Cuando muchos creían que la denuncia por el desastre ambiental en la mayor reserva continental de pingüinos de Magallanes que está ubicada en Punta Tombo, había quedado en el olvido y había sido una exageración mediática, esta semana se conoció el resultado del trabajo de los especialistas: luego de varias visitas al terreno con apoyo tecnológico, confirmaron que fueron afectados más de dos mil metros cuadrados de reserva natural, y que la peor parte ocurrió en plena época reproductiva, a fines de noviembre.

Tal como ha venido explicando ADNSUR desde el día del primer allanamiento de la justicia con una noticia que dio la vuelta al mundo, se trató de un hecho inédito en la convivencia ejemplar que siempre hubo en nuestra provincia entre los propietarios de campos y la fauna autóctona del lugar, que incluso es un atractivo turístico que genera visitas de todos los continentes.

El origen del escándalo fue la insólita decisión del propietario de un campo de abrir un camino de un kilómetro con una máquina retroexcavadora para alambrar y demarcar su parcela, con el objeto de destinarla a la ganadería vacuna. Toda la trama familiar detrás de esta historia te la contamos en su momento con el máximo detalle.

El mismo dueño del campo admitió públicamente la acción –que minimizó totalmente en su impacto- realizada con una máquina de su propiedad. Todo ocurrió sin autorización de ningún organismo, en un establecimiento que está ubicado dentro de una zona que es una reserva natural protegida y lo más grave, se comprobó que dio inicio en agosto y continuó en plena época reproductiva cuando los pingüinos llegan a poner sus huevos y criar a sus pichones.

El material recogido por los peritos convocados por el Ministerio Público Fiscal, confirmó todas las suposiciones previas, no sólo por la opinión de especialistas en fauna, en suelos y en vegetación, sino a partir de las imágenes satelitales y el apoyo aéreo de drones: según el informe que está en manos de la justicia, no hay dudas de que hubo un impacto altísimo en el hábitat y la población de los pingüinos, agravado además porque fue en plena temporada en que las parejas de adultos ponen sus huevos y están alimentando a sus crías recién nacidas.  

Todo este material es analizado ahora por la fiscal de Rawson, Florencia Gómez, quien primero esperó a tener el informe técnico, antes de tomar una decisión sobre los pasos a seguir. Esta misma semana habrá novedades, y es muy posible que ya se formalice el pedido de apertura de investigación para imputar penalmente a los presuntos responsables.

En esta oportunidad, desde ADNSUR vamos a resumir los puntos centrales del informe pericial pero además con el apoyo de pruebas nunca vistas públicamente, como son las imágenes de drones tomadas en noviembre y diciembre. Y también vamos a explicar qué alternativas –lamentablemente muy suaves- hay desde el punto de vista judicial para responsabilizar a los autores, en un hecho que debería servir para que la legislación se vuelva más dura y específica, para evitar más repeticiones en el futuro.

EL INFORME

La fiscal Gómez designó como peritos a Mario Rostagno, Ingeniero Agrónomo y especialista en suelos; Tomás Bosco, especialista en restauración vegetal; y el especialista en pingüinos Pablo García Borboroglu, todos ellos investigadores del Centro Nacional Patagónico (CONICET). Con ellos colaboró en el terreno la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Todo se inició el 26 de noviembre de 2021, con la denuncia penal realizada por el Subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas, Sergio Cassin, el entonces Ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, y el Director de Flora y Fauna Silvestre, Fernando Bersano.

A partir de allí, hubo tres allanamientos –el primero el 29 de noviembre-, y los resultados se volcaron en un informe final que además se apoyó en imágenes fotográficas y aéreas de drones, así como de imágenes satelitales aportadas por la National Geographic.

Esta semana se conocieron las conclusiones del informe: en primer lugar, los enviados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, afirmaron que el camino se realizó mediante la utilización de maquinaria vial, sin ningún estudio y/o evaluación de impacto ambiental, y menos aún su aprobación, todo ello en trasgresión a lo estipulado por el Código Ambiental de la Provincia del Chubut.

