RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Afiliados de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) mantienen una protesta desde este lunes frente a la Municipalidad de Río Gallegos a raíz del conflicto que atraviesa el transporte público urbano. En ese marco, amenazaron al intendente de la capital provincial, Pablo Grasso, quien salió del edificio para intentar encontrar una solución. 

"Pagale a la gente porque tiene hambre", dijo uno de los trabajadores al increpar al intendente. A eso siguieron amenazas en tono muy elevado:¿A dónde está la plata? Explicales dónde está ¿Qué te creés que no tenemos cuentas nosotros, boludo? ¿A dónde está la plata? Yo te voy a arruinar. Pagale a la gente porque te voy a hacer mierda".

Según publicó La Opinión Austral, la respuesta del intendente fue contundente: "No me importa que me hagas mierda porque nosotros estamos pagando como corresponde".

A principios de septiembre, el gremio conducido por Rubén Aguilera le exigió soluciones al ejecutivo municipal respecto a la situación de la empresa Maxia SRL, que estuvo a cargo del servicio de colectivos urbanos de la ciudad.

Tras varios meses con el servicio totalmente detenido y con intervención judicial de por medio, el municipio se hizo cargo de pagar los sueldos a los choferes. Sin embargo, ahora preocupa al sector la ausencia de certezas sobre el futuro de estos empleados.

Desde el lunes, los trabajadores agrupados en UTA mantienen cortada la Av. San Martin para reclamar frente al edificio del ejecutivo municipal. También dispusieron vehículos sobre la calle Maipú que perjudican parcialmente el tránsito por esa arteria.

Mientras tanto, se esperan novedades sobre la causa judicial que pesa sobre la empresa Maxia. El Ministerio de Transporte de la Nación detalló las pautas para recibir el subsidio destinado para este servicio. Uno de los requisitos fundamentales es que las unidades trabajen con el Sistema SUBE, algo que la empresa saliente nunca respetó.

Algunos funcionarios municipales indicaron que la inversión necesaria para reactivar el servicio será mayor, considerando además los gastos de reparación de las unidades que se encuentran detenidas hace meses.

Fuente: La Opinión Austral

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