La decisión sobre el futuro de Correo Argentino quedará ahora en manos de la Cámara Comercial, que deberá decidir si confirma o no la quiebra.

La jueza comercial Marta Cirulli hace dos semanas declaró la quiebra de la firma Correo Argentino S.A., pero este miércoles la suspendió provisoriamente luego de que el Grupo Macri lo apelara con duras críticas a la intervención del gobierno nacional en el caso.

En su nueva resolución, Cirulli concedió con efecto “suspensivo” la apelación presentada por Correo Argentino; por eso, la quiebra solo se materializará una vez confirmada por las instancias judiciales superiores. “Me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido”, sostuvo la jueza al suspender su fallo anterior, que no solo frenó la quiebra sino también otras medidas ordenadas junto con ella, como la prohibición de salida del país de los directivos de la compañía.

La apelación que presentó Correo Argentino sostiene que “la sentencia de quiebra exhibe insalvables defectos” y que es “innegable la absoluta revisión que merece tal decisión”.

Además, volvió a cuestionar la competencia de la jueza Cirulli y recordó que la empresa hizo un planteo para que interviniera en el caso el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que accedió a tomar el expediente. Se generó así un conflicto de competencia entre la justicia comercial y el tribunal superior porteño.

Los abogados de la compañía insistieron en sus críticas al procurador del Tesoro, Carlos Zannini,que como representante del Estado se negó a aceptar la oferta de pago de Correo Argentino y fue determinante para que cayera la posibilidad de un salvataje.

“Lo expuesto supra cobra especial relevancia, pues a pocas horas de dictarse la resolución de decreto de quiebra, el representante del Estado Nacional declaró, ante los medios, que el objetivo real de la actitud asumida por tal acreedor en el proceso, ha sido (y es) perseguir una extensión de quiebra a las accionistas”, sostuvieron los abogados de Correo Argentino.

Esto demostraría “un evidente desinterés en percibir el crédito por parte de la concursada, con fines extra concursales”, sostuvo además la apelación.

Un nuevo informe

Mientras tanto, en la justicia penal, el juez federal Ariel Lijo recibió un nuevo informe en el expediente que investiga la propuesta de pago que hizo la empresa postal al Estado. Las conclusiones del trabajo ratifican lo que ya había arrojado un documento anterior: que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino y aceptada por el Estado en 2016 implicaba una quita superior al 90%.

En este expediente penal el expresidente Mauricio Macri está denunciado, pero nunca fue citado a indagatoria.

Sí fueron indagados por esta causa, hace más de dos años, el exministro de Defensa y exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el presidente del Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa; el abogado de la compañía, Jaime Leonardo Kleidermacher, y el encargado del área de jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa. El juez no decidió todavía si va a procesarlos.

Las conclusiones del primer informe recibido por Lijo en febrero de este año indicaban que el acuerdo entonces aceptado por el macrismo resultaba perjudicial para el Estado. Robirosa y Kleidermacher cuestionaron los cálculos en los que se basaba ese estudio y pidieron, a través de sus abogados, ordenar un peritaje contable. A raíz de ese planteo Lijo no ordenó un peritaje pero sí un estudio económico y financiero.

Según este nuevo informe, que fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos que depende de la Corte Suprema de Justicia (Dajudeco), “en el marco del periodo circunscripto desde la presentación del concurso, el 19/09/2001, hasta la fecha de propuesta de pago, el 28/06/2016, y evaluando la totalidad de los supuestos hipotéticos planteados, surge que en todos los casos la propuesta de pago realizada por Correo Argentino SA estimó una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado”.

El juez había indagado a Aguad, Kleidermacher y Cibils Robirosa cuando consideró que podría tener elementos en el expediente para procesarlos y que los imputados debían tener su instancia de defensa.

El objetivo de esta última medida de prueba era determinar si hubo una aceptación de una oferta abusiva, que es lo que para el juez podría constituir delito.

Lijo hizo lugar a una parte de ese planteo y ordenó en marzo un nuevo estudio al equipo de especialistas en quiebras de la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Esos profesionales deben opinar sobre las objeciones de las defensas al informe recibido.

Fuente: La Nación