Gastos reservados, camionetas de lujo y sueldos VIP: el escándalo que sacude al Poder Judicial de Chubut
La modificación de adicionales sobre una Acordada vigente desde 1989 generó enojos que pusieron a los tribunales al borde de la paralización. El debate sobre cuánto deben ganar los ministros y la austeridad que se reclama al resto de los sectores.
El Poder Judicial de Chubut atraviesa una crisis institucional inédita. Aumentos salariales encubiertos, la compra de camionetas Toyota SW4 por más de 420 millones de pesos y el uso discrecional de "gastos sin discriminar" encendieron una fuerte disputa entre el Superior Tribunal de Justicia y el resto de los actores del sistema: jueces, trabajadores judiciales y hasta el gobernador Ignacio Torres.
El conflicto estalló públicamente a partir de un posteo en Facebook del exministro Fernando Royer, quien reveló detalles hasta ahora desconocidos del manejo de fondos en la cúpula judicial. Aunque borró la publicación minutos después, el fuego ya estaba encendido.
La situación involucra a un Superior Tribunal de Justicia que ha sido renovado casi en su totalidad en los últimos años. En diciembre de 2021 habían ingresado 4 nuevos ministros: Camila Banfi, Sonia Bustos (las dos primeras mujeres en la historia de la corte provincial), además de Ricardo Napolitani y Daniel Báez.
Más recientemente, el gobernador Ignacio Torres propuso y logró la aprobación de los pliegos de Javier Raidan, actual presidente y Andrés Giacomone, ex fiscal de Estado de la provincia. El único ‘sobreviviente’ de la vieja guardia hoy es Mario Vivas, que se incorporó en 2016.
Las nuevas designaciones fueron para reemplazar al rápidamente jubilado Daniel Báez, que debió irse ante la inminencia de un juicio para destituirlo, luego de que se detectaran irregularidades en nombramientos durante su presidencia.
Similar suerte corrió Alejandro Panizzi, que se jubiló en agosto de 2024. Un caso curioso, porque el exministro había logrado atravesar un juicio de destitución en 2013. También por entonces hubo escándalos de alto voltaje, con peleas entre pares y hasta una denuncia por violencia de género (tras una relación amorosa rota en el seno de la corte provincial). Esta vez, sin embargo, Panizzi, no iba a poder evitar la destitución luego de varios ‘posteos’ en la red social ‘X’ en contra del kirchnerismo, replicando a una reconocida ‘influencer’ antiperonista. Por eso optó por la jubilación.
Evidentemente, el renovado Superior Tribunal de Justicia sigue encontrando formas de protagonizar escándalos resonantes, aunque esta vez ‘el tiro en el pie’ vino por el lado del bolsillo.
*El rol de un ex ministro como inesperado denunciante*
Hay una serie de “acordadas” y fechas que describen la secuencia de la discusión legal entre los hombres y mujeres que integran el Poder Judicial de la provincia. Sin embargo, nada será más claro y contundente que volver sobre un posteo en Facebook (y eso que, según Zuckerberg, ya no es lo que solía ser), nada menos que de un ex ministro de la corte provincial, para entender el origen de tanto enojo:
"En el STJ de Chubut se compraron 6 Toyotas SW4 para cada ministro, con el valor de 420 millones de pesos o 370 mil dólares -expresó Fernando Royer en su cuenta personal, el domingo pasado, 1 de junio-. Más viáticos, pasajes, gastos reservados, tarjeta de crédito corporativa y alquiler de vivienda".
El exministro, jubilado luego de 25 años, borró el posteo pocos minutos después. O le 'hackearon' la cuenta (no salió a desmentir ni aclarar nada al respecto) y no fue el autor original de la publicación, o lo hizo y luego se arrepintió. Lo cierto es que encendió una llama que ya tenía mecha, a partir de un planteo con similar inquietud, pero menos directo, por parte de la Asociación de Magistrados.
Camionetas y subas de hasta el 30% en “los gastos sin discriminar”
Tal como había informado ADNSUR el sábado 24 de mayo, dicha entidad formuló ante el Superior Tribunal un pedido de precisiones, en base a la ley de acceso a la información pública, para conocer si el Superior Tribunal de Justicia estaba manejando fondos adicionales al salario, en concepto de 'gastos reservados'. También consultaba por designaciones sin concurso y otras minucias legales, algo que Royer tradujo en términos más directos, una semana después:
"Se crearon distintas Salas y se fijaron plus por presidencia de Sala del 30%, 20% y 15% del sueldo de bolsillo”, enumeró, enumeró el exmagistrado. La foto de la publicación circuló con la velocidad habitual con que se viraliza hoy este tipo de ‘posteos’.
