Pocas veces en la historia de la provincia quedó expuesto el rol de empresarios y parte del poder económico en hechos de corrupción en la gestión pública, en el marco de la causa conocida como “Revelación”, por lo que la aceptación de suspender el juicio a cambio de una reparación económica ha abierto un debate que está lejos de cerrarse.

Para el juez y los fiscales, la reparación de comisarías y gimnasios ha sido una sanción válida para los 4 empresarios que propusieron este acuerdo, con obras que engloban alrededor de 9 millones de pesos, lo que implica que la misma solución podría aplicarse a la mayoría de los 27 imputados que hasta ahora están acusados del mismo delito, que incluso podrían llegar hasta 60.

Lo que ya no podrá dilucidarse, salvo que el acuerdo sea incumplido por algún involucrado o no se respeten las pautas de conducta asumidas durante el año y medio que estará vigente el período de “prueba” (en cuyo caso se podría reanudar el proceso y afrontar el juicio oral y público para dilucidar cómo ocurrieron los hechos) es la profundidad de un sistema que, según reconocieron acusadores y acusados, ha formado parte de una modalidad de la obra pública durante los últimos 30 años.

¿Será éste una bifurcación del camino, para cambiar esas formas de vinculación entre el sector privado y el público? ¿O se trata sólo de una receta cosmética, o un placebo para dar vuelta la página y seguir caminando como se pueda, a sabiendas de que la gangrena torna insalvables ya muchas partes del cuerpo social?

Reparación económica: corrupción, colusión y las víctimas del cielo
La provincia pierde la oportunidad el sistema judicial de la provincia parece quedar a contramano

El valor económico del ilícito

El mensaje que queda como antecedente puede ser riesgoso para el sistema, más allá de las particularidades personales de los involucrados en este caso: si hay capacidad económica para ofrecer reparaciones, el delito puede quedar sin juzgamiento. Mañana, la discusión podría quedar limitada al valor económico del tipo de ilícito cometido. Uno de los abogados defensores, incluso, ya anticipa ese nuevo paradigma: “mi cliente ofreció una obra superior a los 3 millones de pesos, por un supuesto cohecho de sólo 200.000 pesos”, dijo uno de los letrados intervinientes. En otras palabras, el delito quedaría reducido, como tantos otros aspectos de la vida, a una mercancía más del mercado.

Aun dentro de esa misma lógica, las críticas se escuchan en distintos ámbitos, más allá de quienes han planteado su oposición, como los querellantes de la investigación y distintos actores políticos. En algunos círculos empresarios, por caso, se escucha comentar que las obras ofrecidas no exceden del valor que en muchos casos se invierte en el marco de las normativas de “responsabilidad social” que rigen en la ciudad.

Una mirada menos escéptica, por otro lado, podría tomar este punto de partida y aguardar nuevos resultados. Incluso en el plano nacional, las investigaciones que involucran a empresarios y sus negocios con el poder político (a contra turno, claro) mantienen en vilo a buena parte del poder económico, aunque con suertes dispares según admitan involucrar directamente o no a líderes del kirchnerismo.

Dejando de lado las innegables falencias que también atañen al Poder Judicial, vale reiterar que en ambos casos está latente el delito de “colusión”, lo que en teoría abrirá una nueva investigación en la provincia (para investigar los posibles sobre precios aplicados en la obra pública, para que aún pagando coimas la misma siguiera siendo negocio rentable) y en la causa que es objeto de debate nacional, la de los “cuadernos”: un pacto entre funcionarios y empresarios para obtener beneficios mutuos, en detrimento de dineros que debieran garantizar la salud y la educación, entre otros servicios esenciales del Estado.

Luego, el rol de “víctimas” de los empresarios, sea en Chubut o en el ámbito nacional, aparece bastante desdibujado, o por lo menos cubierto de un manto de cinismo. Sobre todo cuando se piensa entonces cuál sería la categorización para personas que deben aguardar horas para ser atendidas en un hospital, o cuando se toman en cuenta los días de clases perdidas por conflictos salariales o mal estado de edificios escolares, por vicios en su construcción o deficientemente reparados.

Tal vez cuando se priorice a las reales víctimas, que muchas veces aceptan su suerte pequeña como un castigo del cielo, los socios del poder acepten cambiar su modo de actuar, cualquiera sea el castigo latente, ya sea éste de temer o la mera amenaza de sanciones a cubrir con la chequera.