El empleo "en negro" y su impacto en el sistema previsional: un futuro de jubilados cada vez más pobres
Casi 6 de cada 10 jubilaciones en los últimos años se concretaron a través de moratorias. Sin ese mecanismo, solo se tiene acceso a una pensión más baja que el haber mínimo. Crece el empleo no registrado y cae la tasa de natalidad, un combo que amenaza con hacer inviable el sistema previsional.
- Casi 6 de cada 10 jubilaciones en los últimos años se concretaron a través de moratorias, lo que pone en riesgo el sistema previsional.
- El gobierno de Javier Milei se niega a actualizar el bono jubilatorio, argumentando la necesidad de mantener el superávit fiscal.
- La falta de actualización del bono ha recortado el poder adquisitivo de los jubilados, con una diferencia significativa entre el aumento de las jubilaciones y el costo de vida.
- La moratoria previsional vencida en marzo de 2024 ha sido clave para que muchas personas accedan a una jubilación, pero su no extensión afectará a 450.000 beneficiarios.
- El 65% de quienes accedieron a jubilaciones mediante moratoria debieron regularizar más de 20 años de aportes, reflejando la precariedad laboral.
- La caída de la tasa de natalidad en Argentina y el aumento de la expectativa de vida complican aún más la sostenibilidad del sistema previsional.
- Se estima que 59 de cada 100 jubilados accedieron a la cobertura mediante moratorias, y sin este mecanismo, los futuros jubilados enfrentarán pensiones aún más bajas.
El fracaso de los intentos de actualizar el bono jubilatorio y extender la moratoria previsional pone en foco el creciente pasivo social que se acumula para los actuales y futuros jubilados, por encima de cualquier mezquindad política.
Desde la fundación Eforo Data echaron luz sobre cuál sería el costo (magro, frene a otros beneficios que otorga el gobierno) de mejorar en algo los bajos ingresos de los adultos mayores, pero además advierten sobre la insostenibilidad del sistema.
La propuesta de actualizar el bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo jubilatorio, que está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, ha sido objeto de discusiones desde el año pasado.
El gobierno de Javier Milei mantiene la negativa ante los pedidos de mejora, bajo el argumento del ‘superávit fiscal’ y mantener el equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, los datos oficiales reflejan no sólo el bajo impacto que una medida así podría tener, sino que además el costo de exenciones fiscales que concede el gobierno a sectores poderosos de la economía implica pérdidas mucho más altas para el Estado.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo fiscal de esta actualización oscilaría entre el 0,44% y el 0,74% del Producto Interno Bruto (PBI). Es decir que no llega a un peso de cada 100 que gasta el gobierno.
Sin embargo, las iniciativas para actualizar el valor entre 108.000 y 115.000 pesos (por IPC, hoy no debería ser inferior a los 150.000 pesos mensuales), fueron parte de los proyectos que no alcanzaron el quórum para ser tratados el miércoles de la semana pasada, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Y aún si hubiera quorum y luego el tema fuera también aprobado por el Senado, el gobierno ya había advertido que vetará cualquier norma que incremente el gasto, tal como hizo el año pasado, cuando vetó la ley de movilidad jubilatoria.
El riesgo de no extender la moratoria previsional
Entre las iniciativas que quedaron sin tratamiento en Diputados, se encontraba también un proyecto para extender la moratoria previsional, que venció en marzo de este año y al no prorrogarse, impedirá en lo inmediato un número importante de acceso a las jubilaciones.
Según explicó Hernán Caram, coordinador de Investigaciones de la Fundación Eforo Data, en base a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la extensión de la moratoria por dos años habría representado un costo del 0,165% del PBI. Por ese mecanismo, podría acceder a la jubilación alrededor de 450.000 beneficiarios.
Al mismo tiempo, destacó que la moratoria anterior había representado sólo un 0,42% del PBI, quedando por debajo de medio punto, por lo que enfatizó, en diálogo con Actualidad 2.0, “el debate no debería centrarse exclusivamente en términos presupuestarios”.
Carla Pitiot, vicepresidente de la fundación, refuerza este argumento, comparando el costo de la moratoria con el del blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional durante el año pasado:
"La última moratoria tuvo un costo de 0,42% del PBI, mientras que el blanqueo representó más del 2,5% del PBI". Esta comparación destaca cómo las prioridades fiscales impactan directamente en los sectores más vulnerables, pero también refleja que la postura de “achicar el gasto” corre sólo frente a los jubilados, ya que por el blanqueo, en definitiva, “gastó” 5 veces más.
Impacto en los jubilados más vulnerables
La falta de actualización del bono ha tenido consecuencias directas en el poder adquisitivo de los jubilados. Un informe del CEPA señala que, al mantenerse congelado ese valor, las jubilaciones mínimas sufrieron un recorte equivalente a $52.000. Mientras los haberes aumentaron entre marzo y septiembre un 74,3%, la mínima sólo creció 48,9%.