En todo caso, para la Asociación de Magistrados no fue objeto de crítica especial la compra de vehículos. “Son bienes públicos, si se respetaron los pasos legales para comprarlos, se capitaliza el Superior Tribunal de Justicia”, dijo el presidente de la institución, Claudio Petris, cuando se le consultó sobre las camionetas adquiridas.
Sin embargo, el referente de los magistrados advirtió que esperarían la respuesta oficial de los ministros al pedido de informes, insistiendo en el cuestionamiento a los gastos reservados y el modo en que se incrementaron en los primeros meses de este año, vulnerando la ley de Porcentualidad.
El origen de los gastos reservados, creados en tiempos de Royer
El nombre de Fernando Royer atraviesa este informe no sólo por su reciente éxito como ‘influencer’, en redes, sino también porque es uno de los firmantes de la Acordada número 2797 del 24 de noviembre de 1989. En esa oportunidad, el entonces ministro, junto a sus pares Agustín Torrejón y Raúl Martín, junto al entonces procurador general Raúl Juan Bisio, establecieron un cobro adicional,
En el artículo 3 de esa norma estipuló que los ministros del Superior y el procurador general comenzaran a percibir, desde ese momento, un adicional del 10% sobre el total de las remuneraciones, excluido el rubro de antigüedad, para atender erogaciones propias de su investidura, la que quedó imputada a la partida principal, como “gastos sin discriminar”.
Para la Asociación de Magistrados, aquella acordada de 1989 perdió vigencia en el año 2005, cuando se aprobó la ‘ley de Porcentualidad’. Según esa norma, todos los integrantes del Poder Judicial perciben una proporción del salario del presidente del Superior Tribunal de Justicia, incluidos todos los ítems.
De ser correcta la interpretación, los ministros, procurador general y defensor general (a quienes también alcanza el beneficio) no tendrían ningún marco legal para cobrar ‘pluses salariales’. Y si la Acordada está vigente, los salarios de toda la pirámide judicial, desde los jueces de cámara hasta el ingresante que trabaja en ‘mesa de entradas’, deberían percibir una proporción de esos adicionales.
Lo extraño, según algunos observadores, es que el planteo se hizo recién ahora y no en los 35 años que lleva de vigencia la norma en cuestión. Esa crítica no es del todo correcta. En 2014 hubo un recurso de amparo presentado por el sindicato exigiendo el pago proporcional de esa acordada y desde entonces, el Superior Tribunal tiene pendiente de confirmar o revocar un fallo de primera instancia que les dio la razón.
Pero hoy ni siquiera está en debate el reclamo para que se traslade la suba del adicional al resto de los sectores. Tanto el sindicato como los magistrados piden que se anulen los aumentos auto-otorgados por los ministros.
La suba de los gastos sin discriminar
Los cuestionamientos surgieron al dectar que porcentaje adicional por gastos reservados se elevó del 10 al 20%, al tiempo que se creó la figura de ‘ministro referente’, según describió Petris, con adicionales que llegan hasta el 30% sobre el monto anterior, por lo que el acumulado final es mucho mayor.
Según afirmó Gabriela Huenchual, del sindicato Judicial, en el caso del presidente del Superior, el porcentaje total de incremento alcanza a un 60%.
El conflicto excede la pelea de jueces y empleados contra el Superior Tribunal de Justicia. A la polémica también se sumaron los colegios de abogados de la provincia, que pidieron la reconsideración de la medida por parte del Superior Tribunal de Justicia, elevándose la nota formal ante la corte provincial.
Vale recordar otro hito de la semana, en el que la Asociación de Magistrados expresó su apoyo a las medidas de fuerza del sindicato (se dictó la conciliación obligatoria el viernes), lo que se traducía en no informar la inasistencias a lugares de trabajo.
El límite de 12 pasajes de avión por año por ministro y la tarjeta corporativa
En medio de la escalada, trascendió también otra acordada de este año. En esa norma, los ministros se autoimpusieron un límite de 12 pasajes de avión por año, ida y vuelta a Buenos Aires.
