Además de las condenas a prisión efectiva y en suspenso que pesan sobre los 9 imputados, la otra etapa del juicio por corrupción en plena inundación de Comodoro Rivadavia y otros sectores de Chubut deberán afrontar el pago, a través del decomiso de bienes o propiedades, para reparar el daño provocado a la provincia.

El monto debe ser afrontado tanto por los ex funcionarios públicos –es decir: Diego Correa, Diego Luters, Marcelo Suárez y Leticia Huichaqueo- como por los comerciantes que resultaron condenados por el delito de defraudación, por entre 17 y 14 hechos cada uno, según la sentencia dada a conocer por el tribunal este martes.

Las penas estuvieron un poco por debajo de lo que nosotros habíamos pedido, especialmente en el caso de los comerciantes, para quienes habíamos solicitado penas de prisión efectiva y quedaron en suspenso”, dijo el fiscal, en diálogo con Periodismo de 10, como un primer balance.

Sin embargo, admitió que “seguramente el tribunal tendrá sus razones y nosotros aún no hemos podido dar una lectura detallada a la sentencia; esto está entre las posibilidades, los fiscales pedimos y también lo hace la defensa y los jueces deben resolver. Quiero ser claro en algo: el tribunal en su totalidad nos ha demostrado a lo largo de este extenso proceso una calidad técnica y personal que doy por sentado, con seguridad, que hay razones a su criterio para llegar a la conclusión a la que ellos llegaron. No estoy manifestando un desacuerdo estricto”, expresó.

Más allá de esa diferencia, añadió, “hay un medio vaso lleno”, que es que se han logrado las sentencias dentro de los plazos acotados y ahora la Cámara tiene plazo hasta fin de año para revisarla, ya que se corría el riesgo de que el juicio se cayera si se vencía el plazo razonable, que fue prorrogado hasta fin de año.

El fiscal descartó además la posibilidad de una apelación, ya que esa acción cabe sólo si el tribunal aplica penas inferiores a la mitad de lo solicitado por los fiscales, lo que no ocurrió en este caso. El planteo de los acusadores fue para que los comerciantes cumplieran cuatro años y medio de prisión efectiva, mientras las sentencias oscilaron entre dos años y medio y tres, por lo que son de cumplimiento condicional.

Devolución actualizada de los fondos defraudados

Williams explicó también que la sentencia alude a las formas en que los comerciantes, como Fracasso y Finiguerra, deberán devolver el monto objeto de la defraudación como condición para que la pena se mantenga en suspenso.

“El tribunal también dejó abierta la vía de algo que nosotros pedimos, que es la actualización del monto de la defraudación, por 75 millones de pesos –aclaró-. Para esto hay una oficina especializada en la fiscalía, que hará las valuaciones en su momento, algo que podría ocurrir dentro de un año”.

La proyección realizada por el fiscal es ante la posibilidad de que las defensas planteen un recurso extraordinario de revisión, ante el Superior Tribunal de Justicia, por lo que ese pronunciamiento judicial podría producirse sobre fines del 2022. 

 “Si alguno de los imputados no pueden pagar, se aplica un concepto ‘solidario’, en el que el resto debe responder –precisó-. Esto puede ocurrir con algunos imputados que ya fueron condenados y se les decomisaron casi todos los bienes, como el caso de Diego Correa, quien junto a Luters ya tienen otras condenas (Embrujo, Revelación y Royal Caning, aunque no todas firmes) y todavía les queda participar en un juicio más”.

También indicó que en el futuro cercano habrá que unificar las condenas que pesan sobre los ex funcionarios, que vienen sumando años de cárcel (en ese caso, de cumplimiento efectivo) a través de los restantes juicios ya concluidos.

“El sistema judicial de Chubut actúa más rápido y con más intensidad que lo que vemos a nivel nacional”

Finalmente, Williams hizo una valoración final tras los resultados de la mayor parte de los juicios por corrupción en Chubut:

“En la parte del ‘vaso medio lleno’, hago un análisis personal en base a dos reflexiones. Una es que este juicio debió hacerse un año y medio atrás pero fue postergado por la pandemia y esto habla bien de la justicia de Chubut, porque pese a lo expenso y complejo de este proceso, se ha trabajado de una manera mucho más acelerada que otras jurisdicciones del ámbito nacional. Cuando yo veo situaciones parecidas a nivel nacional, con funcionarios nacionales, creo que las sentencias de Chubut marcan una mayo r intensidad en el reproche, más allá de estas mínimas diferencias que comentamos al comienzo de la entrevista. Recientemente se conoció el caso de una ex ministra de Ambiente de Nación (Romina Picolotti), quien fue acusada por una defraudación de 7 millones de pesos y la condena fue de sólo 3 años de prisión en suspenso. No sé si es comparable con los juicios de nuestra provincia, pero es un análisis que me permito hacer”.