Sostienen que, mediante la construcción del camino, se produjo afectación al ambiente y se destruyeron sitios de nidificación de pingüinos, e incluso se observaron nidos derrumbados al borde del camino. Y recomiendan a la justicia que se contrate a un agrimensor para determinar si se avanzó en terreno fiscal, ya que el camino y el alambrado llegan hasta la costa, en incluso en marea alta son alcanzados por el mar.

Según los peritos del CONICET, el trabajo de la maquinaria pesada para abrir el camino destruyó en total 2.050 metros cuadrados del hábitat de reproducción de los pingüinos de Magallanes, aunque se afectó más territorio cerca de la colonia. El 60 % de esa superficie fue impactado el 26 de noviembre a la mañana, en una época de plena temporada reproductiva, donde los pingüinos están con huevos que están por eclosionar o pichones con dos semanas de vida.

Las imágenes mostraron que no sólo se trata de un camino, sino que se encontró que cuatro áreas fueron afectadas por estos movimientos de suelo, y que el camino se siguió transitando aún en temporada reproductiva. Las imágenes satelitales mostraron que desde agosto se impactó con una máquina retroexcavadora, y que en esa zona se arrastró y barrió el suelo y la vegetación de apiló en un terraplén de 30 metros de largo y tres metros de alto, el equivalente a 30 camionadas.

NIDOS

Según el informe oficial, en esa tarea se arrastraron nidos y todo lo que había, lo que incluso en algunos tramos se hizo cuando ya había pingüinos en el lugar. En los primeros allanamientos se observaron huellas muy recientes y se siguió con el tránsito de la máquina hasta la costa, con un camino de un kilómetro, y allí se derrumbaron nidos al borde, y se encontraron pichones tapados con tierra porque se colapsaron las estructuras.

Las huellas de maquinaria pesada observadas in situ el día 26 de noviembre de 2021 eran muy profundas, bien marcadas y sobre sedimento suelto, lo que daba cuenta de tránsito muy reciente de esta máquina en diferentes áreas, incluyendo sitios de alta densidad de nidificación.

Por otra parte, se registraron dos pichones muertos muy recientemente, de pocos días de vida, dentro en un nido cueva al borde del camino. Estos pichones estaban casi totalmente tapados por el sedimento y fueron descubiertos al remover la tierra. Se observaron huellas recientes de maquinaria pesada que en su trayectoria pasaron sobre el techo a la entrada del nido.

Con estas evidencias, los peritos explican que el peso de la maquinaria colapsó la estructura del nido y el material desprendido tapó a los pichones.

Además, en los allanamientos se observó acumulación de suelo y materia vegetal fresca (con algunas plantas en flor), recientemente removida en inmediaciones a la costa, evidenciando que se transitó con la maquinaria por las áreas de nidificación en plena temporada reproductiva.

Asimismo, en el primer relevamiento expeditivo del 26 de noviembre se observó la presencia de un alambrado de 6 hilos, que además anexaba un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar. El boyero electrificado se extendía a lo largo de casi toda la extensión del alambrado y en diferentes sectores estaba a una altura inferior a la de un pingüino, sobre todo en el sector de costa.

Números de este desastre: el impacto a nivel poblacional estimado es de 175 nidos destruidos, teniendo en cuenta que lo habitual es que haya dos huevos o dos pichones por nido, con una pareja de pingüinos adultos. Un dato a considerar: un pichón pesa 80 gramos y la máquina utilizada pesa 9 mil kilos.

LOS DRONES

A partir de mediciones a campo, del análisis de fotografías obtenidas por drones y de imágenes satelitales, se identificaron 4 áreas afectadas por los movimientos de suelo y vegetación. Gracias a las imágenes satelitales –que ADNSUR había anticipado que iban a ser claves en la investigación- se pudo determinar que la destrucción de hábitat comenzó a partir de mediados de agosto y luego fue consolidándose en la segunda mitad de agosto, siendo más evidente hacia mediados de septiembre.

