COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - ¿Podrán empezar las clases en Chubut el próximo 1 de marzo, ya sea de forma presencial o remota? La respuesta a esa pregunta queda por ahora en un marco de incertidumbre, no sólo por la cuestión sanitaria sino por los conflictos salariales y de infraestructura escolar que en los últimos años han ubicado a la provincia en el triste ranking de las jurisdicciones con más días de clases perdidos: más de 300 días hasta el cierre del año 2019, a lo que se suma la crisis pandémica del 2020, cuando las modalidades virtuales sólo pudieron llegar de modo parcial a algunos sectores de la población.

Según cuestionan legisladores opositores, sobre 540 días de clases, en los últimos tres años hubo menos de 180 días en las aulas. La llegada del ministro Nicolás Trotta a la provincia genera expectativas y aportará indicadores sobre qué puede esperarse para este año.


Aunque no hay cifras oficiales sobre la cantidad de días perdidos de clases en Chubut, diversos informes coinciden en que la magnitud de lo ocurrido en los últimos siete años es de una gravedad extrema. Los 208 días de conflictos o suspensión de actividades contabilizados entre 2013 y 2018, por parte del Observatorio Argentinos por la Educación, se suma el crítico período de 2019.

Ese año puede dividirse en dos partes: la primera mitad, cuando había un amplio listado de edificios escolares sin funcionamiento por problemas vinculados a sistemas de calefacción; y el segundo cuatrimestre, cuando a partir de julio el gobierno de Mariano Arcioni incurrió nuevamente en la modalidad del pago escalonado de salarios, lo que dio inicio a medidas generalizadas de retención de servicio por parte de los gremios docentes provinciales.

De ese modo, en 2019 hay al menos 95 días desde la última semana de julio hasta principios de diciembre (contando 19 semanas de 5 días hábiles) que estuvieron afectados por una situación de conflicto que fue creciendo e intensificándose en sus alcances, hasta abarcar prácticamente a la totalidad de las escuelas de la provincia, con fuerte epicentro en Comodoro Rivadavia. Si a esto se suman los días perdidos por muchos establecimientos en la primera parte de ese año, que no tuvo conflictos gremiales pero sí múltiples problemas de infraestructura, el ciclo lectivo de aquel año queda muy lejos de la meta de los 180 días por año.

La cuenta general, desde 2013 a 2019 incluido, estaría sumando al menos 300 días de clases perdidos, sin contabilizar los cierres de escuelas por problemas de calefacción, falta de agua o inundación de patios con aguas servidas. Si además se añade la escasa actividad del año pasado, entonces hay al menos dos años escolares, o ciclos lectivos de 180 días cada uno, definitivamente perdidos.

Las escuelas chubutenses lejos de la normalidad

En ese marco, desde sectores de la oposición se pusieron cifras aun más negativas a los últimos 3 años. Según planteó la diputada provincial Andrea Aguileras y reiteró el diputado nacional Ignacio Torres, ambos de Cambiemos Chubut, entre 2018 y 2020 hubo solamente 161 días de clases normales: 103 en 2018; 53 en 2019 y 5 en 2020, previos al inicio de la cuarentena y la modalidad de clases virtuales. Aun aceptando que las medidas de fuerza no tienen acatamientos absolutos o que los problemas edilicios son reparados luego de algunos días de reclamo, lo cierto es que las cifras marcan la absoluta irregularidad en que se encuentra el sistema educativo provincial de Chubut. Sólo 161 días, sobre un período que debió garantizar 540 jornadas.

Los cuestionamientos no son sólo realizados desde el ámbito político. Desde la agrupación de #padresorganizados, que se conformó a partir de los problemas educativos de la provincia y el cierre de las escuelas a partir de la cuarentena extendida durante todo el año pasado, también se comenzó a relevar información y se cuestionó la falta de relevamientos precisos en ámbitos oficiales.

Según planteó este sector tras mantener reuniones con la ministra de Educación Florencia Perata y con diputados provinciales, la modalidad de clases virtuales ha dejado fuera a un gran número de estudiantes, pero además tampoco hay certezas sobre el alcance que tuvo ese mecanismo.

“En Chubut, con una matrícula de aproximadamente 160 mil estudiantes, el total de alumnos que perdieron conexión con el aula es de 49.600 alumnos. Casi el 30 por ciento de los estudiantes chubutenses”, advierte la agrupación.

