CAPITAL FEDERAL - Este martes la Fiscalía de San Isidro imputó por "falsedad ideológica" a la psiquiatra Agustina Cosachov por haber asentado en un certificado y en una historia clínica -en octubre pasado- que Diego Maradona se encontraba en buen estado de salud mental sin ir a visitarlo. Cosachov además esta siendo investigada por un eventual "homicidio culposo" junto al neurocurujano Leopoldo Luque,

El equipo de fiscales de San Isidro a cargo de la investigación, integrado por Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, le notificaron a la psiquiatra la nueva imputación a través de una cédula electrónica dirigida a su defensor.

Fuentes judiciales indican que a partir de las pericias realizadas se constató que alguien -cuyo nombre se preserva- le pidió a la psiquiatra un certificado de buena salud mental.

Según las constancias que tienen los fiscales, Cosachov confeccionó ese certificado, donde asentaba que Maradona estaba "ubicado en tiempo y espacio, vigil y en buen estado" y se lo envió a su interlocutor el día siguiente, pero con fecha del 20 de octubre.

Cosachov además asentó en su propia historia clínica, secuestrada también por los fiscales, esta misma constancia donde afirmaba que lo había visitado y lo encontró en ese estado.

"Lo más curioso es que en la franja del 21 al 27 de octubre tenemos mensajes y diálogos en los que la psiquiatra deja claro que el estado de salud mental de Maradona no era el que afirmaba en el documento", dijo a Télam una fuente con acceso al expediente.

Los fiscales Capra, Iribarren y Ferrari constataron por dos vías que en esa fecha Cosachov nunca visitó a Maradona en la casa del country platense Campos de Roca II, donde en ese momento estaba hospedado: la geolocalización de sus celulares no la ubican en ese sitio y además, este lunes, una comisión policial constató en los registros de ingresos que para esa fecha Cosachov nunca estuvo en el country.

El delito de "falsedad ideológica", contemplado en el artículo 293 del Código Penal, y que prevé pena de 1 a 6 años de cárcel para quien "insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio", apunta Télam