En el ejido urbano de Comodoro Rivadavia hay alrededor de 2.000 antiguos pozos petroleros, fuera de actividad, lo que a partir de los radios de seguridad involucra, estimativamente, más de 200 hectáreas. 

Según las circunstancias y necesidades de urbanización, desde el municipio se apunta a reducir parte de esas restricciones, en gestiones ante el Ministerio de Hidrocarburos.

La situación del pozo que fue objeto de un fallo judicial de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ordena el re-abandono de esa antigua perforación que data de tiempos de la YPF estatal, tal como informó ADNSUR, es una controversia que puede darse cuando se construye sobre esas locaciones sin respetar los radios de seguridad.

No sólo hay pozos que dejaron de explotarse décadas atrás, sino otros que fueron objeto de actividad hace unos pocos años, como esta imagen captada en 2011.
No sólo hay pozos que dejaron de explotarse décadas atrás, sino otros que fueron objeto de actividad hace unos pocos años, como esta imagen captada en 2011.

Aunque desde organismos oficiales, tanto la Subsecretaría de Ambiente como desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, se salió a aclarar que los pozos abandonados en el ejido urbano no revisten peligrosidad, el fallo judicial dejó el alerta sobre el riesgo que puede implicar esa antigua instalación. 

Es difícil saber con precisión, dentro del desordenado crecimiento que ha tenido la ciudad a lo largo de su historia, construida específicamente sobre antiguos campamentos petroleros, si pudieron darse otros casos similares, ya sea por desconocimiento o, aun a sabiendas del riesgo, por el avance espontáneo de asentamientos ilegales de viviendas en distintos puntos del ejido urbano.

Abandono y radios de seguridad

Es necesario repasar parte de la normativa en materia de abandono y sellado de pozos petroleros, una vez que dejan de explotarse, como ocurre con las alrededor de 2.000 perforaciones que el municipio contabiliza oficialmente en el ejido urbano de la ciudad.

Hasta antes del año 1996, una norma del año 1933 determinaba el modo en que debía abandonarse una instalación petrolera en desuso, con determinadas técnicas conocidas hasta ese momento, que son las que rigieron por las siguientes cuatro décadas.

El problema es común a toda la Patagonia, como refleja esta imagen captada en la localidad de Allen. Foto: Diario Río Negro.
El problema es común a toda la Patagonia, como refleja esta imagen captada en la localidad de Allen. Foto: Diario Río Negro.

De este modo, la mayoría de los pozos abandonados en el interior del actual ejido urbano de Comodoro Rivadavia siguieron el procedimiento reglado por el decreto 33.598/22, que entre sus aspectos más importantes dejaba establecido un radio de seguridad de 60 metros. 

Dicho radio significa que, una vez abandonado y sellado el pozo, no se deben realizar construcciones en 60 metros a la redonda del mismo, por razones de seguridad. 

La resolución 05 del año 1996, elaborada por la Secretaría de Energía de la Nación, determinó un nuevo procedimiento para el abandono y sellado definitivo. Siguiendo esa norma, que es la que rige hasta la actualidad, el radio de seguridad puede considerarse prácticamente cero y es la que se aplica hoy para el abandono definitivo en los campos, aunque los pozos que están dentro de la ciudad quedaron abandonados con la antigua técnica y el correspondiente radio de 60 metros. 

Según información relevada en ámbitos oficiales del municipio, en el ejido hay alrededor de 1.600 pozos que pertenecieron a  la explotación de YPF Sociedad del Estado y otros 400 pertenecientes a CRI Holding, Petroquímica o Capsa. 

En base a los radios de seguridad, se estima que el total de tierras en las que no se puede avanzar urbanísticamente está en un orden superior a las 200 hectáreas, aunque algunos asentamientos han avanzado sobre este tipo de instalaciones y vulneraron dichos radios, lo que implica un riesgo para la seguridad de quienes ocupan esos espacios.

Planificar para evitar riesgos

Aunque el tema se ha tratado históricamente desde las áreas de Ambiente y Catastro del municipio, en el último tiempo ha tenido mayor injerencia la Secretaría de Planeamiento Urbano, a partir de la proyección de nuevas zonas para urbanizar, según se indicó desde el municipio ante la consulta para este informe.

El legado de 115 años de explotación petrolera: hay unos 2.000 pozos abandonados en el ejido de Comodoro y 200 hectáreas de tierras inutilizables

Para evitar problemas a futuro, cada vez que el municipio prevé avanzar en nuevas urbanizaciones, en caso de encontrar zonas afectadas por radios de seguridad debe realizar el requerimiento ante el Ministerio de Hidrocarburos, para verificar el historial del o los pozos de que se trate.

