más cerca del juicio oral y público luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmara los procesamientos para nada más y nada menos que 27 exmilitares y retirados de las fuerzas de seguridad. Por ahora ninguno está preso pero muchos son muy conocidos vecinos de Rawson, Trelew y Esquel. Será el ciclo de audiencias judiciales más largo en la historia provincial en términos de delitos de lesa humanidad.

Por último, desde el 28 de abril de 2014 ya tiene pedido de elevación a audiencias el complejo proceso contra 16 imputados por vejaciones en el Regimiento 8 de Infantería General O´Higgins de Comodoro Rivadavia, donde presuntamente funcionó un centro clandestino de represión. También se la conoce como Causa 8.008.

Por justicia que se pida, investigar estos episodios en la Patagonia no es nada fácil. Ocurridos hace 40 años, gran parte del éxito de las pesquisas depende de la buena memoria y del detalle de los protagonistas, si es que aún viven, contra los autores de esas atrocidades, si es que aún viven. No se puede condenar a nadie por un enojo o por revancha política.

Cuando un testigo no fue víctima ni familiar de víctima, puede no ser tan simple quebrar su silencio. El miedo inyectado en los años de plomo dura años y vomitar ciertos recuerdos es dolorosísimo, porque se remueve un pasado negro, que más de uno quiere dejar atrás, aunque un juez se lo pida. A la justicia federal le cuesta encontrarlos y lograr que testimonien lo que saben. Los protagonistas se cruzan en cualquier mercado de barrio.

Lo operativo también puede ser una barrera. El expediente de una tortura sistemática no necesariamente avanza más rápido que un caso de narcotráfico, aunque su importancia simbólica sea mayor. Los trámites demoran y los buenos defensores tienen un buen menú de opciones para retrasar los juicios. Ni hablar si se depende de una instancia en Capital Federal o de que las FF.AA. aporten documentación. En este escenario, los casos de lesa humanidad son uno más en la pila de carpetas, con una razón biológica que los distingue: acusados y acusadores se mueren y la verdad huye.

Es posible que de las causas mencionadas se desprenda algún caso individual más. Pero no demasiados. En unos años el capítulo judicial chubutense sobre los años de plomo estará cerrado. Si persiste la decisión política de juzgar de modo razonable los crímenes cometidos en la provincia, es buena hora de dar una mano con recursos humanos y materiales, ya que fuera de Comodoro, por ejemplo, los pocos jueces no tienen ni una sala de audiencias como la gente.

Los discursos de hoy serán esperables pero insuficientes. La justicia de los hombres debe honrar esa herida cuarentona para que no se agote en la militancia que se repite a sí misma. Suena raro pero sería digno para víctimas y victimarios. Ambos tienen derechos.