Todavía se vive la conmoción por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y las noticias sobre la investigación judicial dominan la agenda informativa. En ese contexto, es inevitable recordar que el antecedente más inmediato de un ataque a la figura presidencial, se dio precisamente hace un año y medio en Chubut, cuando el vehículo que trasladaba a Alberto Fernández, su esposa y algunos de sus funcionarios, fue atacado por un grupo de manifestantes, que arrojaron enormes piedras y destruyeron los vidrios, sin que hubiera –milagrosamente- lesionados.

El hecho ocurrió el sábado 13 de marzo de 2021, cuando el presidente Alberto Fernández, junto a su pareja Fabiola Yáñez, y una comitiva del gabinete nacional, arribaron a la localidad cordillerana de Lago Puelo para conocer de cerca el desastre generado por los incendios forestales, luego de lo cual firmó un decreto con asistencia económica para la región.  

En momentos en que los funcionarios se retiraban del Centro Cultural de la localidad en un vehículo de Parques Nacionales, un grupo de manifestantes rodeó la camioneta y comenzó a golpear puertas y ventanillas, hasta que al momento de retirarse, fueron arrojadas piedras de enormes dimensiones que destrozaron los vidrios posteriores e ingresaron al interior.

Mientras la justicia investiga el atentado a Cristina: ¿En qué quedó la causa del ataque contra Alberto Fernández y su comitiva en Lago Puelo?

En aquel entonces, hubo muchos cuestionamientos por el operativo de seguridad y la falta de previsión para proteger al primer mandatario y su equipo. Luego del episodio, la justicia provincial comenzó una investigación para identificar a los autores, tarea que recayó en el fiscal Carlos Díaz Mayer. Pero posteriormente, la causa fue reclamada por la justicia federal, y quedó a cargo del juez de Esquel, Guido Otranto. 

Desde entonces, ha habido pocos avances respecto a la responsabilidad de los autores, y la última noticia data de hace más de un año, cuando se procesó a 9 personas, sin prisión preventiva, aunque el magistrado les fijó embargos y les prohibió la salida del país a las y los procesados, todos ellos por el delito de "daño agravado".

Concretamente, los procesados fueron el artesano Guillermo Hipólito Ramírez (46), la docente Daniela Verónica Flacquier (39), la estudiante Lucía Maddalena (19), A.G.C. (menor de edad), la artista Sol Mariana Basurto Muñoz (22), la estudiante Julieta Belén Gutiérrez Muñoz (22) y la artesana Andrea Yanina Millañanco (34).

Además, fueron procesados el artesano/constructor Horacio Marcelo Florentín (45) y el cuidador de casas Rodrigo Jorge Vitelli (39), en este caso por el delito de "daño agravado" y "estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones".

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En estos últimos dos casos la investigación determinó que, en el momento del ataque, estas personas se ubicaron en la parte delantera del rodado que transportaba a la comitiva presidencial, con la intención de evitar que avance. En la misma resolución, el juez sobreseyó a cuatro mujeres a las que originalmente se las había imputado por el hecho.

INVESTIGACIÓN

Según determinó la investigación judicial, "ese día el Presidente de la Nación había arribado a Lago Puelo con el objeto de recorrer, junto con el Gobernador de la Provincia del Chubut, los sectores afectados por los incendios que se habían producido en la zona", describe el informe de la PFA.

El relato refiere a que, "al retirarse del centro cultural, (los integrantes de la comitiva) abordaron una camioneta de la Aministración de Parques Nacionales -Mercedes Benz, modelo Sprinter, dominio AA818XA- momento en que fueron increpados por muchas personas que se habían congregado en el lugar".

🔴 ALBERTO FERNÁNDEZ EN #CHUBUT EN UN MINUTO | 🔴 ALBERTO FERNÁNDEZ EN...

"Cuando la camioneta estaba dispuesta a emprender la marcha, algunos manifestantes se colocaron delante del vehículo para impedir su avance. Otros, desde los laterales, comenzaron a golpear el vehículo con puños y patadas. En el momento en que la camioneta inició su marcha, recibió piedrazos lanzados por algunas de las personas que se habían agolpado alrededor", detalla el expediente.

Como consecuencia de esto, la camioneta resultó parcialmente dañada y la comitiva no pudo completar las actividades previstas para la jornada.

En su resolución, Otranto indicó que basó sus decisiones en 30 medidas de prueba que fueron ordenadas en la causa, entre ellas el "informe de la División Individualización Criminal de la Policía Federal con el reporte del Sistema Biométrico Facial 'Luna' con análisis comparativos de rostros".

El procesamiento contó, además, con la declaración testimonial del guardaparque Héctor Miguel Aguayo, chofer de la camioneta, como también el registro fílmico de los canales de televisión locales, que hicieron la cobertura de la visita presidencial.

Un año y medio después de aquel atentado, que pudo haber tenido graves consecuencias, aún la justicia no avanzó en condenas contra los culpables.
 

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