La propuesta de un padre ofreciendo dinero para conseguir los videos del homicidio de su hijo, en busca de determinar al o a los autores de la aberrante golpiza sufrida por Brian Gómez, refleja con crudeza hasta qué punto las tragedias, si tal calificativo alcanza para describir la pérdida de un hijo, pueden “privatizarse” para cubrir las falencias públicas. Falencias que empiezan por el hecho de que la prevención de delitos en la ciudad carece de instrumentos básicos, más allá del cúmulo de promesas y pomposos anuncios con que suele maquillarse la ineficiencia, cuando no la corrupción.
El ofrecimiento de 400.000 pesos para quien pueda aportar videos vendría así a suplir, de manera individual, la carencia de un sistema de monitoreo que debería estar en funcionamiento desde hace tiempo.
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Tanto el “viejo” sistema, caracterizado como obsoleto pero que sin embargo en más de una ocasión aportó indicios para orientar investigaciones, como el “nuevo”, que iba a servir para identificar rostros y patentes… salvo el pequeño detalle de que el gobierno provincial –ahora se sabe- nunca compró esos equipos para la urbe petrolera.
No puede obviarse que la compra de equipos para instalar centros de monitoreo en las principales ciudades de la provincia forma parte de una investigación penal por presuntas irregularidades, lo cual está a la vista, empezando por el hecho de que se pagaron más de 30 millones de pesos por equipos que, al menos para esta ciudad, son inexistentes.
Salvo que el actual ministro Federico Massoni esté mintiendo, sus predecesores en el cargo, es decir Rafael Williams y Pablo Durán, deberán dar explicaciones sobre lo que hasta aquí parece un acto de magia: sin palomas ni sombreros, las cámaras que durante dos años se anunciaron y fueron objeto de firmas, “fotos” y anuncios, hoy desaparecieron en el lúgubre teatro de la impunidad.
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IMPUNIDADES COMPARTIDAS
Laberintos judiciales al margen, el problema queda del lado de la gente común, la de padres cuyo hijo un día sale a divertirse y horas después lo encuentran gravemente golpeado en un hospital, con fuertes sospechas de que en la golpiza intervino un (o más de uno) policía. Todo ello, doblemente agravado por la falta de imágenes de las cámaras que hasta hace algún tiempo funcionaron en la zona céntrica de la ciudad.
Nada puede reprocharse a un padre que desde el dolor hará lo que sea por saber qué pasó con su hijo.
Pero el caso me recordó a otro homicidio ocurrido años atrás, el de un chico de apenas 17 años con futuro de crack futbolero, que una madrugada fue asesinado en la zona sur de la ciudad.
Área sin cámaras de video vigilancia, ni entonces ni ahora, el caso quedó en el olvido de una agenda pública que sigue acumulando hechos conmocionantes, que indignan a la sociedad sólo hasta que aparece el próximo hecho conmocionante.
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Alguna vez, hablando con el padre de aquel chico, tuve la amarga sensación de que la comunidad (no sólo la “justicia”) ya había archivado el caso: lo percibí en las tan doloridas como resignadas palabras de aquel hombre, que sin los recursos necesarios, no podía hacer más que evitar revolver su propia pena: “quedó en la nada, ¿qué más querés que te diga?”.
Me pregunto entonces si de aquí en más todo dependerá de la capacidad para ofrecer recompensa, de los ahorros propios o de vender lo poco que se tenga, para intentar encontrar las respuestas que hasta aquí el sistema judicial no ha dado en la persecución del delito, como tampoco el ámbito gubernamental en su obligación de prevenirlo.
NO ES SÓLO CUESTIÓN DE PLATA
Deberíamos negarnos a aceptar lo anterior como una opción válida. Sobre todo a la hora en que podemos observar los recursos económicos que genera esta región, brutalmente desproporcionados frente a las respuestas de servicios esenciales que devuelve el Estado provincial.
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Una ciudad que sigue penando para contar con políticas públicas esenciales, pese a que en los primeros 8 meses de este año generó casi 278 millones de dólares para la provincia en regalías petroleras, con recursos que posibilitaron la reciente ampliación presupuestaria destinada a pagar deudas y a solventar, entre otras cosas, el aumento de dietas de los diputados provinciales.
Paradójicamente, por estos días integrantes del Ministerio de Gobierno intentan cerrar una negociación con la SCPL, para pagarle una deuda originada en la falta de pago por el mantenimiento del viejo y obsoleto sistema de cámaras (razón por la cual dejó de funcionar). El monto, increíblemente, es de 2 millones de pesos (impagos desde el año 2013), una cifra irrisoria si se compara con lo que aporta cada año esta ciudad, o con el valor de cada vida perdida.
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Deberíamos negarnos a que las tragedias privatizadas, según el bolsillo de cada quien para hacerle frente, además del dolor inconmensurable, cubra las múltiples falencias, impunidades y defraudaciones públicas.
