Empresas pesqueras del puerto de Comodoro Rivadavia rechazaron el planteo formulado en los últimos días por el Sindicato camionero, tras bloquear las instalaciones y exigir la contratación de un servicio habilitado para el procesamiento de residuos líquidos del procesamiento de productos pesqueros. Asimismo, una de las firmas interpuso un recurso judicial para cuestionar la legalidad de la norma bajo la que se iniciaron actuaciones para labrarles multas desde el Ministerio de Ambiente.

“Las plantas industriales de procesamiento de productos del mar, de Comodoro Rivadavia no contaminamos y no tiramos nuestros residuos al mar”, expresaron desde el sector.

“Cada empresa procesadora tiene en sus instalaciones la infraestructura necesaria para procesar  los residuos sólidos y los líquidos, separándolos y filtrándolos para realizar la disposición que  corresponde. Esos líquidos NO se arrojan al mar, sino que el agua previamente tratada se vuelca  en el sistema sanitario”, añadieron.

Por otro lado, cuestionan también que hay una sola empresa habilitada para brindar el servicio de disposición final de los residuos, tanto líquidos como sólidos. Para este último fin, vinculado a la disposición final de los desechos de pescado, aseguraron que se ven obligadas a contratar al único prestador y a pagar por adelantado por dicho servicio, por lo que rechazaron los argumentos de que no disponen legalmente los residuos que resultan tras procesar, por ejemplo, el langostino o la merluza.

“A raíz del conflicto suscitado entre esa empresa y el sindicato, nuestras empresas no pueden enviar los residuos para la disposición final a pesar que ya se cobró por adelantado ese servicio –añadieron desde la firma Pesquera Puerto Comodoro-.  Ese incumplimiento provoca que las empresas de procesamiento de pescado no puedan llevar  adelante su actividad quedando paralizadas por no poder enviar los residuos sólidos a  disposición final”.

Días atrás, el sindicato que conduce Jorge Taboada había llevado adelante una serie de reclamos al señalar que la empresa prestadora del servicio despediría 30 trabajadores camioneros, por no recibir el pedido de traslado de los desechos líquidos. Sin embargo, las plantas respondieron que el alto costo aplicado para el traslado impide contratar ese servicio, que resulta un sobre costo para la actividad productiva, cuando en realidad los líquidos son eliminados al sistema de efluentes cloacales “con mayor calidad que los propios efluentes cloacales, porque es agua procesada después del proceso –según aclaró uno de los voceros de la empresa-. No estamos arrojando químicos ni sustancias contaminantes”.

“No es cierto que exista un incumplimiento ambiental. No existe ninguna sanción aplicada a las empresas –añadieron desde la firma-. Y por otro lado, la justicia ha confirmado en segunda instancia una sentencia que condena al Ministerio de Ambiente a informar documentadamente las certificaciones de aptitud del proceso de disposición final que lleva a cabo la empresa permisionaria que ha provocado este conflicto con sus incumplimientos laborales”.

Finalmente, advierten que las medidas realizadas por el sindicato camionero pueden poner en riesgo una actividad que involucra 1.500 puestos de trabajo, ya que se avecina la temporada de mayor trabajo, al tiempo que señalan que el conflicto planteado es ajeno al sector pesquero.

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