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Estaba previsto que entre en vigencia a partir del 1° de enero en todo el país. Pero en las última horas, tras una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación, se definió dar marcha atrás con la medida.

La información fue dada a conocer por la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS). Será del 9% y afectará tanto a hospitales como sanatorios, servicios de emergencias médicas, psiquiátricos, centros de atención odontológica y geriátricos, entre otros.