CAPITAL FEDERAL  - Para avanzar en la solución del conflicto que se desarrolla en el Lago Mascardi por el avance en la toma de tierras por parte de la comunidad mapuche, y las agresiones y episodios de violencia que esto genera con los vecinos, desde el Ministerio de Seguridad trabajan en un proyecto que contempla permirles a los mapuches quedarse con parte de los terrenos como parte de un acuerdo de paz y del cese de las agresiones.

La idea de la cartera que conduce Sabina Frederic es que la comunidad Lafken Winkul Mapu conserve parte del territorio que comenzaron a ocupar en noviembre de 2017 y que han ido ampliando en los últimos tres años hasta llegar a las 30 hectáreas.

El espacio que podría quedar en su poder serían las seis hectáreas fiscales donde se instalaron al principio y que se encuentran bajo la administración de Parques Nacionales Nahuel Huapi. A cambio los militantes mapuches se comprometerían a suspender de manera definitiva cualquier tipo de ataque o actividad violenta contra los vecinos de la villa o sobre la ruta 40, apuntó Clarín

Al mismo tiempo, Frederic ordenó la instalación de cámaras de vigilancia y dispositivos tecnológicos capaces de leer patentes de vehículos en Villa Mascardi, con lo que apunta a que personal policial monitoree los movimientos en el lugar y sus alrededores.

Este plan tendría el visto bueno de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, y serviría para tener claridad sobre los hechos de violencia que se vienen desarrollando en el área y detectar a los responsables de los ataques.

Sin embargo, se aclara que las cámaras de vigilancia no están colocadas únicamente para supervisar la actividad de la comunidad mapuche sino también de personas desconocidas que han sido denunciadas por agredir a los ocupantes con piedras y disparos de armas de fuego.

Según reseña Clarín, Mascardi es hoy el punto más caliente del conflicto mapuche en la Patagonia. Entre 2017 y 2020 se han registrado más de 110 ataques de toda índole que abarcan robos, incendios, retención de personas, amenazas con armas de fuego, usurpación, entre otros. En el Ministerio Público Fiscal hay radicadas 17 causas, pero ninguna ha dado señales de avance.

El sábado 3 de octubre se desarrolló una nueva caravana de vecinos que alcanzó los 400 vehículos. Los manifestantes se dirigieron desde la intersección de las rutas 82 y 40 hasta las cercanías del camping Baqueanos a unos 20 kilómetros de la ocupación mapuche. En esta ocasión no intervino la policía de Río Negro y no ocurrieron altercados.

La anterior caravana del 29 de agosto pasado que se dirigía hacia el ACA de Mascardi, a metros de la toma, fue detenida por personal policial. La gobernadora Carreras se acercó al lugar para dialogar con los vecinos.

Desde el ministerio de Seguridad se realizó una denuncia penal en el ministerio Público Fiscal debido a las amenazas y a la convocatoria a usar las armas que dejaron desconocidos en las redes sociales.

Desde hace más de un mes que Mascardi se mantiene en una tensa calma. La meta inmediata del ministerio de Frederic es bajar los “niveles de agresión y violencia” en ambos sentidos, indica a Clarín Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal del ministerio de Seguridad.

“En la última marcha no hubo problemas. Las quejas o insultos contra mi persona para nosotros son un tema menor, acá lo importante es que fue pacífica y que en términos generales bajó el nivel de agresividad y el de violencia en este conflicto”, señala Fuks.

“La denuncia por la anterior marcha no fue contra los participantes sino que fue debido a los mensajes, muchísimos, que había en las redes llamando a la violencia o a portar armas. Nosotros le dijimos a la Justicia: ojo con esto. Pero no denunciamos a los vecinos”, explica.

En el último último mes Fuks y la ministra Frederic se han reunido en dos oportunidades con un grupo de vecinos de Villa Mascardi. Algunos de ellos manifestaron de entrada que esperan que los mapuches sean expulsados de las tierras usurpadas, "otros alentaron soluciones intermedias", indica el funcionario.

Aunque desde el ministerio de Seguridad no se haga explícito, la intención de los funcionarios es que los miembros de la lof Lafken Winkul Mapu permanezcan en el sector y que cesen por completo los ataques. El proyecto se discute con sigilo tomando en cuenta la extrema sensibilidad del tema. Hay vecinos del lugar, siempre según el Gobierno, que no verían con malos ojos que los militantes conserven una fracción del espacio con tal de que la tranquilidad vuelva a reinar a sus vidas.

La ex senadora María Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sería de la misma idea, señalan fuentes cercanas a la funcionaria.

Entre algunos de los habitantes de la villa hay una clara visión sobre las pretensiones del gobierno. “(Sentimos) desasosiego de que no vamos a tener ningún resultado positivo en nuestro reclamo. Creo que todos los organismos nacionales intervinientes en este conflicto van a ceder territorio a favor de este grupo de violentos”, indicó Luis Dates, propietario de la cabaña Los Radales, a El Cordillerano.

“Dijeron: “Estamos conversando, recogimos un petitorio y le vamos a hacer una contrapropuesta”. Aunque no nos especificaron a qué se referían, esa contrapropuesta seguramente es de tierras, y, probablemente, a las de Mascardi”, agregó Dates.

Desde el ministerio de Frederic se implementaría en las próximas semanas la participación de antropólogos para profundizar en las raíces culturales del conflicto que, en lo que refiere a la historia nacional, se remonta a la campaña militar de la Conquista del Desierto que arrancó en 1878.

Algunos pobladores opinan que la ministra está dilatando una solución más expeditiva como la del desalojo. La última vez que un juez federal, Gustavo Villanueva, ordenó sacar a los ocupantes desembocó en un enfrentamiento en el que falleció Rafael Nahuel (22) el 25 de noviembre de 2017, argumentan los funcionarios.

Fuente: Clarín