COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  Según se advierte desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “en la provincia de Chubut se encuentran vigentes los protocolos para la utilización de armas de fuego en situaciones con agresiones con armas blancas -publicado bajo la Resolución 145-2020 del Ministerio de Seguridad- y de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, publicado a través de la Resolución 172-2018 del Ministerio de Gobierno”.

De acuerdo con la presentación en la que participó también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), “el protocolo de uso de armas de fuego representa un retroceso en materia de control de uso de la fuerza letal por parte de las y los efectivos policiales. Recupera directivas y criterios de intervención previstos en la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, creada por la administración anterior y derogada por la actual en diciembre de 2019, a la vez que suma nuevos elementos que redundan en una ampliación de los supuestos para la utilización del arma de fuego”.

“El protocolo provincial se aparta de los principios de excepcionalidad y proporcionalidad en el uso de armas de fuego por parte de integrantes de las fuerzas de seguridad, fijados por la normativa local e internacional, entre ellas, los Principios Básicos de la ONU y el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley incorporado a nuestra Ley de Seguridad Interior y reforzados por los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a los Estados privar arbitrariamente de la vida a las personas”.

Para las entidades nacionales, “el protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas sigue prácticamente a rajatabla el texto que la gestión a cargo de Patricia Bullrich quiso aprobar en 2016, pero no llegó a formalizar”.

“La norma plantea una serie de problemas muy graves: amplía los márgenes de la intervención y discrecionalidad policial para penalizar el ejercicio de la protesta sin necesidad de una orden judicial; omite dar indicaciones claras sobre al uso de las armas denominadas ‘menos letales’ y la capacidad de daño de su utilización; afecta el trabajo periodístico ya que es la propia policía la que puede indicar a las y los trabajadores de prensa dónde ubicarse de modo de no interferir con su procedimiento; no establece medidas respecto de la identificación del personal policial, como ser la obligatoriedad de uso de uniforme y la identificación que permita individualización del personal interviniente”.

 “Ante la creciente conflictividad social, con genuinos reclamos del pueblo de Chubut, resulta inadmisible que la provincia sostenga normativas que se oponen a derechos constitucionales y a leyes nacionales y locales –concluye el texto-. Las organizaciones firmantes demandamos la inmediata derogación de los protocolos mencionados”.

Y enumeran a: CELS- APDH- Comisión Contra la Impunidad y por la Justicia Chubut- Secretaría Provincial de DD HH de CTA Autónona Chubut – H.I.J.O.S. Puerto Madryn – Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut – Red por la Identidad Esquel – Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE) – Asociación Civil INSTITUTO FUTALEUFU