CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Actualmente no hay una base de datos unificada y oficial que pueda cuantificar los casos de trata de personas que hay en Argentina. Esta ausencia de herramienta jurídica y policial hace que este delito expanda sus dominios y juegue con relativa libertad en todo el territorio nacional.

El flagelo consiste en el comercio ilegal de personas con propósitos de explotación sexual, trabajos forzados o cualquier forma moderna de esclavitud. Es un delito internacional de lesa humanidad, viola los derechos humanos y en Argentina se lo considera un delito federal.

En los últimos años, una catarata de medidas y leyes sancionadas comenzaron a apuntalar esta problemática, con penas de 3 a 15 años de prisión, atención a las víctimas y una prohibición a la publicación de avisos gráficos de oferta sexual en los medios de información como una medida para prevenir.

Argentina creará un mapa nacional de la trata de personas

Sin embargo, aún quedaba el hueco de contar con una herramienta unificadora que logre mejorar el registro, rastreo, investigación y abordaje del delito de trata de personas, a nivel federal.

Con la consigna de dar una respuesta, distintas áreas del Ministerio de Seguridad de la Nación aunaron fuerzas para lograr ampliar el Sistema Integrado de Información criminal del Delito de Trata de Personas (Sistrata) y llevarlo a todo el territorio nacional.

Creado en el 2011 -y solo operativo en la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora- el sistema consiste en una base de datos accesible mediante una interfaz web que almacena información sobre el accionar de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

"Sistrata permite extraer datos y registros estadísticos relativos a la temática. Proporciona información sobre la caracterización del fenómeno delictivo al contar con información sobre los imputados y las víctimas, con datos como nacionalidad, edad, sexo, tipo de trata, etc", explica Rodrigo Bonini, director nacional de investigaciones del ministerio.

Ahora, con una nueva resolución, la 787-E/2017, firmada por Patricia Bullrich, el Gobierno busca modernizar el sistema y dar respuesta a la necesidad de generar un mapa del delito del todo el país que refleje el accionar de las fuerzas federales, provinciales y locales, las cuales se suman al sistema.

Según Bonini, "la idea es crear criterios sistemáticos y uniformes nacionales sobre este delito para su prevención, detección, persecución e investigación".

Otro objetivo de esta medida es agilizar y optimizar las causas judiciales a partir de la trazabilidad de la información y el cruce de datos. "Esto nos ayuda abordad la problemáticas de una forma más general y tener un diagnóstico real de cómo, cuándo y dónde se produce este delito", subrayó Mariela Budiño, subsecretaria de estadística criminal, quien añadió que se está llevando adelante una capacitación en cada una de las provincias para mejorar el método de cargado de datos y transmisión de información.

Fuente: Clarín

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