FORMOSA - Este jueves se confirmaron 17 nuevos casos de coronavirus en la capital provincial de Formosa. En toda la provincia fueron confirmados 23 contagios. En ese marco, las autoridades determinaron que la ciudad vuelva a fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 18 de marzo. La capital de Formosa queda así bloqueada.
En ese marco, cerrarán nuevamente los locales comerciales que no sean esenciales en la ciudad, al tiempo que el transporte interjurisdiccional quedó suspendido, mientras que el urbano quedará a criterio de la Municipalidad de la ciudad que resolverá qué medidas tomar.
Según publica TN, la decisión de las autoridades sanitarias fue comunicada a través del parte informativo diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la provincia. Manifestaron: “Lo que estamos viendo hoy es una foto de lo que pasó 14 días atrás; no es lo de ayer. Es lo que viene ocurriendo en transmisión y contagios de días atrás”.
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En total, se registraron 23 casos positivos de coronavirus en todo el distrito y 17 pertenecen a la capital de Formosa.
Así fue como las autoridades optaron por suspender todas las actividades de flexibilización que estaban vigentes, así como los certificados de circulación, que deberán volver a ser tramitados por los trabajadores esenciales.
“No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda. Es una decisión necesaria y sanitaria”, aclaró el ministro de Gobierno formoseño Jorge Abel González.
La decisión de volver a la fase 1 de la cuarentena por el coronavirus llegó en medio de los escándalos en los que se ve envuelta Formosa, por la polémica a causa de los centros de aislamiento dispuestos para casos positivos y contactos estrechos de covid.
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La Corte Suprema de Justicia intimó al gobernador Gildo Insfrán a garantizar los derechos humanos en los centros de aislamiento montados en Formosa para casos confirmados y sospechosos de coronavirus.
El gobierno formoseño había sido acusado por la oposición de llevar adelante una política de prevención sanitaria ante la emergencia por Covid-19 reñida con los derechos humanos.