CHUBUT (ADNSUR) - El Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), con 65 años de trayectoria e integrado por 600 profesionales de distintas zonas del país. respondió de manera muy dura a la determinación del Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) de pedir a la Legislatura que no trate el proyecto de ley 128/20, el número que lleva la propuesta de zonificación minera en la Meseta del Chubut.

Entre otros aspectos, a través de un comunicado CADIM marcó como contradicción que la UNPSJB dicta desde hace décadas carreras afines a la industria minera, como Geología, Química Industrial e Ingeniería en Petróleo, entre otras, por lo cual indicó que si es “coherente” debería cerrar esas alternativas de estudio.

 “Entre los argumentos que esgrime el órgano máximo de gobierno de esa casa de estudios es que no están dadas las garantías para un tratamiento adecuado de los aspectos legales y técnicos”.

Sin embargo, “numerosas notas con rigor técnico científico, desde las asociaciones profesionales involucradas en la tarea minera, junto con académicos, sindicatos y empresarios, entre otros, se han explicado detalladamente cada una de las etapas y operaciones mineras, y han participado de las mesas de debate convocadas por el gobierno provincial, a efectos de acercar críticas, sugerencias y observaciones al proyecto de ley”.

A esas mesas de debate, criticó CADIM, “rehuyó de participar la propia universidad San Juan Bosco y otros organismos de ciencia con sede en Chubut”.

“Ignora también el CS a sus propios profesionales, y desconoce su talento, ya que forma geólogos e ingenieros en diversas disciplinas”, dijo CADIM. Estos profesionales, añadió, “también se han expresado desde el conocimiento científico a favor del desarrollo de la industria minera”, y enumeró que entre esas carreras “figuran Ingeniería en Petróleo, Química, Industrial, Civil con orientación Hidráulica y Forestal”.

En este contexto, “si tal como sostiene el documento del CS ‘la protección de la biodiversidad y el resguardo del patrimonio natural y cultural son aspectos indisociables e inherentes a la estrategia para construir una matriz productiva diversificada que permita a nuestro territorio dejar paulatinamente el perfil extractivista de la economía chubutense’, deberían ser coherentes y cerrar tanto la carrera de Geología como esas ingenierías, especialmente la de Petróleo”.

Consideró el Colegio, en el documento firmado por su presidente, Francisco Almenzar, que “seguramente, quienes tomaron esta decisión desde el Consejo Superior, son docentes e investigadores en otras cosas (no en minería), que puntualmente perciben sus sueldos, gozan de vacaciones, viven a pocos minutos de sus oficinas climatizadas, tienen escritorios con computadoras, y modernos equipos e instrumentos para desarrollar sus tareas”.

“También es casi seguro que el presupuesto anual de esa casa de estudios, superior a 3.600 millones de pesos, y por tanto sus ingresos, les permiten proporcionarle educación, acceso a la salud, vestimenta y comida a sus hijos, algo que a duras penas los habitantes de la meseta central logran, pues, las expectativas laborales son cada vez más escasas, y los ingresos están limitados por al empleo público disponible o a la dádiva de algún plan social”, prosiguió.

Además, CADIM agregó en su documento que “el Consejo Superior recomienda el tratamiento de la iniciativa popular (proyecto de ley 129/20), ‘recuperando lo expresado por más de 30.000 ciudadanos y ciudadanas en pos de garantizar y apoyar el accionar democrático de nuestros órganos de gobierno’, mientras lo que en realidad se pretende es poner las denominadas ‘iniciativas populares’ por encima de los estamentos e instituciones de gobierno que responden al sistema democrático y republicano por el que nos regimos constitucionalmente en este país”.

En este contexto finalizó: “Quienes forman parte del Consejo Superior muestran total desconocimiento de las actividades productivas de Chubut, ya que, de prosperar el proyecto de iniciativa popular, prohibiendo una serie de actividades industriales, no sólo la minería, el Ejecutivo se vería en la obligación de cerrar la planta de ALUAR, pues desarrolla una de las actividades prohibidas en ese proyecto de ley”.