CHILE (ADNSUR) - La emblemática Torre Telefónica de Santiago de Chile volvió a ser iluminada con una consigna como había ocurrido durante las protestas que sacudieron al país desde octubre del año pasado. “Hambre”, decía. la palabra se extendía por toda la fachada. Expresaba lo que se había vivido el día anterior en el barrio de El Bosque, al sur de la capital. Unas cien personas se enfrentaron a los carabineros al grito de “¡Tenemos hambre!”. El levantamiento fue acompañado en otros barrios cercanos. “Necesitamos trabajar, necesitamos que llegue algo de ayuda”, decían los vecinos. Saquearon una distribuidora de gas. En el centro, cerca de La Moneda, los manifestantes quemaron un colectivo y en otros sectores de clase media y trabajadora, se escucharon cacerolazos, según informó Infobae.

“Nosotros llevamos muchas semanas en cuarentena, desde antes que la decretara el presidente porque sabemos que no tenemos camas en nuestros hospitales del sur de Santiago”, explicó a radio Cooperativa Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, otro barrio popular del Gran Santiago. “El hambre se está viendo desde hace varias semanas. Cada día la gente está organizando más ollas populares y la gente viene, no como antes que era un comedor, ahora vienen a buscar comida toda la familia y se llevan para la casa porque no tienen nada”, dijo Pizarro. Los alcaldes de los barrios periféricos están haciendo críticas muy duras al gobierno de Sebastián Piñera al que acusan de “improvisar en la pandemia” y de “hacer grandes anuncios que después no cumple”. El domingo pasado el presidente anunció en una cadena nacional que se distribuirían 2,5 millones de cajas de alimentos a los más pobres, pero no dijo cuál sería el criterio para repartirlas. En abril, Piñera había anunciado la entrega de un bono familiar de un monto equivalente a 317 dólares para unos 4,5 millones de los chilenos más vulnerables, que aún no se entregó. Ahora, prometieron otra ayuda de un máximo de 65.000 pesos (unos 80 dólares) por cada integrante de las familias que perciben ingresos informales. “La gente ya no da más, es el hambre o el coronavirus”, dijo la alcaldesa Pizarro. Y aseguró que, en su comuna de 200.000 habitantes la tasa de contagios es “superior al 40%”. “Aquí va a morir mucha gente; espero equivocarme, pero la situación es grave”, agregó.

Entre marzo y abril se perdieron más de medio millón de puestos de trabajo formales. La economía ya venía muy golpeada por los tres meses de protestas constantes en Santiago y buena parte del país. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ya advirtió que el nivel de pobreza en Chile puede pasar del 9,8 % de 2019 al 13,7 % en 2020. “Si bien es cierto que Chile tiene uno de los sistemas laborales más formales de América Latina, estamos hablando de que hay 2,6 millones de personas con un trabajo informal, es mucha gente, y a ellos, al día de hoy, prácticamente no les ha llegado nada”, explica Rossana Castiglioni, politóloga de la Universidad Diego Portales. “Si a la gente no le llega comida, ni productos básicos, ni ingresos, va a ser muy difícil que permanezca en sus casas desmovilizada como pretende el gobierno”.

El gobierno de Piñera está dentro de una situación muy complicada por la agudización de la crisis económica y la posibilidad de que se tenga que posponer nuevamente el referendum para modificar la Constitución. AP Photo/Esteban Felix)
El gobierno de Piñera está dentro de una situación muy complicada por la agudización de la crisis económica y la posibilidad de que se tenga que posponer nuevamente el referendum para modificar la Constitución. AP Photo/Esteban Felix)