Con los drones y las imágenes que analizaron los peritos y que en esta nota vamos a compartir, por primera vez se pudo vislumbrar la dimensión total del impacto ambiental.

Allí se pudo observar camino principal que posee 3 metros de ancho promedio (supera los 6 metros en algunos sectores), y que se extiende unos 930 metros en dirección al mar y finaliza en la costa.

Este camino atraviesa un área de nidificación de pingüinos a lo largo de 170 metros de recorrido, cercana a la costa, incluyendo zonas de alta y media densidad de nidos, y también atraviesa parte de la colonia a unos 400 metros tierra adentro.

Las características y continuidad del ambiente modificado, sumado al conocimiento sobre la selección de hábitat reproductivo del pingüino de Magallanes, sugieren que existían nidos en dicho ambiente previo a la construcción del camino. Cabe destacar –dice el informe- que los nidos de esta especie pueden encontrarse bajo arbusto o bien en cuevas cavadas, en los espacios entre arbustos o debajo de estos.

En el Video 1, el dron despega en la zona de alta densidad, y se ven los agujeros desde arriba a medida que se va alejando; también proyecta la imagen hacia el fondo y se ve toda la extensión del camino.

De acuerdo al informe oficial, a 400 metros de la costa, se observa una superficie triangular desmontada y removida de 411 m2, con forma de triángulo. A unos 30 metros de este triángulo se encuentra una nueva superficie desmontada de 770 m2, denominado desmonte, donde el suelo y la vegetación se han removido y desplazado recientemente.

En un lateral, el desmonte presenta la acumulación del material removido formando una lomada de unos 3 metros de alto, por 29 metros de largo. Desde dicho desmonte se desprenden dos caminos nuevos sin salida, con suelo removido y vegetación desmontada, uno de 27 metros y otro de 13 metros de longitud.

En el Video 2, se ve todo el recorrido del camino, y se acerca a la mencionada zona del triángulo y se ve la parte más ancha del camino de 6 metros y el alambrado, así como también se aprecia el desmonte acumulado.

Dice el informe que aparte del camino principal, en su tramo final se desprende un camino secundario que atraviesa una zona de arbustos muy altos y tupidos, en su mayoría pertenecientes a la especie duraznillo. Este desmonte posee 4,5 metros de ancho y 45 metros de largo y es también parte de la colonia de pingüinos, observándose nidos con pingüinos en sectores inmediatos al desmonte que no fueron alterados.

Precisamente en el Video 3, se ve en la imagen desde la costa el impacto con alta densidad de nidos; también se ve el desmonte que arrasó con la vegetación, y luego se ve el triángulo que corresponde a la tercera zona impactada, así como el alambrado que llega prácticamente hasta el mar.

El Video 4 es la zona del rejunte de la topadora, y se ven nidos a ras del suelo, alrededor de la zona de desmonte; luego el dron se eleva y muestra la zona de desmonte.

Finalmente, en el Video 5, el dron muestra desde mayor altura una vista panorámica con el detalle del camino, en el lugar donde más atraviesa la zona de alta densidad de la colonia, y también deja ver el desmonte.

ACCIÓN JUDICIAL

Luego del repaso de todo el informe de los peritos, está claro que no sólo hubo impacto ambiental en la reserva que afectó a la población de pingüinos y su hábitat, sino que afectó el área de interés que se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera de UNESCO llamada Patagonia Azul, precisamente en una de sus zonas núcleo, las que “incluyen sitios de alta diversidad biológica y cultural y con un alto grado de integridad ecológica, capaz de asegurar los objetivos de conservación a largo plazo”.

Esta área también ha sido designada internacionalmente como AICA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves), integrando una red de sitios críticos para las aves del mundo. En particular, el área de interés se enmarca dentro del AICA CU03, Complejo Punta Tombo-Punta Clara.

