RAWSON (ADNSUR) - Los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Legislatura del Chubut presentaron un proyecto de resolución para pedir al Gobierno Nacional un auxilio a la Provincia para regularizar los salarios del sector educativo, al que se le debe entre uno y dos meses de sueldo según el nivel de ingresos, además del medio aguinaldo de diciembre y parte del de junio.

El proyecto, firmado por los diputados María Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni, presidente del bloque, alude a que “la situación educativa a nivel provincial pone de manifiesto una profunda crisis estructural sin precedentes y que no encuentra comparación con ninguna situación en ninguna provincia de la República Argentina”.

“Se trata -indicaron- de tres años en los que no se han podido concretar actividades escolares con regularidad, lo que condiciona sin lugar a dudas las trayectorias escolares y vulnera de esta forma el cumplimiento pleno del derecho a la Educación”.

“Estamos asistiendo -agregaron- a la falta de políticas públicas vinculadas a la Educación en el ámbito provincial desde hace muchos años, siendo la situación actual el resultante de todo ello y, lo que es aún más preocupante, no se toma medida alguna para subsanar la situación actual de irregularidad”.

Aguilera y Pagliaroni añadieron que “lamentablemente en Chubut se ha dado una dinámica de eterno conflicto docente, signado por los atrasos salariales de magnitudes históricas que se mantienen con el sector así también como todo el personal dependiente de la administración pública provincial”, y mencionaron que “la ausencia de un plan concreto, organizador y rector de las acciones de contingencia en medio de la crisis, no suma a encontrar solución”.

En este marco indicaron que “la delicada situación financiera de la Provincia del Chubut y la incapacidad consecuente de contar con fondos líquidos dispuestos a la cancelación de gastos corrientes, entre los que se encuentran los salariales, hace de extrema urgencia la necesidad de asistencia financiera por parte del Gobierno Nacional en marco de lo que las normas establecen”.

Enfatizaron los legisladores radicales que “la necesidad de contar con un sistema educativo en pleno funcionamiento no puede esperar más tiempo y entendemos que se deben agotar todos los mecanismos institucionales en esa línea”.

Consideraron “urgente resolver el aspecto financiero que sostiene a cualquier sistema en general y al sistema educativo en particular, comenzando por la normalización salarial de los empleados públicos, docentes y auxiliares de la educación, que son quienes prestan sus servicios a fin de mantener en operatividad el funcionamiento educativo”.

Tras mencionar que “no es solo ello lo que se necesita, y por ello el Proyecto de Emergencia Educativa”, en alusión al proyecto presentado de ley presentado por Aguilera en ese sentido, “somos conscientes de que es un factor clave y el fundamento basal de gran parte de la crisis y que su situación irresoluta por tiempo indeterminado impide cualquier otra estrategia que se quiera encausar”.