Algunos se preguntan si fue necesario establecer un límite mediante una Acordada, es porque los pasajes abonados por la corte provincial excedían largamente ese tope, de por sí elevado, para trasladarse hacia la capital federal una vez por mes.
En ese marco, se conoció también otra resolución, de octubre del año pasado, por la que se resolvió contratar una tarjeta corporativa para uso de los ministros, lo que fue cuestionado porque los gastos también serían absorbidos por el presupuesto del Poder Judicial.
En aquel mismo acuerdo, de octubre del año pasado, se aprobó la compra de 3 camionetas y dos vehículos SUV, además de la contratación de un secretario para cada ministro.
¿Cuánto ganan los ministros de la corte provincial
No hay números precisos, pero los comentarios en los pasillos de tribunales circulan tan veloces como en las redes sociales, aunque sin tanta visibilidad. Entre quienes tratan de encontrar una explicación al origen de la escandalosa secuencia de decisiones salariales de los ministros, admiten que puede haber salarios relativamente ‘bajos’, al compararse contra los que rigen en las cortes de otras provincias.
Entre esos trascendidos, se habló en los últimos días de que el sueldo de Javier Raidan, actual presidente, oscilaba los 5,5 millones de pesos, algo por lo que se le habría escuchado quejarse, ya que hay jueces de instancias inferiores que, por su mayor antigüedad, pueden alcanzar los 7 y hasta 8 millones de pesos.
Según pudo conocer esta columna, el sueldo de mayo de los ministros habría oscilado entre los 6,5 y 7 millones de pesos. Sobre ese valor deberían sumarse los adicionales correspondientes a cada función, elevando el monto final de bolsillo.
Ese porcentaje no aplica sobre todos los ítems salariales, porque se excluye la ‘Antigüedad’, pero los magistrados ‘en lucha’ cuestionan que, según sus cálculos, el haber de los ministros se eleva, dependiendo de las jerarquías y funciones en el Superiior, hasta un piso del orden de los 9 millones de pesos por mes.
Alcanzando ese valor, quedaría más acorde a las expectativas del cargo y la responsabilidad que implica, al menos desde el punto de vista de quienes lo ejercen. Quienes conocen al sector, admiten que los sueldos judiciales de Chubut no están entre los más altos del país. Así lo refleja un informe de la Federación Argentina de Magistrados, que ubica a esta provincia en el puesto número 16, al comparar los haberes medios de los jueces provinciales.
Claro que si bien puede ser atendible el debate sobre la responsabilidad que implica la función y una remuneración acorde, el momento político para hacerlo no parece el más adecuado. Desde el sindicato se planteó que a los empleados les adeudan un 12% de actualizaciones salariales pendientes, tanto desde la última parte de 2024 como de los primeros meses del año 2025. Además, hay un mensaje de austeridad, sacrificio y responsabilidad fiscal que no siempre aplica hacia ‘arriba’.
En la discusión aparecen también voces que cuestionan ese reclamo sindical, al observar que los salarios en determinados rangos de empleados pueden oscilar entre 2 y 3 millones de pesos y los comparan contra los que rigen en el resto de la administración pública, desde docentes a jubilados. Es parte de otra discusión, en la que cabe también la pregunta de si en lugar de cuestionar por “altos” a esos ingresos, no reflejan en realidad que el resto está demasiado bajo.
El gobernador y su pelea con los jueces
En el debate intercedió también el gobernador Ignacio Torres en las últimas horas, al cuestionar “los privilegios” y mezclar la situación del Poder Judicial con el nuevo incremento de dietas de los senadores, que también superaron la barrera de los 9 millones, aunque en ese caso en términos brutos.
Sin embargo, el gobernador sumó un dardo adicional en las últimas horas. Aunque pareció enojarse con quienes se auto incrementaron los sueldos, es decir los ministros del Superior, disparó nuevamente contra la Asociación de Magistrados, al criticarlos por oponerse a la reforma constitucional, cuya ratificación mediante un plebiscito él impulsa para octubre próximo.
Esa pulseada también está pendiente. Y deberá ser resuelta en breve por la corte provincial, que probablemente se termine excusando para dar intervención a conjueces, ya que no podrían decidir si es constitucional o no la quita de sus propios fueros o inmunidad de opinión.
Pero eso es parte de otra pelea, que aún se cocina a fuego bajo.
