“La paciente siempre llega muy angustiada, no solo por la carga de la decisión que tiene que tomar, sino también por la carga social que todavía tiene la interrupción. Incluso muchas veces vienen sin el acompañamiento de la familia”.

Quien habla es el ginecólogo Sebastián Leguiza, jefe del Servicio de Ginecología del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, el lugar donde se realizan la mayor cantidad de interrupciones voluntarias y legales del embarazo en la ciudad. Al nosocomio todos los meses llegan mujeres de distintas edades para acceder a esta práctica, que tantos años de lucha tuvo y hoy casi pasa desapercibida.

Es que desde que se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que entró en vigencia el 24 de enero de este año, nadie habla del tema; una contradicción luego de tanta lucha.

Ley de aborto legal: el Regional realizó 211 interrupciones voluntarias de embarazos en seis meses

MÁS DE 200 CASOS EN SEIS MESES

Según confirmó Leguiza a ADNSUR desde la promulgación de la ley, en el Hospital Regional se realizaron 211 interrupciones en mujeres de diversas edades. “Las edades son distintas y la mayoría de los casos son embarazos menores de 10 semanas”, dice el profesional. “Siempre preguntamos las razones. Hay muchas que te cuentan, otras que no, pero vemos que muchas veces son embarazos no planeados, que no fueron deseados o problemas socioeconómicos. Pero también hay veces que vienen mujeres con patologías. En este caso generalmente son mayores de 35 años y por ahí son diabéticas, hipertensas, y tienen alguna patología de base que hace que el embarazo sea de riesgo”.

Leguiza asegura que “por suerte” son muy pocos los casos de interrupción del embarazo adolescente y confirma que entre los 18 y 35 años está el mayor porcentaje.

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UNA PRÁCTICA QUE MATABA

El jefe del servicio de Ginecología, que estudió en la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes e hizo la especialidad en el Hospital Madariaga de Posadas, Misiones, aún recuerda cómo se sintió el día que se sancionó la ley, y vaya que tiene sus razones.

“Me sentí muy contento, mucha alegría porque con esto la paciente iba a tener un acceso. Yo hice la residencia en Misiones y teníamos un montón de abortos clandestinos; un montón de muertes maternas en mujeres jóvenes o adolescentes, que por no tener plata para pagar un médico se hacían un aborto clandestino en condiciones de asepsia. Entonces iban y hacían cualquier método, con medicación, agujas de tejer o perejiles. Venían infectadisimas y no era que iban a consultar durante el día, iban a la noche, escondidas”. 

Su relato es crudo, pero real y sirve para dimensionar lo que sucedía antes que la ley fuera sancionada, un debate que se postergó en más de una oportunidad.  El ginecólogo es optimista que su aplicación disminuirá las infecciones y las muertes. Sin embargo, sabe que es un proceso largo, y que hoy todavía hay una carga negativa al momento de pensar en la interrupción de un embarazo.

“Yo creo que con la ley va a disminuir un montón la enfermedad y la muerte en la mujer, pero sigue habiendo mujeres que no vienen al hospital y no es lo recomendable. La realidad es que da mucha vergüenza y todavía hay una carga muy negativa por parte del sistema de salud y por parte de la sociedad”, dice sobre lo que sucede aún hoy.

Leguiza tiene razón y el mejor ejemplo es lo que sucede dentro del Hospital, donde solo 3 de 10 profesionales no son objetores de conciencia. El resto, no realiza la práctica pero si el asesoramiento, algo que por ley no se puede negar.

Es que con la normativa la paciente a la que se le niega una interrupción, se le impide avanzar con el proceso en forma rápida o recibe comentarios fuera de lugar, puede denunciar al profesional a través de un 0800.

En el nosocomio, al menos hubo dos casos de este tipo por parte de profesionales de una disciplina vinculante. En uno de los casos, el profesional cuestionó la decisión de la mujer y en el otro le hicieron escuchar los latidos. “Eso es algo que no puede pasar”, dice Leguiza al respecto. “Lamentablemente hay conductas muy arraigadas, pero esperamos que se vaya corrigiendo con el tiempo, es algo que tratamos de trabajar puertas adentro”, admite.

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¿CÓMO ACCEDER A UNA INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO EN COMODORO?

Como dice el ginecólogo, la ley garantiza la interrupción voluntaria y legal del embarazo a aquellas personas que quieren acceder. El proceso es relativamente sencillo y solo requiere estar dentro de los plazos establecidos mediante la normativa.

