CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - A través de la decisión administrativa 1721/2020, publicada este viernes en un suplemento del Boletín Oficial, se establecieron los "principios generales" que se tendrán que contemplar para realizar las comprar directas de las dosis.

Al respecto, se remarcó que la adquisición deberá ajustarse a la "razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado", a la "transparencia en los procedimientos", y a la "publicidad y difusión de las actuaciones".

También deberá contemplar la "responsabilidad de los y las agentes y funcionarios públicos y funcionarias públicas que autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones", la "asignación de prioridad para los criterios de seguridad sanitaria y de eficiencia y eficacia en los tiempos de los distintos desarrollos por sobre criterios económicos" y "propiciar que el Estado nacional cuente en el menor plazo posible con la cantidad suficiente de dosis de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19".

"Desde el inicio de las actuaciones y hasta la finalización de la ejecución del contrato, toda cuestión vinculada con la contratación deberá interpretarse sobre la base de una rigurosa observancia de los principios que anteceden", se advirtió en el Boletín Oficial.

Además, se recordó que lo actuado deberá hacerse bajo la supervisión de la Auditoría General de la Nación.

De esta manera, se facultó al Ministerio de Salud que conduce Ginés González García para avanzar en las gestiones de compra, que podrán ser financiadas "total o parcialmente por el Tesoro Nacional o mediante préstamos de organismos internacionales".

Por lo pronto, solamente son actos para preparar el terreno porque las vacunas más avanzadas aún se encuentran en la fase 3 de su estudio, en la que se trata de conocer su efectividad a grandes escalas.

Este es el caso de la medicación de Oxford, cuya patente posee AstraZeneca y que se producirá en el laboratorio argentino Mabxience. El objetivo del Gobierno es contar rápidamente con alrededor de 10 millones de dosis que serán destinadas para las personas que integran los grupos de riesgo.