La necesidad de viviendas sociales y la lenta respuesta del organismo provincial, que a su vez también depende de fondos nacionales, durante los últimos años ya fue expuesta por un informe anterior de ADNSUR, en el mes de julio. Lamentablemente, el panorama no varía y ahora es confirmado por datos oficiales del organismo.

Según el nuevo informe al que tuvo acceso esta agencia, en toda la provincia hay 30.607 postulantes inscriptos en planes de viviendas, concentrándose en Comodoro Rivadavia, Trelew (con 6.456), Puerto Madryn (3.804) y Esquel (2.938) los grupos más numerosos, en lógica proporción a la mayor cantidad de habitantes.

Paralelamente, se contabilizan 630 inscriptos para líneas de préstamos gestionados a través del organismo, para familias que pueden disponer de un terreno para llevar adelante la construcción. De esas operatorias, Comodoro Rivadavia refleja 126 inscripciones, mientras que la mayor cantidad está en Trelew, con 317.

Objeto de estafas, aprietes y pedidos de coimas

La alta necesidad de viviendas en Comodoro Rivadavia ha sido disparador para hechos de corrupción vinculados con el manejo del organismo en la ciudad, tanto a través de autoridades directas como de personas indirectamente relacionadas, pero con grados de influencia vinculados al funcionamiento de la dependencia.

Años atrás se condenó a un grupo de personas, encabezadas por el entonces delegado Abel Reyna, quien fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, por los delitos de “cohecho en concurso real con concusión (exigencia de dádivas y favores a personas inscriptas por una vivienda), ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público; en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”, sentencia que fue confirmada en mayo de 2019 por la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ratificada en octubre de ese año por el Superior Tribunal, cuando rechazó el recurso de queja de la defensa.

Y en septiembre del año pasado estalló un nuevo escándalo judicial, por el que hoy permanece detenido con prisión domiciliaria Maximiliano González, acusado de haber conformado una asociación ilícita desde el interior del organismo para vender ‘carpetas’ de viviendas supuestamente adjudicadas, a 190 personas que, en carácter de víctimas o a sabiendas de que se trataba de una operatoria irregular, pagaron importantes sumas de dinero.

La causa tiene como coimputadas a otras personas: Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Claudia Soledad Britez, Ariel Alberto Villagrán, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen.

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La investigación fue declarada como causa compleja y tiene plazo para formular la elevación a juicio hasta marzo del año próximo, mientras que fuentes vinculadas a la investigación anticiparon ante la consulta de ADNSUR que en el 23 de octubre pidió declarar una de las imputadas, por l que posterior a esa instancia se estará en condiciones de formalizar la acusación.

Además, está previsto un viaje a Misiones, antes de fin de año, para verificar propiedades que los integrantes del grupo habrían adquirido en aquella provincia. El monto de esas operaciones, verificado a través de transacciones bancarias, asciende a los 20 millones de pesos.