Sin embargo, a la hora de querer aplicar el rigor de la ley ante este tipo de casos, los actores de la justicia encuentran que hay muchos vacíos, y que las sanciones son muy leves. Cuando se trata de buscar un amparo en la Ley Nacional de Impacto Ambiental, se observa que hace alusión especialmente a los recursos hídricos y al ambiente, no así a los animales o a la fauna silvestre.

En tanto la ley provincial sólo establece penas desde el punto de vista administrativo, por lo que, con toda esta información, serán las autoridades del Ministerio de Ambiente las que deberán hacer su propia imputación para el pago de una multa, en sanciones económicas que terminan siendo bajas. Lo mismo ocurre con la ley que protege a la fauna silvestre en Chubut: se trata de multas, no sanciones penales.

Con esta evaluación previa, a la fiscal Gómez no le quedan muchos más recursos desde lo penal que acudir a la Ley Nacional de Maltrato Animal, N° 14.346, que data de 1954 y que fue incluida en el Código Penal.

En su artículo 1º establece que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales” y en el artículo 3º establece que “serán considerados actos de crueldad” entre otros “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”.

Muchos insisten que es necesaria la armonización de esta ley vigente con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Si bien fue un gran adelanto en la época de su sanción en nuestro país, sigue resultando de dificultosa aplicación, y se llega a una escasa condena en este tipo de delitos.

De hecho, en Argentina hay pocas decisiones judiciales de gran importancia en la materia. En 2013, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó una condena de 11 meses de prisión por actos de crueldad contra un animal. Más acá en el tiempo, en agosto de 2015, la Justicia de Santiago del Estero registró su primera condena por maltrato animal, al obligar a una mujer a realizar tres meses de trabajo comunitario por asesinar a cuchillazos a un perro de raza pitbull que se peleó con su mascota.

Fue notorio en Chubut hace un año, el juicio por el que un sargento de la Policía fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitación por dos años para ejercer su profesión por haber matado con su arma reglamentaria a una perra en Playa Unión. Al imputado se lo halló culpable del delito de “abuso de autoridad”.

El dato más reciente justamente tiene que ver con la misma fiscal Florencia Gómez, quien llevó a juicio a un hombre de llevarse el perro de una familia vecina y ya en su domicilio, asestarle varias puñaladas hasta darle muerte. Luego dejó al perro agonizante, sin ningún tipo de auxilio veterinario que pudiera revertir la situación.

Ocurrió el 21 de abril del año pasado en un domicilio del lote social del Área 12 de Rawson. La autopsia determinó que una de las puñaladas asestada en el corazón, fue la causante de la muerte del animal. El acusado pretendía una probation y la jueza de garantías Mirta Moreno, resolvió rechazar la propuesta, por considerar que existe un alto interés social para que este tipo de delitos de crueldad animal no se repitan y puedan ser resueltos en un juicio, tal como solicitó la fiscal Gómez.

Luego de los datos contundentes del informe pericial sobre lo ocurrido en Punta Tombo, ahora la fiscal Gómez evalúa si, además de la Ley de Maltrato Animal –única herramienta a mano en un caso de este tipo- existe alguna doctrina internacional a través de alguna convención a la que adhirió la República Argentina, que tenga que ver con animales silvestres y que hable de establecer penas.

Teniendo en cuenta que los daños a la reserva natural y la fauna autóctona sólo generarán una multa económica de parte de las autoridades de Ambiente y de Áreas Protegidas, la fiscal tratará de encontrar toda la legislación nacional e internacional en torno al maltrato animal, para llegar una acusación penal que establezca una sanción lo más fuerte posible, que se ventile en un juicio que sirva de ejemplo para que este tipo de hechos no se repitan. El pedido de apertura de investigación se presentará esta semana y todo indica que apuntará –en principio- al propietario del campo.