En algunos casos, cuando se cuenta con la documentación inherente al pozo de que se trate, una vez corroborado el procedimiento que se le efectuó, es posible que el radio de seguridad sea reducido a menos de la distancia original, como pueden ser 40 ó 30 metros. 

“Puede haber un inconveniente para el paso de una cañería de servicios –explicaron quienes trabajan en relación al tema- y en ese caso, con una reducción del radio, sin que esto implique un riesgo para la seguridad de las personas, se puede avanzar con el tendido”.

Como se dijo, cada situación se va evaluando en forma particular, por lo que no de los funcionarios explicó que se actúa “de forma quirúrgica”, ya que cada vez que se está frente a un pozo debe analizarse puntualmente su historial, la posible respuesta geológica y las acciones que la operadora esté dispuesta a realizar en caso de que resulte necesario un procedimiento específico.

De igual modo, las operadoras petroleras están obligadas a presentar, dentro de sus planificaciones anuales, un programa específico de abandono de pozos, por lo que puede haber casos en que el propio municipio le plantee la necesidad de priorizar una zona determinada de su ejido urbano, para poder avanzar en proyectos de urbanización.

Parte de esas gestiones se realizan en permanente contacto con YPF, por su rol de continuadora de la histórica explotación petrolera de la ciudad, por lo que el programa de abandono incluye perforaciones de la zona urbana. 

En la actualidad, el costo de abandono de un pozo tiene un costo estimado en 130.000 dólares, mientras que si esa tarea debe realizarse en área urbana, el costo puede superar los 200.000 dólares. Vale recordar que en el ejido no sólo hay viejos pozos que dejaron de explotarse décadas atrás, sino otros más recientes, a los que cabe el procedimiento normado desde el año 1996. 

Navarro: “Son más de 4.000 los pozos en la ciudad”

Para la concejal Viviana Navarro, presidente de la comisión de Tierras del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, la cantidad de perforaciones abandonadas en el ejido comodorense supera largamente las que tiene registradas el municipio.

“Son entre 4.200 y 4.500 pozos –aseguró-, porque tenemos que diferenciar la gran cantidad de pozos que están en zona norte y que corresponden a concesiones mineras. La mayoría son de Cri Holding y ellos quedaron por fuera de la resolución del año 1996, se manejan con el Código de Minería. En esos casos, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Minas de la provincia, que está en la órbita del Ministerio de Hidrocarburos”.

Según explicó la edil, en esos casos se apunta a trabajar con el titular del área minera, Bruno Restuccia, para reducir los radios de seguridad de esos pozos. “Días atrás tomamos vista de la situación de una persona que vive en Restinga, que le brota petróleo de la vivienda y a la que Camuzzi le cortó el gas”, graficó.

En algunos casos, los asentamientos se concretan sobre pozos todavía en actividad, como esta situación relevada por el municipio en el año 2014.
En algunos casos, los asentamientos se concretan sobre pozos todavía en actividad, como esta situación relevada por el municipio en el año 2014.

Un caso paradigmático para la ciudad es el del cementerio de Km.9, que en su lógica necesidad de ganar espacio ha chocado contra los pozos de la mencionada concesión minera.

“Ahí hicimos una reunión para ver qué manera se puede resolver –relató la edil-, porque salvo que la provincia le quite la concesión minera, no queda otra que coexistir y ver qué plan de trabajo podemos consensuar para avanzar en forma mancomunada. Para que ellos puedan acceder a sus pozos y la gente del municipio pueda trabajar también, porque necesita expandir el cementerio”.

Por su parte, Navarro también aludió a un asentamiento ilegal que se formó en cercanías del faro, en el que en la última sesión del Concejo Deliberante se cambió el uso de suelo, que estaba determinado como área suburbana y pasó a zona urbana para que el municipio pueda llegar con los servicios. Sin embargo, será necesario también acordar el achicamiento de radios de seguridad, ya que esas viviendas avanzaron sobre áreas que registran actividad petrolera bajo concesión minera. 

En ámbitos oficiales insistió en que la situación es compleja, en una ciudad que creció sobre lo que antiguamente era una explotación petrolera. A tal punto se reconocen las dificultades, que alguien encontró un tono de sarcasmo para graficar la situación: si el cementerio de km 9 avanza, sobre tierras que son fiscales, pero que están contiguas a una concesión minera, podría darse la paradójica sorpresa de que un día se encuentren con un equipo petrolero... arriba de una tumba.
 

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