El Gobierno nacional publicó el Decreto 1057/2024, que reglamenta la Ley N° 27.742, modificatoria de la Ley 17.319 de Hidrocarburos. La norma introduce un nuevo paradigma que combina elementos de libre mercado con regulaciones específicas para garantizar el abastecimiento interno y alinear los precios locales con los internacionales.

La reforma busca flexibilizar procesos en exploración, explotación y exportación, promover la producción de Gas Natural Licuado (GNL) y fomentar el almacenamiento subterráneo de gas. Según el texto, “la liberalización del mercado está condicionada a la seguridad del suministro interno”, lo que implica que cualquier exportación deberá garantizar previamente la disponibilidad suficiente de hidrocarburos para el mercado local.

Uno de los aspectos destacados del decreto es el esquema de libre mercado para los precios de los hidrocarburos y sus derivados. Según el Anexo I, los precios estarán determinados por la oferta y la demanda, tomando como referencia las paridades de importación y exportación. El objetivo es reducir distorsiones y mejorar la competitividad del sector.

En cuanto a las exportaciones, la norma establece que, aunque se promueve la libre exportación, la Secretaría de Energía podrá objetar aquellas que comprometan la seguridad del suministro interno. Entre las causales de objeción se incluyen:

- Insuficiencia de reservas o capacidad productiva.
- Prácticas anticompetitivas, como el dumping interno.
- Falta de proporcionalidad entre la exportación y la demanda local.

Para los proyectos de GNL, los permisos de exportación tendrán carácter firme y una duración de hasta 30 años. No obstante, deberán cumplir con requisitos técnicos y económicos, además de garantizar el abastecimiento nacional.

Gestión ambiental y armonización normativa

El decreto también incorpora un marco de regulación ambiental unificado, que deberá ser consensuado entre la Nación y las provincias. Este busca homogeneizar los estándares de gestión en exploración, explotación y transporte de hidrocarburos.

Entre las áreas a regular se incluyen el abandono de pozos, pasivos ambientales, emisión de gases de efecto invernadero y gestión de residuos. Según el artículo 163 de la Ley N° 27.742, el objetivo es aplicar “las mejores prácticas internacionales” para garantizar un desarrollo sostenible del sector.

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