En abril ya había habido protestas en la Plaza Italia, el epicentro de las enormes movilizaciones de fines del año pasado que fue rebautizada como Plaza Dignidad por los manifestantes. “El sistema chileno es más cruel que el coronavirus”, “El Piñeravirus es más mortal que el coronavirus”, decían los carteles pintados a mano que quedaron colgados de la estatua del general Baquedano. Y con ellos el regreso de los “guanacos” (carros lanza agua), los “zorrillos” (que lanzan gases lacrimógenos) y los piedrazos. A pesar de la emergencia sanitaria, la imagen se repitió en otras capitales regionales, como Antofagasta, Concepción y Valparaíso, donde también se levantaron barricadas. Era el 26 de abril, la fecha original programada para la realización del plebiscito que busca cambiar la Constitución heredada del régimen pinochetista. Había sido la principal reivindicación de las protestas. Con la llegada del coronavirus, a mediados de marzo, la agenda que buscaba descomprimir la tensión social pasó a segundo plano y el referendum fue postergado para el 25 de octubre. Una fecha que el propio Piñera también puso en duda. “Quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que quizás se va a volver a discutir”, dijo en una entrevista con CNN.

La polémica ya estaba planteada y se entrometía en la cuarentena. El diputado del partido oficialista Renovación Nacional, Diego Schalper, abrió el paraguas. “Chile está en crisis. Y habrá que ver la dimensión de la crisis en junio o julio para resolver si es que están las condiciones adecuadas para realizar un plebiscito que tenga la participación y la legitimidad necesarias”, aseguró. “Hay que volver a trabajar y a desarrollar distintas actividades, pero de ahí no se sigue a que sea posible tener un día de votación con alta participación, tener una campaña como la que todos queremos para que este proceso tenga legitimidad”, agregó. La respuesta de la oposición fue contundente. “En democracia no se cancelan ni se suspenden elecciones por crisis económicas”, argumentó el diputado Gabriel Boric, de la coalición opositora Frente Amplio que alberga a diversas corrientes de la izquierda. “Hay un sector de la derecha que nunca ha querido cambiar la Constitución y que está buscando cualquier excusa para tratar de instalar un debate en torno al tema. Yo quiero ser enfático: nosotros vamos a defender el itinerario constituyente, aunque no les guste”, agregó.

Las nuevas protestas mostraron que la pandemia no había logrado apagar la llama del descontento que estalló con el “Chile despierta”. “Todo lo que nos llevó inicialmente a salir a la calle sigue vigente, como la inequidad en los salarios y en el acceso a la salud y educación. Hay desigualdad, injusticia y un constante apoyo a los empresarios y grupos económicos”, dijo a TVN Paloma Grunert, quien asistió a todas las movilizaciones desde octubre. Otro manifestante, Cristóbal Venegas, comentó que “con el coronavirus quedaron aún más en evidencia los problemas de la gente. No hay credibilidad en el gobierno ni en la clase política. Las demandas sociales están a flor de piel”. De acuerdo con el académico de la Universidad de Cambridge y experto en movimientos sociales, Jorge Saavedra, este último punto es justamente el que explica el “rebrote” de las manifestaciones. “Lo que ha hecho el coronavirus es visibilizar las desigualdades estructurales por las que se protestó en su momento”, dijo a BBC Mundo. “Si en Chile antes se protestaba por la desigualdad en la salud, eso ahora ha quedado en evidencia. Lo mismo ha pasado con la precariedad laboral, donde se ha visto lo frágil que era el sistema. Se demostró que el mercado no solucionaba los problemas porque ahora el propio mercado le está pidiendo ayuda al Estado”, agregó. El gobierno respondió con un plan de emergencia económica de 11.750 millones de dólares. También reforzó el área de Salud con un incremento adicional del 2% del presupuesto. Y un fondo de empleo de 2.000 millones de dólares para la protección de los ingresos de los trabajadores más vulnerables.

Pero nada de esa ayuda se hizo visible hasta ahora entre los más necesitados. La distribución de las cajas de ayuda había comenzado débilmente el viernes en tres barrios de la capital. Pero la información de que sólo queda un 15% de respiradores disponibles y la cifra de 1 muerto cada 32 minutos en el país por el coronavirus, volvió a ensombrecer la acción del gobierno.El gobierno de Piñera está dentro de una situación muy complicada por la agudización de la crisis económica y la posibilidad de que se tenga que posponer nuevamente el referendum para modificar la Constitución.