“La ley dice que hasta la semana 14 y 6 días un embarazo entra como interrupción voluntaria, cuando es mayor es aborto no punible. Todo lo que hacemos nosotros es hasta la semana 11.6. La paciente tiene la posibilidad de hacerlo en la casa con el acompañamiento nuestro y si son más de 12 semanas se la interna para que sea controlada”, dice Leguiza.

La paciente puede acercarse directamente a la guardia de ginecología de lunes a viernes, o bien pedir un turno para el consultorio. En cualquiera de los casos debe informar (aunque no es obligación), que quiere acceder a una interrupción voluntaria. De esta forma, recibirá el asesoramiento adecuado y le realizarán los pedidos médicos para poder avanzar con el procedimiento.

Es que más allá de que requiera internación o el proceso sea ambulatorio, la paciente se debe realizar una ecografía y un análisis de sangre, y un electrocardiograma, en caso de tener alguna patología previa. 

La ley garantiza prioridad para acceder a esos estudios, así en un máximo de 10 días el proceso debe realizarse. “Ese es el plazo que tiene la paciente desde que hizo consulta. Tiene 10 días de corrido para hacer la interrupción. Eso ya está articulado con el Hospital, entonces cuando ponés el diagnóstico de IVE tienen que darle prioridad tanto en laboratorio como ecografía. Y en el caso de que pasen más de 10 días, puede hacer una demanda por entorpecimiento o ralentización del proceso”, explica Leguiza.

Una vez que los estudios están hechos a la paciente se le recomienda volver a consultorio el día que el ginecólogo está de guardia. Así pueden garantizar un seguimiento, en caso que tenga una urgencia. 

Al respecto, Leguiza explica: “La mayoría de los casos son embarazos menores de 10 semanas. Entonces una vez que la paciente trae los estudios se hace firmar el consentimiento informado que manda Nación, la paciente rellena con su letra, dice a que se somete y nosotros le damos el tratamiento con pastillas, porque es medicación. La idea es que mientras menos toquemos el útero es mucho mejor para la paciente y pensando en el futuro reproductivo”. 

El ginecólogo le da a la paciente 12 comprimidos de Misoprostol de 200 microgramos. Esos fármacos reemplazan al Oxaprost, la medicina que se utilizaba previo a la sanción de la ley cuando una mujer quería recurrir a este tipo de prácticas en forma ilegal. 

La paciente se debe administrar la medicación vía vaginal o sublingual. Pero para que no haya equivocaciones todas las indicaciones se las lleva por escrito, y así comienza el proceso.

A las 24 horas la paciente debe ser controlada por el ginecólogo y se le realiza una ecografía. Si todo va bien, siete días después se realiza un segundo control y una segunda imagen. Por último, para evitar otro embarazo, en el Hospital Regional le dan un método anticonceptivo que se adecue a sus necesidades.

En este punto es necesario decir también que a veces hay complicaciones, aunque afortunadamente es la menor cantidad de casos. “Las principales complicaciones son las hemorragias. Por suerte no tenemos muchos casos así”, dice Leguiza.

“Nosotros generalmente le aconsejamos a la paciente que haga la interrupción el día que nosotros estamos de guardia. Entonces esas 24 horas le hacemos el seguimiento, y en caso que se sienta mal debe volver a la guardia, pero tiene que estar acompañada por un adulto que puede ser familiar o no. La verdad tenemos una muy buena tasa de respuestas a las medicaciones. De estos 211 casos son muy pocos los que terminaron en legrado o aspiración uterina, con quirófano y anestesia”.

Estos últimos procesos de los que habla Leguiza son ambulatorios, y consisten básicamente en quitar todos los restos que pueden quedar del embarazo. 

¿Y EL PRIVADO? 

Como la ley es relativamente nueva todavía no todas las obras sociales realizan la cobertura del procedimiento. Por esa razón, hoy el Hospital Regional es el principal lugar donde se realizan estas prácticas.

Por una cuestión de costos, pero principalmente para que cumplan con sus obligaciones, cuando llega una paciente con obra social se le pide que la empresa le otorgue la medicación, así el nosocomio tiene un gasto menos de un proceso que a esta altura debería estar garantizado por las prestadoras de salud.

Así, hoy en Comodoro Rivadavia y el resto del país es posible acceder a una interrupción voluntaria del embarazo en caso que una mujer lo desee, y en forma libre y gratuita, algo muy distinto a lo que sucedía en el pasado, cuando para poder acceder a esta práctica por parte del Estado la mujer debía garantizar que su embarazo era producto de un abuso, violación, afección de salud materna, malformación o ponía en riesgo su salud mental, caso contrario, como contó Leguiza, muchas morían en la clandestinidad por falta de recursos y acceso.