A través de la nota N° 20/22, fechada el pasado 11 de marzo, el vicepresidente a cargo de la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, solicitó al presidente de la Legislatura, el vicegobernador Ricardo Sastre, una reunión “a la mayor brevedad posible” con los integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

En la nota no se dice el motivo, pero es fácil de intuir: la Justicia es el único poder que comenzó el año sin presupuesto aprobado, ya que los diputados no lo trataron en la última sesión ordinaria del año pasado, al no contar con los votos para un dictamen de comisión.

Se estima que las autoridades del STJ pretenden concurrir a la reunión para aclarar las dudas de los legisladores, y fundamentar el incremento interanual del 94 %, por lejos el más alto de los tres poderes. Para ello, seguramente los acompañará el Administrador General del Poder Judicial, el ex ministro de Economía, Héctor Mario Capararo.

Como se recordará, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, envió a la Legislatura en noviembre pasado el Presupuesto 2022 del Poder Judicial que asciende a la suma de $ 19.815 millones.

La comisión de Hacienda se reúne mañana, pero no tiene previsto aún convocar a las autoridades del STJ.
La comisión de Hacienda se reúne mañana, pero no tiene previsto aún convocar a las autoridades del STJ.

Se informó que, de ese monto total, se prevé destinar 11.293.671.935 de pesos a la Judicatura; 4.322.666.170 de pesos al Ministerio de la Defensa Pública y 4.199.488.941 al Ministerio Público Fiscal. El Poder Judicial tiene 2.234 empleados, es decir que casi la mitad de lo presupuestado será para pagar sueldos en 2022.

De acuerdo a un cuadro comparativo que el Ministerio de Economía informó a los legisladores, el incremento respecto al año anterior del presupuesto del Poder Legislativo fue del 35 %, el del Ejecutivo del 50 %, y el del Judicial del 94 %. También el año anterior, la Justicia había tenido un incremento más alto que el resto, con un 32 % respecto a 2020, por sobre el aumento del 13 % del Ejecutivo y del 7 % del Legislativo.

Según expresaron a ADNSUR varios diputados de la comisión de Hacienda y de bloques de la oposición, una de las principales razones por las que no se acompañó, es porque la política salarial de enganche con los aumentos que dispone la Suprema Corte, genera que los sueldos de los judiciales dupliquen al resto del estado, con una suba del 65 % anual.

Hay que recordar que la actual Legislatura ya resolvió el año pasado aprobar una ley que “congeló” el enganche por 6 meses, en la época de mayor crisis de las cuentas. Sin embargo, hacia fin de año con sucesivas acordadas, el STJ dio en tramos del 10 % el aumento a la planta de personal, de acuerdo a la política fijada por la Suprema Corte.

Este tema fue abordado en las charlas informales con los nuevos ministros del STJ, cuando sus pliegos estaban por ser tratados por la Legislatura en diciembre. Según los diputados, los aspirantes a cubrir las vacantes dijeron en ese entonces que no compartían el criterio de enganche y estaban dispuestos a evaluarlo.

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