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El fiscal pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta, y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerar que era jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, durante en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Del total, 35 estaban en Chubut. El fiscal Diego Luciani dijo que "Báez y su grupo compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, solo en la provincia de Santa Cruz". "Ahí está la plata que no se puso en rutas", aseguró.

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó este lunes al fiscal federal Diego Luciani y a Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, pidió que ambos se aparten del juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz y que se declare la "nulidad" de todo lo que hicieron en la causa.

El periodista Eduardo Feinmann se despachó tras conocerse la declaración de “sitio sagrado Mapuche” al Parque Nacional Lanín.

Este lunes comenzó la audiencia por supuestos delitos vinculados a la vicepresidenta y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez.

Así lo expuso este lunes el fiscal Diego Luciani, en el comienzo de la audiencia por supuestos delitos vinculados a la obra pública en Santa Cruz, al asegurar que hay pruebas para formular a acusación.

La causa tenia como objetivo investigar a la vicepresidente de la Nación con respecto al direccionamiento de los contratos en favor del empresario Lázaro Báez durante su mandato como presidenta.

Se trata del juez Sebastián Casanello, quien al igual que el fiscal Guillermo Marijuan, señaló que hay varias medidas de pruebas pendientes para determinar si la actual vicepresidenta de la Nación, tuvo participación en la maniobra de lavado de dinero. En esta causa ya fueron condenados el empresario Lázaro Báez y sus hijos.

El presidente de la Nación negó irregularidades en las obras adjudicadas a Lázaro Báez durante la presidencia de Cristina Kirchner. Defendió a la vicepresidenta y tuvo un tenso cruce con el fiscal.

En el juicio por la obra pública de Santa Cruz figuran como imputados el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obra Pública José López y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta y titular del Senado.

Leandro, hijo mayor del empresario de origen correntino, se mostró decepcionado por la nula defensa de la vicepresidenta de la Nación y su familia para con su padre. "Esperaba de Cristina, de Máximo Kirchner un gesto", dijo y advirtió: "Cristina Kirchner debe estar preocupada porque si Lázaro es emblema de la corrupción, no puede haber corrupción sin funcionarios”.

El empresario santacruceño apelará la sentencia a la Cámara de Casación y a la Corte, en un proceso que durará ese lapso. Con 64 años, podría quedar detenido de por vida.

Su defensa había reclamado la absolución y calificó al caso como un "circo judicial". A su hijo Martín Báez lo condenaron a 9 años de cárcel.

El empresario arrastra un pedido de pena de la Fiscalía de 12 años de cárcel y una multa de $2.121 millones. El fiscal solicitó además que sean condenados el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadin a 8 años de prisión. Este miércoles a las 13:30 se conocerá la sentencia en el juicio oral.

Actualmente, el empresario se encuentra detenido en un domicilio que la Justicia dispuso que se mantenga bajo reserva. Tras varios intentos fallidos, argumentando el riesgo de enfermarse de COVID-19, el Tribunal Oral Federal 4 le otorgó al empresario arresto domiciliario por una orden concreta de la Cámara de Casación.

La estancia Cruz Aike, en la zona de El Calafate, es una de las cinco vinculadas a su constructora que serán valuadas por los síndicos de la quiebra.

La medida se concretó un mes después de la prisión domiciliaria que recibió el empresario tras cuatro años y medio preso.

Iba a cumplir su arresto domiciliario en el lugar pero un grupo de vecinos lo impidió en la noche de este lunes. El empresario santacruceño sigue ahora en Ezeiza. Su traslado se realizará una vez que se comprueben las condiciones en que quedará alojado con prisión domiciliaria en el nuevo lugar que aportarán sus abogados.

Con esta decisión, que llega apenas 24 horas después de un fallo de la Cámara de Casación que redujo el monto de la fianza, el empresario podría continuar detenido hasta el final del juicio por la “ruta del dinero K”.

Además, solicitaron tres años de prisión para Leonardo Fariña. La solicitud tuvo lugar en el marco de los alegatos del juicio oral retomado este martes por videoconferencia.