Y pone en duda los resultados obtenidos: “Chubut sólo midió los ingresos al aula virtual, la descarga de cuadernillos de nación y los datos sobre envíos de actividades por WhatsApp y otros medios. No se midió la participación, no se midió el aprendizaje, ni se hicieron encuestas en hogares ni a alumnos sobre utilidad y contenidos”, advirtieron en sus pronunciamientos públicos tras la reunión con la ministra.

Y añade otros datos preocupantes: “El 30 por ciento de los estudiantes de Educación Especial no se conectaron con ninguna actividad escolar”.

En consonancia con un planteo que crece en todo el país, la exigencia de que este año se reabran las escuelas choca con la situación explosiva que castiga a Chubut desde hace varios años.

¿Trotta traerá respuestas, o sólo buenos deseos?

La  esperada vuelta a las clases presenciales tiene por resolver aún varios conflictos. Uno se vincula con el retraso salarial, que el gobierno provincial no ha sabido resolver hasta ahora, más allá de que ha encontrado un ritmo de pago de haberes con una cierta previsibilidad en los inicios de cada mes, pero manteniendo la deuda de meses y aguinaldos atrasados.

A ese escenario se suman dos elementos que no son de menor importancia: “el salario docente, con un básico de 24.065 pesos, está congelado desde enero de 2020 -advierten desde ámbitos gremiales-. La discusión paritaria tiene que reabrirse para discutir la adecuación de salarios frente a la inflación de todo el año pasado y lo que ya está impactando en el 2021”.

Este viernes, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, planteó un tope a la pauta salarial en el orden del 30 por ciento, sobre la base de una inflación estimada en el 29 por ciento para este año. Con un presupuesto provincial nacido con déficit y con un ajuste real del 20 por ciento en relación al año pasado, la ecuación a resolver entre la expectativa gremial y las limitaciones de la provincia semeja una cuesta tan empinada como el monte Everest.

El otro elemento se vincula a la situación de los edificios escolares. Si bien el ministro de Infraestructura de la provincia, Gustavo Aguilera, dijo en los últimos días que los edificios escolares están en condiciones de volver a funcionar con normalidad, el concejal Tomás Buffa activó una rápida campaña de difusión de imágenes, en sus redes sociales, sobre el estado de algunos edificios escolares de la ciudad, particularmente afectados por la presencia de basura, pastizales y roturas en los patios y espacios circundantes. Podrá cuestionarse que la oposición ha encontrado una oportunidad política para golpear al oficialismo provincial y nacional en varios flancos con un tema en extremo sensible; pero no se puede negar que las escuelas de la ciudad presentan grados de deterioro que son lamentables, en una circunstancia vergonzosa que se remonta a por lo menos los últimos siete años.

Como para que la bandera no sea exclusiva de la oposición cambiemita, la liga de intendentes justicialistas también incluyó en su reciente encuentro en Dolavon, una mención a la “crisis educativa sin precedentes en Chubut”. Y en el documento, que incluye la firma del comodorense Juan Pablo Luque, se pide “a las autoridades que integran el Ministerio de Educación de la Provincia que, dentro de la emergencia, se inicie y mantenga alguna instancia de continuidad pedagógica para que las niñas, niños y jóvenes no pierdan el vínculo con el sistema educativo”.

La crisis sanitaria, vale reiterar, es un factor más en los múltiples componentes de este ácido cóctel chubutense. Los cortes de agua que seguirán durante el mes de marzo, por caso, plantean serios interrogantes en Comodoro Rivadavia, a la hora de pensar en la higiene de los edificios escolares.

En ese contexto, se espera la llegada del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que anunció su presencia en la provincia para la próxima semana. La duda que persiste es si el ministro llegará sólo para reivindicar a la educación desde el discurso, o si traerá aportes concretos de Nación para intentar destrabar algunos de los múltiples conflictos que han impedido que los niños y adolescentes de Chubut puedan volver a acceder a su derecho a la educación. Dos fallos judiciales han reclamado el auxilio financiero de Nación, sobre la base del artículo 4 de la ley federal de Educación, para garantizar el funcionamiento de las escuelas. Pero la respuesta ha sido nula, sin que ello implique quitar responsabilidad al gobierno provincial.

En eso, no hay diferencias hasta aquí entre los dos polos políticos que gobernaron al país en los últimos años: desde ambas orillas de la grieta se ha observado al drama educativo chubutense con lejana indiferencia.