La cadena de electrodomésticos Garbarino envió este viernes 1.800 telegramas de despido a sus empleados como parte de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales distribuidos en todo el país. El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria luego de una solicitud de la Federación de Empleados de Comercio.
La resolución obliga a las partes a poner la situación en suspenso. Así, durante los próximos 15 días el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa, y Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones.
Érica Salazar, delegada de Empleados de Comercio Zona Oeste (Seoca) y de la sucursal de la cadena en el shopping Plaza Oeste, describió que este viernes “hubo una lluvia de telegramas para todos lados, desde la mañana no paran de llegar. Es ilegal lo que están haciendo. Ayer estuvimos con el ministro Matías Kulfas y esto ya pasó con los compañeros de Compumundo. El Gobierno concuerda que esto es ilegal y ya pedimos la conciliación y la intervención de Trabajo. La situación está muy complicada con Rosales, el dueño de la empresa, que la quiere reflotar con argumentos irrisorios. Él nunca habló con los trabajadores, dijo que iba a mantener todo y no tuvimos más certezas. La compró y luego nos enteramos de que quiere que sea una especie de Mercado Libre”.
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La delegada indicó que, además de cerrar todas las sucursales, la empresa no paga alquileres, salarios, servicios, ni los despidos. “No sabemos si nos van a echar a todos o no habiendo un DNU que los prohíbe. A mí no me llegó nada, pero sí a muchísimos compañeros. No sabemos nada, ni lo que ellos quieren hacer. No hay certeza de nada. Nos deben ocho meses de sueldos, además”.
Según precisó Infobae, la cadena pasó hace más de un año a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y ex funcionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli.
Rosales nunca pudo remontar el negocio y luego llegaron la pandemia y la crisis. Hoy todos los locales de empresa están cerrados y desde hace ocho meses los cerca de 3.800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios.