COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El doctor Villavicencio es uno de los referentes del reclamo que aglutina a 70 establecimientos del interior del país, a partir de una delicada situación en la que se encuentran las prestatarias de salud.

“Las entidades que financian la salud, como obras sociales nacionales sindicales o de cualquier otro tipo, como puede ser OSDE o las empresas prepagas, o mutuales, etc, en este momento reciben todos los aportes de dinero de sus afiliados", describió el médico, director del grupo Oroño en Rosario. Por otro lado, dijo que "afrontan muy bajos costos, habida cuenta de la gran retracción de la gente en asistir a establecimientos de salud, o por el impedimento de las regalas de aislamiento social”.

Como consecuencia, manifestó que “los sanatorios y clínicas no son sustentables, pese a la importante ayuda que estamos recibiendo de parte del Estado nacional, en términos de ATP (programa que contempla el pago de una parte del salario de empleados) y la detracción del SIPA (reducción de cargas patronales). Después de estos 100 días, sin esas medidas, estaríamos en situación muchísimo más crítica”, reconoció.

Sin embargo, las medidas no alcanzan. Villavicencio describió que las prestaciones ambulatorias han disminuido un 70 por ciento, al igual que las internaciones electivas (cirugías programadas). “Lo único que se sostiene, aunque sólo en un 50 por ciento, son las prestaciones de urgencia, pero con ese movimiento no se logra ser sustentable. El sistema funciona por demanda, es decir que depende de los pacientes que concurren y se les brinda las prestaciones. Hoy estamos muy limitados por los cuidados de la pandemia”, expresó.

Si bien no desconoció la importancia de las prevenciones frente al coranivuros, detalló que las medidas se disponen desde el gobierno nacional a partir de que Buenos Aires concentra el 90 por ciento de los casos, pero en el interior ese impacto es más reducido.

Reclamo a las financiadoras

En concreto, lo que la organización de clínicas del interior ha requerido a las entidades que administran el sistema, es decir obras sociales y prepagas, es una actualización de aranceles, además de pre financiación de prestaciones y reducción de plazos de pago: “No estamos pidiendo que aumenten los precios de planes de salud a ningún asociado, menos en esta circunstancia –aclaró-. Lo que sí queremos, como ellos están en situación de gran holgura económica, es que reconozcan los mayores costos derivados de la pandemia, que son canales para pacientes Covid y no Covid, todo el equipamiento necesario que debemos tener disponible con un gran aumento de precios. Por eso pedimos una recomposición de aranceles, entre un 15 y 12 por ciento, según la zona del país”.

Detalló también que hay entre 10 y 15 por ciento del personal licenciado por presentar factores de riesgo, mientras que también se suma una recomposición salarial del 16 por ciento.

Tenemos un escenario con mayores precios de insumos, mayor costo salarial y más personal de reemplazo, frente a prestaciones que se han reducido más de la mitad –reseñó-. Por eso solicitamos a las administradoras una pre financiación, es decir que si alguien factura 100 todos los meses y de pronto redujo las prestaciones a 20, que se le adelante al menos una parte de la diferencia, porque esto lo vamos a devolver en pocos meses. No estamos pidiendo plata que no se recupera, sino que en cuanto la situación se normalice estas prestaciones médicas las vamos a volver a brindar”.

En igual sentido, indicó que esto sería una prevención indispensable para el caso de que la pandemia se desborde y deba requerirse una gran demanda de servicios a clínicas y sanatorios: “el sistema es cubierto en un 75 por ciento por las entidades privadas”, advirtió. “Si los prestadores de salud quiebran, la gente no tendría dónde atenderse”.

3.800 millones para las obras sociales

Villavicencio hizo además referencia a las resoluciones del gobierno nacional que habilitaron el pago de 3.800 millones de pesos a obras sociales y prepagas, para cancelar deuda con proveedores y evitar el riesgo para la continuidad de prestaciones.

“No le vamos a pedir el esfuerzo a los sectores que están más castigados por la crisis, pero hay muchas entidades que redujeron totalmente las prestaciones y siguen contando con ingresos –cuestionó el médico-. Lo que pedimos es que se atienda la situación de los prestadores y esto le corresponde a las administradoras, que son el intermediario entre el afiliado que hace su aporte o paga la cuota y quienes brindamos la cobertura”.

A través de tres resoluciones, que llevan los números 588, 598 y 599, el gobierno nacional concretó una transferencia de recursos que alcanza los 3.800 millones de pesos para obras sociales sindicales. La medida podría abarcar también a empresas de medicina prepaga que se desempeñan asociadas con esas entidades de origen gremial, pese a que en ese sector no se han producido mermas de las cuotas cobradas a sus asociados.