Además, la Defensoría de la Tercera Edad estima que la canasta básica para un jubilado asciende a $1.200.000, lo que requiere aproximadamente tres jubilaciones mínimas para cubrirla. Caram enfatiza que "estamos en un nivel de jubilaciones mínimas muy bajo, en un piso histórico".
Pitiot también advierte sobre las consecuencias del fin de la moratoria jubilatoria: "Quitar la moratoria sin tener ninguna política pública alternativa es no mirar la realidad". A su vez, remarca que la medida afecta especialmente a las mujeres, quienes enfrentan trayectorias laborales más fragmentadas y menor inserción formal en el mercado laboral.
Precariedad laboral: la raíz del problema previsional
Uno de los puntos más críticos abordados por ambos entrevistados es la relación entre la informalidad laboral y las dificultades del sistema previsional. Según datos de Eforo Data, el 65% de quienes accedieron a una jubilación mediante moratoria debieron regularizar más de 20 años de aportes. Esto refleja que muchas personas trabajaron formalmente apenas 10 años en toda su vida laboral.
Caram señala que "el requisito actual de tener 30 años de aportes se está transformando en una excepción". En línea, Pitiot alerta que el 50% de los trabajadores actuales están en condiciones precarias y sin aportes previsionales. "Por eso es necesario que el Estado dé una respuesta. La moratoria no es un regalo, es un plan de pagos", remarca.
La moratoria previsional vencida en marzo de 2024 ha sido una herramienta clave para permitir que personas sin los 30 años de aportes requeridos accedan a una jubilación. Caram destaca que "el 65% de las personas que cobran una jubilación accedieron por moratoria".
Pitiot añade que la ausencia de una política previsional alternativa es peligrosa: "Se dejó caer adrede la moratoria sin ningún recurso ni política pública de compensación".
El futuro del sistema previsional y la caída de la tasa de natalidad en Argentina
Ambos especialistas coinciden en que el sistema previsional no puede sostenerse sin considerar la realidad del mercado laboral argentino. Pitiot subraya que "las proyecciones del desempleo para 2025 superan el 7%, debido a la caída en sectores como la construcción y la industria". Esto implica interrupciones laborales constantes y una menor capacidad contributiva.
En palabras de Caram, "hay que mejorar tanto el perfil contributivo como el perfil redistributivo del sistema previsional". Esto implica no solo garantizar la sostenibilidad financiera, sino también asegurar que todos los ciudadanos —en especial los más vulnerables— tengan acceso a una jubilación digna.
Paralelamente, crece en forma silenciosa otro problema. El estudio "Estructuras familiares y cambios sociales. Una mirada de la realidad Argentina", del Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, arrojó que la natalidad cayó un 40% en el país entre 2014 y 2022.
Estos datos permiten proyectar un achicamiento en la población joven en edad de trabajar, mientras se extiende la expectativa de vida y las necesidades de la población adulta mayor. Si ya en la actualidad la relación crítica de 1,6 aportantes activos por cada pasivo es insuficiente, frente a la proporción óptima de 3 a 4 trabajadores activos por cada jubilado, el camino marca que el sistema tiende a ser cada vez menos sostenible.
Ya en la actualidad, 59 de cada 100 jubilados accedieron a la cobertura mediante moratorias. Sin ese mecanismo, quienes terminen su vida laboral en la próxima década, sólo podrían aspirar a una PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), que es una prestación aun más baja que la jubilación mínima, ya que equivale al 80% de su valor.
Es probable que la próxima reforma sea previsional y se extienda la edad jubilatoria, según la filosofía del gobierno actual. Trabajar hasta que no haya más fuerza, o hasta que ‘las velas no ardan’, será la consigna.
Una variante menos poética, y de menor talla moral, que ‘El diario de la guerra del cerdo’, aquella cacería de viejos por parte de los más jóvenes, imaginada por Adolfo Bioy Casares en 1969. Para quien no la leyó, tendrá una idea aproximada al observar lo que pasa cada miércoles, nada menos que frente al Congreso de la Nación.
La última moratoria y su impacto fiscal
- Según los últimos datos de ANSES, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024, el 59% se debe a la implementación de las moratorias.
- A finales de 2024, cerca del 60% de los jubilados lo hicieron a través de unamoratoria.
- En 2024, las prestaciones otorgadas a través de las moratorias previsionalessumaron $10,6 billones.
- Cerca del 44% del gasto previsional corresponde a beneficiarios queaccedieron mediante moratorias.
- A pesar del fuerte ajuste implementado en 2024 en el gasto previsional, laserogaciones para los beneficiarios de moratorias representaron el 2% del PBI, cifraque se eleva al 2,5% si se incluyen los bonos otorgados para compensar la pérdida depoder adquisitivo.
