CAPITAL FEDERAL - La UIA y la CGT llegaron a un acuerdo con el Gobierno para definir el tope del descuento salarial de los trabajadores suspendidos por falta de tareas: será del 25% del sueldo neto y se plasmará en un decreto o resolución que servirá como orientación para las negociaciones que mantienen empresarios y sindicalistas durante los meses de abril y mayo.

El acuerdo permitirá que quienes no tengan tareas como producto de la cuarentena podrán ser suspendidos y cobrarán una remuneración equivalente al 75% del salario, alternativa que ya buscaron en distintas actividades, pero ahora se evitará la actual dispersión de porcentajes de baja de sueldos y este esquema se complementará con el pago del 50% del salario por parte del Estado que fijó el decreto 376, detalló Infobae. 

El sindicalismo presionaba para que las suspensiones pagas, que se multiplicaron por la parálisis económica que provoca la cuarentena, se pudieran firmar dentro de un acuerdo general que estableciera un tope de rebaja salarial del 20%, pero para el empresariado esa cifra era “inviable”.

Lo que precipitó esta discusión desde hace una semana fue el dictado del decreto 376, mediante el cual el Gobierno se comprometió a pagar la mitad del sueldo de los trabajadores de las empresas en crisis (hasta un máximo de $33.750 por empleado) y el descuento de las contribuciones patronales.

De esta forma, la CGT planteó el martes pasado que que si el Estado pagará el 50% del sueldo de quienes están hoy sin tareas, el otro 50% podrían abonarlo las empresas para que los trabajadores puedan percibir sus salarios completos. Sin embargo, la UIA rechazó esa propuesta porque considera que no sería justo que un empleado que no está trabajando cobre lo mismo que alguien que está cumpliendo sus tareas.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, propuso entonces que ambas partes y el Gobierno definieran un piso de porcentaje salarial para las suspensiones que se ubique entre el 50% que proponen los empresarios y el 100% que pretenden los gremios.

Las negociaciones se intensificaron luego de que este fin de semana los dirigentes sindicales le comunicaron a la Casa Rosada que bajaban su pretensión del 100% al 80%, pero los negociadores de la UIA desestimaron esa propuesta y volvieron a discutir los términos del acuerdo.

La CGT quiere que el acuerdo marco fije una orientación general, sobre todo para los sindicatos más chicos y con menor margen de negociación, pero que delegue la aprobación de las suspensiones en los términos de una negociación con los empresarios dentro de cada convenio colectivo de trabajo.

Desde que se agravó la crisis económica por la cuarentena se presentaron ante el Ministerio de Trabajo 120 acuerdos de empresas y sindicatos que pactaron suspensiones pagas y la preservación de las fuentes de trabajo, de acuerdo con el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Aunque los despidos y las suspensiones están prohibidas desde el 31 de marzo por el decreto 329, en la misma norma, al incluir se contempla la posibilidad de que acuerden de manera individual o colectiva las suspensiones a cambio de una retribución no remunerativa si hay falta o disminución del trabajo.

Las suspensiones dentro de este esquema ya fueron firmadas por el sindicato mecánico (con reducciones salariales de entre el 30% y el 40%), los gremios petroleros (que acordaron una rebaja de sueldos del 40%), los empleados de autopistas de AUSA, la industria del calzado, las cadenas de comida rápida, la aerolínea Flybondi y esta mañana se sumaron los trabajadores textiles: la cámara acordó con el sindicato que encabeza Hugo Benítez que el personal suspendido cobrará durante tres meses una suma fija que oscila entre los 17.000 y los 20.000 pesos.

OBRAS SOCIALES

El otro tema crucial que la CGT está negociando con el Gobierno tiene que ver con la plata para el sistema de obras sociales. Esta tarde, los dirigentes sindicales estaban elaborando en la Federación de Sanidad una propuesta para que este mes se distribuyan “de manera equitativa” $4.000 millones del Fondo de Redistribución, que la Superintendencia de Servicios de Salud se aprestaba a repartir con un criterio considerado “discrecional” por algunos gremialistas, detalló Infobae.