CAPITAL FEDERAL - El Procurador General Eduardo Casal ocupa el cargo de manera interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y al Gobierno Nacional el interesa que sea reemplazado. Por esto una de las primeras medidas ostensible del flamante ministro de Justicia, el rionegrino Martín Soria, fue avanzar sobre su desplazamiento. Soria, que juró este lunes como titular de esa cartera, señaló que "desde el primer día" este Gobierno planteó la necesidad de generar "el proceso de cambios necesario para recuperar la transparencia y el prestigio de la Justicia" y dijo que su gestión seguirá esa línea.

El ministro consideró que Casal “es insostenible” y recordó que al Procurador “lo elige el Presidente con el acuerdo del Senado” pero que actualmente ocupa ese puesto “una persona que está ejerciendo un cargo vitalicio”, ya que el Senado todavía no trató el pliego del juez federal Daniel Rafecas, el candidato propuesto por el presidente Alberto Fernández para la Procuración.

Soria se refirió a la reforma del Ministerio Público Fiscal y a la iniciativa que impulsa el oficialismo determina que el jefe de fiscales podrá estar hasta cinco años en el mandato con posibilidad a una reelección de manera consecutiva por un nuevo período, y que no podrá superar los 75 años. Además flexibiliza el apoyo necesario para designar al Procurador.

Al respecto, Soria sostuvo que “es indudable que hay que buscar el consenso” para sancionar la ley que fue aprobada en el Senado y consideró que “es de imperiosa necesidad debatir este tema”.

El desafío de dar "transparencia" a la Justicia

El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, adelantó este martes que el desafío de su gestión es llevar adelante el "proceso de los cambios" necesarios para recuperar "la transparencia y el prestigio de la Justicia" y llamó a la oposición a debatir los proyectos de Reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal en el Congreso.

Advirtió que esos cambios "les molesta a algunos sobre manera" y planteó que "los que no quieren cambios son los que montaron una mesa judicial para coaccionar y apretar jueces para que sacaran fallos para la tapa de los diarios".

Soria asumió que existe "una defensa corporativa" entre magistrados y fiscales, pero llamó a no "generalizar" porque son "casos puntuales que se prestaron a esa connivencia con el poder político y con el poder mediático".

Tras reconocer que son prioritarios tanto el proyecto de ley de Reforma Judicial como el de Reforma del Ministerio Público Fiscal, Soria aclaró que conseguir los consensos para que vean la luz es un trabajo que "no depende" de él.

Con información de Télam /TN