La  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidió a la justicia la inconstitucionalidad del protocolo de uso de armas de fuego en Chubut. Y detalló en un comunicado que llegó a la acción judicial "por unanimidad" por "la falta de respuestas" del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y del procurador general, Jorge Luis Miquelarena.

Además, consideró que el protocolo de uso de armas de fuego en Chubut es inconstitucional porque "no establece los principios básicos que deben regir en el uso de armas de fuego para minimizar su peligrosidad", y "los principios de excepcionalidad, progresividad y último recurso no están legislados por lo que el uso de armas letales puede interpretarse, y así lo fue en el caso Tino Jhon, como primer recurso frente a situaciones que ameritan otro abordaje, por caso la contención de salud mental".

Sobre esto, agregó que la aplicación del protocolo generó un "enorme impacto" en Chubut con el asesinato de Martín Alejandro Tino Jhon, un vecino de la Comarca Andina con "problemas psiquiátricos, que fue la víctima inaugural", y señalaron que este homicidio es "emblemático" en la medida que el grupo Geop, "el más especializado de la Policía de la provincia de Chubut, mató de un disparo en la cabeza a una persona con problemas psiquiátricos, que estaba dentro de su casa y acompañado por su pareja".

 "La mera hipótesis de que el vecino Martín Alejandro Tino Jhon contara con un arma de fuego en su vivienda, que no usaba al momento del procedimiento, fue suficiente para que los efectivos aplicaran el Protocolo y en un operativo comando lo asesinaron", indicaron. 

La APDH sostuvo que el protocolo es una copia textual del "Reglamento de uso de armas de fuego" que promovió la ministra de Seguridad del presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y que fue derogado al terminar su gobierno, por "ser contrario a la Constitución y pactos internacionales de jerarquía constitucional".

La presentación de la APDH contó con la firma de sus tres presidentes y del abogado de la filial local Daniel Gómez Lozano, en resguardo de los derechos de la comunidad de la provincia de Chubut, detalló.

El protocolo fue cuestionado por todos los organismos defensores de derechos humanos cuando fue sancionado por el Gobierno nacional y fue reproducido por el Gobierno de Chubut, recordó. Mientras que el Ministerio de la Defensa Pública de la Provincia se manifestó en contra y "se esperan dictámenes de organismos internacionales que se expresarán de igual modo en el juicio promovido", finalizó.

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