SAN JUAN (ADNSUR)  -Una mujer solicitó a su obra social que le practiquen un aborto en una clínica privada, pero su expareja no está de acuerdo con su decisión y pidió a la Justicia que interviniera para que el bebé nazca. La resolución del caso podría sentar un precedente en San Juan.

De acuerdo a la norma sancionada por el Congreso Nacional el año pasado, una persona gestante puede interrumpir su embarazo hasta la semana 14 y el establecimiento médico debe responder su solicitud en un plazo no mayor a diez días.

El hombre detalló que el embarazo lleva 12 semanas: “Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero solo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, dijo.

Asimismo, manifestó a Radio AM 1020: "Solo quiero que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil, los días pasan y se nos acaba el tiempo”, expresó el hombre y agregó: “Como pensamos diferente [con su expareja], hemos perdido el diálogo, pero a pesar de eso le propuse que lo tenga y me lo entregue. Si después ella quiere continuar con su vida lo va a poder hacer”.

Según infirmó el Diario Huarpe de San Juan, la pareja se habría distanciado por las discrepancias entre ambos al ella expresar su voluntad de ejercer el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El hombre consideró que ahora “todo se focaliza en los derechos de la mujer” y anticipó que acudió a la Justicia para intentar resolver el conflicto. “Ahora espero que por favor entiendan que solo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo”, señaló.

“Derecho a ejercer la responsabilidad parental”

Los abogados defensores del hombre,  Mónica Lobos y Martín Zuleta presentaron una medida cautelar en el Juzgado de Familia para que se “proteja el embarazo” hasta que se resuelva la cuestión de fondo. “Es un papá que está presente, que quiere que nazca su hijo, protegerlo, y que está en este momento devastado por la posibilidad de perderlo”, dijo Lobos.

“Acá nos encontramos ante una vulneración de derechos: el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho de igualdad, el derecho a ejercer la responsabilidad parental cuidando y protegiendo a su hijo, que se encuentra amenazado de muerte”, explicó y pidió que las obras sociales y cualquier otra entidad pública o privada “se abstengan de realizar la práctica abortiva porque esta aniquilación de derechos no es subsanable”.

En ese sentido, agregó: “Una vez muerto el niño, sea cual fuere la decisión del tribunal sobre la cuestión de fondo, será imposible revertir y garantizar el respeto a los derechos esenciales que pedimos sean protegidos”.