Las distribuidoras de gas lo compran en dólares, y lo cobran en pesos. Por el abrupto alza de la moneda extranjera los hizo perder 20.000 millones de pesos. El Gobierno Nacional pretende que la mitad de eso lo paguen los usuarios.

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR/EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA - POR RAUL FIGUEROA) - La compensación que pretende la resolución 20/18 de la Secretaría de Energía de la Nación retrotrae el debate por la política energética del gobierno nacional, que apunta a garantizar estabilidad y renta a las empresas privadas, sin considerar la capacidad de pago de los sectores sociales que vienen afrontando incrementos tarifarios que ponen en riesgo la capacidad de pago de muchos segmentos sociales. Aquí, ADNSUR expone tres claves para entender qué se discute hoy cuáles son algunos de los criterios en pugna.

Tres claves para entender el golpe al bolsillo por aumento del gas

1) El seguro de cambio se estableció en el marco normativo de principios de los años 90, en un contexto de desregulación de los hidrocarburos, privatizaciones de empresas estatales y ley de convertibilidad con tipo de cambio fijo. En ese esquema, regía la posibilidad de cobrar ajustes por desfases entre el peso y el dólar, aunque la modificación no podía ser abrupta porque el tipo de cambio estaba fijado por ley y no había variaciones, salvo diferencias circunstanciales propias del mercado de cambio.

2) Hoy las distribuidoras compran el gas a las productoras gasíferas en dólares (si bien el precio de referencia es dolarizado en todo el mundo, en Argentina rigen distintas referencias de precios, que van desde las licitaciones para la compra de gas destinado a generar electricidad –alrededor de 4 dólares por Millón de BTU-, hasta los precios artificiales que garantiza Vaca Muerta con subsidios estatales -7,50 dólares MBTU), pero los cobran en pesos a sus usuarios. El precio del gas y la cotización del dólar se establecen cada seis meses. En este caso, la última fijación había sido en abril, con un tipo de cambio referenciado en 20,18 pesos por cada dólar, mientras que en septiembre el tipo de cambio subió hasta los 40 dólares: las productoras sostienen que por esa diferencia acumulada en 5 meses perdieron alrededor de 20.000 millones de pesos. La Asociación de Defensores del Pueblo planteó que se debe dejar de lado la dolarización de tarifas, al tiempo que en las audiencias públicas postuló –sin éxito- que los incrementos tarifarios no pueden superar el tope establecido para las negociaciones salariales.

3) El gobierno nacional, a través de su Secretaría de Energía, impulsa una compensación que representa la mitad de ese monto, por lo que pretende que los usuarios devuelvan 10.000 millones de pesos para que las distribuidoras puedan abonar la diferencia a las productoras. Lo extraño es que las cifras se manejan sólo en base a trascendidos que dejan filtrar las empresas, sin que el Estado haya presentado su propio esquema de cálculos. Vale recordar además que:

a) una parte de la producción de gas recibe fuertes subsidios estatales, que para el año próximo se establecieron en 700 millones de dólares, según el proyecto de presupuesto 2019.

b) si bien la referencia de precios del petróleo y gas se da en dólares, no toda la producción está dolarizada (como los salarios de los trabajadores, los impuestos que pagan las empresas), por lo que un debate profundo debería blanquear cuál es la incidencia real de los costos en dólares (equipos de perforación, herramientas, productos químicos, etc) sobre la ecuación general.

Según Iguacel, la devolución en 24 cuotas de los 10.000 millones de pesos implicaría entre 90 y 100 pesos mensuales por cada usuario. El problema es que en el marco de inestabilidad cambiaria del país, el mecanismo compensatorio podría volver a aplicarse en mayo, en base a las diferencias que surjan entre el dólar que regía a fines de septiembre –cuando se fijaron los aumentos tarifarios que rigen desde octubre- y el tipo de cambio en marzo del año próximo. Además, no se tiene en cuenta que las tarifas vienen arrastrando incrementos que superan largamente el 1.300%, más allá de que el gobierno los sectores de la industria justifican esos precios en la necesidad de favorecer inversiones para, a partir de una mayor producción de gas, los precios tiendan a estabilizarse en el mediano plazo. Por ahora, los resultados de Vaca Muerta son la exportación de gas hacia Chile, mientras 40% del país sigue –y seguirá- careciendo de redes de gas natural.