Luz verde para usar dólares no declarados: el control pasa al Estado y se elimina la intervención privada

En un giro significativo hacia la desregulación financiera, el Gobierno nacional ultima los detalles de una normativa que permitirá a los ciudadanos utilizar dólares no declarados —conocidos popularmente como "dólares del colchón"— sin necesidad de justificar su origen ante entidades privadas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y diversas áreas jurídicas del Ejecutivo, busca liberar el uso de divisas atesoradas informalmente, desplazando del proceso a los intermediarios del sistema financiero privado.

Según fuentes oficiales consultadas por Ámbito, el anuncio podría realizarse esta misma semana. La medida apunta a que las personas puedan realizar operaciones con dólares en el país sin tener que presentar certificados contables ni avales de procedencia, y sin que los bancos estén obligados a emitir Reportes de Operación Sospechosa (ROS), una práctica habitual cuando no se puede justificar de manera clara el origen de los fondos.

“La idea es que cada argentino pueda usar sus dólares sin ser perseguido. Que no tengan que dejar los dedos marcados para comprar un bien o hacer una transacción”, aseguró el presidente Javier Milei durante una entrevista radial. El mandatario subrayó que la medida “no tiene fines recaudatorios”, sino que forma parte de una política de liberalización económica más amplia: “Los delincuentes eran los políticos que perseguían al ciudadano. Esto es para devolverle la libertad a la gente”, enfatizó.

Actualmente, operaciones como la compra de vehículos, inmuebles, o la transferencia de fondos al exterior requieren una declaración del origen de los fondos, muchas veces avalada por un contador y certificada por los consejos profesionales. Con esta nueva normativa, ese paso quedará eliminado: será el Estado, y no los privados, el responsable de realizar controles posteriores en caso de que existan sospechas fundadas.

Un alto funcionario explicó: “Hoy todo ciudadano es tratado como sospechoso hasta que demuestre lo contrario. La responsabilidad de controlar también recae sobre el sector privado. Con esta medida, eso se termina: si hay fondos dudosos, que sea el Estado el que investigue”.

Desde el Gobierno aseguran que esta flexibilización no significa una puerta abierta al lavado de dinero. Por el contrario, la reglamentación estará alineada con las normas del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que establecen directrices para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. En este sentido, se buscará un equilibrio entre desburocratización y cumplimiento de estándares internacionales.

La iniciativa ha sido calificada como “audaz” por fuentes del propio oficialismo, y se espera que incentive a que parte del ahorro informal —que, según estimaciones privadas, supera los US$ 200.000 millones— comience a circular en la economía formal, sin generar conflictos con organismos internacionales ni con el sistema bancario.

Este esquema podría facilitar operaciones como compraventas inmobiliarias, inversiones, o simplemente el uso cotidiano de divisas extranjeras, sin pasar por controles rígidos que hasta ahora disuadían a muchos tenedores de dólares no declarados.

Resta por conocer la “letra chica” de la norma, que establecerá los mecanismos de implementación, los límites (si los hubiera) y cómo se garantizará el cumplimiento de las regulaciones contra delitos financieros. Por lo pronto, el Ejecutivo apuesta a que esta decisión sea una herramienta de incentivo económico y de alivio burocrático para miles de ciudadanos que hoy guardan sus dólares fuera del sistema.